El gobierno argentino conmemoró este miércoles el 197° aniversario de la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y aprovechó la fecha para escalar su posición frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion, al que calificó de ilegal bajo el derecho internacional y advirtió que ejercerá “todas las acciones disponibles” para frenarlo.
La Cancillería argentina publicó una declaración en la que vinculó el aniversario del decreto firmado el 10 de junio de 1829 por el gobernador Martín Rodríguez con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) 31/49, cuyo 50° aniversario también se cumple este año. Esa resolución insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras la disputa de soberanía permanezca abierta.
“Toda actividad unilateral de exploración o explotación de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria al derecho internacional”, señaló el comunicado oficial.
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El texto de la Cancillería apunta de forma directa a la Decisión Final de Inversión anunciada por la empresa británica Rockhopper Exploration PLC y la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
El proyecto, que no cuenta con autorización argentina, prevé una inversión inicial de aproximadamente 2.100 millones de dólares para su primera fase, con perforaciones previstas para principios de 2027 y producción estimada desde 2028. Rockhopper elevó recientemente su estimación de reservas recuperables a más de 1.000 millones de barriles, una cifra que superaría varias veces la del campo Rosebank, el mayor conocido en aguas del Reino Unido.
“Tal como reafirmó el Presidente de la Nación, Javier Milei, la Argentina actuará con decisión frente a las actividades unilaterales e ilegítimas que pretendan avanzar sobre recursos que pertenecen a los argentinos. Toda exploración y explotación unilateral en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria a la Resolución 2065 (XX) y a las resoluciones concordantes de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización. Además, constituye una acción unilateral e ilegítima del Reino Unido, incompatible con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General”, completa el texto.
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El canciller Pablo Quirno también se expresó en su cuenta de X, donde reafirmó el reclamo soberano y subrayó que “la Argentina continuará utilizando todas las herramientas pacíficas a su alcance para que el Reino Unido acceda a reanudar las negociaciones sobre soberanía”.
La declaración del funcionario llega semanas después de que un correo interno del Pentágono —filtrado en abril por la agencia Reuters— sugiriera revisar el apoyo diplomático de Estados Unidos a las “posesiones imperiales europeas”, con las Islas Malvinas mencionadas de forma explícita. El episodio se produjo en el marco del deterioro de las relaciones entre Washington y Londres tras la negativa de los aliados europeos y de la OTAN a respaldar militarmente a Estados Unidos e Israel en la guerra con Irán.
El gobierno del primer ministro Keir Starmer respondió de inmediato: un portavoz de Downing Street afirmó que “la soberanía de las Islas Malvinas pertenece al Reino Unido” y que el derecho a la autodeterminación de sus habitantes “es de la máxima importancia”. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio minimizó luego el alcance del documento: “Fue solo un correo con algunas ideas”, dijo a los diarios The Sun y Daily Telegraph, y aclaró que la posición de Estados Unidos sobre las islas “no toma partido respecto a las reclamaciones de soberanía de ninguna de las partes”.
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El presidente Javier Milei había fijado el tono en su discurso del 2 de abril, con motivo del 44° aniversario de la guerra del Atlántico Sur. En esa ocasión reafirmó la soberanía, advirtió sobre una respuesta diplomática al avance de Rockhopper y Navitas, y anunció que el 10% de los ingresos fiscales provenientes de privatizaciones se destinarán a la compra de equipamiento militar, incluida la adquisición de 24 cazas F-16 de Dinamarca.
La declaración de la Cancillería repasa la secuencia histórica del reclamo: la herencia territorial por el principio de uti possidetis iuris desde la independencia de 1810, la toma de posesión formal en 1820 por el coronel David Jewett, la organización administrativa bajo Luis Vernet como primer Comandante Político y Militar, y la expulsión por la fuerza de las autoridades argentinas el 3 de enero de 1833. Sobre los actuales habitantes del archipiélago, el texto sostiene que pertenecen a una “población británica implantada” y que, por ese motivo, “la comunidad internacional jamás reconoció a los habitantes de las islas el carácter de ‘pueblo’”, argumento con el que Buenos Aires rechaza la aplicación del principio de autodeterminación.
El respaldo internacional al reclamo argentino se sostiene en la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU, adoptada en 1965 sin votos en contra, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía y llama a negociar. Ese llamado fue reiterado en otras nueve resoluciones de la Asamblea General y, en junio de 2025, el Comité Especial de Descolonización volvió a adoptar por consenso una nueva resolución en el mismo sentido. El Reino Unido rechaza sistemáticamente sentarse a negociar soberanía, respaldado en el resultado del referéndum de 2013, en el que los 1.672 votantes habilitados optaron de forma casi unánime por permanecer como territorio británico.
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