El Gobierno quiere tratar el Super RIGI el 24 de junio y negocia la letra del proyecto con sus aliados

Los tiempos se aceleraron en la Cámara de Diputados. Tras algunas semanas con poca actividad, el Gobierno inició los contactos formales con sus aliados para trabajar en la agenda legislativa. En ese marco, reunió este martes por la tarde a los jefes de los bloques aliados y les transmitió que apunta a tratar el denominado Super RIGI entre el 18 y el 24 de junio.

El Super RIGI tiene como objetivo incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en las denominadas “industrias del futuro”. La categoría es bastante amplia e incluye desde la fabricación de baterías de litio o autos eléctricos, a desarrollos de Inteligencia Artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y hasta proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio.

Según explicaron fuentes oficiales a Infobae, el cronograma de trabajo contempla al menos dos reuniones de comisión informativas, donde funcionarios explicarán los alcances del proyecto, para dictaminar en la semana del 10 de junio. “Si alcanza, puede haber sesión el 18 de junio. Si no, iremos el 24. Depende de los consensos”, señalaron.

Uno de los aliados que participó del encuentro destacó que los resultados del RIGI incluido en la Ley Bases hasta el momento “son buenos” y estimó que la nueva iniciativa de la Casa Rosada contará con el mismo nivel de apoyo. “El impacto fiscal es cero, porque son proyectos que sin todas estas garantías no se realizarían”, sintetizaron.

Entre otros puntos, el RIGI incorpora incentivos tributarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

También garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.

La reunión con los aliados tuvo lugar en las oficinas de Martín Menem y estuvo presente Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, para evacuar dudas. Desde el PRO y la UCR se mostraron favorables a la iniciativa pero plantearon, entre otros puntos, la posibilidad de incluir un mínimo de 20% de contratación de proveedores locales -tal como figura en el RIGI original- para fomentar el desarrollo local y reclamaron una definición más acotada de “industrias del futuro”, algo que el oficialismo se habría comprometido a aclarar durante las sesiones informativas.

Por su parte, sectores de la oposición dura alertaron sobre los beneficios “excesivos” que obtendrán las empresas. “Nos atamos de manos como Congreso por 30 años”, lamentó un diputado de Provincias Unidas. Además, cuestionaron que el anuncio se hizo después de las reuniones con funcionarios del magnate tecnológico Peter Thiel, fundador de Palantir. “Es una ley a medida”, concluyeron.

“Las empresas que van a venir amparadas por este régimen son las que más facturan en el mundo y van a pagar menos impuestos que una PyME con dueños argentinos. Se resigna la recaudación del Estado por décadas”, escribió la diputada camporista Luciana Potenza.

En su posteo también hizo referencia a una de los principales cuestionamientos de la oposición. “Las leyes y los jueces locales no intervienen, si hay conflicto van a tribunales internacionales”, sintetizó en referencia a la potestad de las empresas de elegir una instancia internacional para dirimir los conflictos, como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), donde Argentina suele perder.