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El Gobierno homologó sin cambios la paritaria del Sindicato de Comercio y evitó un nuevo frente gremial

Finalmente, el escenario que parecía tener complicaciones en las últimas semanas se resolvió tras el acuerdo con la Secretaría de Trabajo. Las claves del acuerdo

El Gobierno aprobó la paritaria del Sindicato de Comercio sin modificaciones (Lihueel Althabe)

El Gobierno informó este lunes que alcanzó un acuerdo con el Sindicato de Comercio y terminó homologando el acuerdo de la paritaria que se había cerrado a mediados del mes de abril. De esta manera, el Ejecutivo evitó una nueva disputa gremial en el marco de los conflictos abiertos con la Confederación General del Trabajo (CGT) por la reforma laboral.

Según informó el Ministerio de Capital Humano, la paritaria se homologó sin modificaciones y se respetó el acuerdo que habían alcanzado la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) en representación de los trabajadores, y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), en representación de los empresarios.

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El acuerdo paritario contempla para el primer trimestre un incremento del 5% distribuido de forma escalonada: dos por ciento en abril, uno coma cinco por ciento en mayo y uno coma cinco por ciento en junio. A eso se suma el pago de un bono extraordinario de $120.000 para los trabajadores de todas las categorías, y una contribución empresarial de $28.000 por cada trabajador de comercio.

El acuerdo llegó por parte de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y las cámaras empresariales

La homologación pone fin a semanas de incertidumbre sobre el destino del convenio. El acuerdo, firmado entre FAECYS, la CAC, la CAME y la UDECA, cubre a más de 1.200.000 trabajadores del sector y representa uno de los convenios colectivos de mayor alcance del país.

El desenlace favorable no estaba asegurado. Según informó Infobae, la Secretaría de Trabajo —a cargo de Julio Cordero— analizaba una homologación parcial porque objetaba dos cláusulas del convenio. La primera era el aumento de la cuota solidaria del dos por ciento al dos coma cinco por ciento, por encima del tope fijado por la Ley de Modernización Laboral. La segunda era la contribución empresarial destinada a OSECAC, que pasó de $8.000 a $28.000 mensuales por trabajador, un salto que el Gobierno calificó.

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“Son beneficios que meten por la ventana en el convenio, sin avisar antes, pero que no irán en forma directa al bolsillo de los trabajadores”, señaló un funcionario del área. El impacto económico del ítem de la obra social era considerable: sobre un universo de 1.200.000 afiliados, el sindicato habría recibido mensualmente unos $33.600 millones.

En ese marco, Armando Cavalieri, lider de FAECYS, subrayó el carácter consensuado del proceso. “Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”, sostuvo el dirigente gremial.

Armando Cavalieri, del Sindicato de Comercio

A eso agregó: “Uno de los puntos era el valor de la cuota solidaria, que con la excusa de una modernización se pretendía asfixiar a los sindicatos. La discusión quedó saldada con la medida cautelar que fijó el Juzgado Federal N 2 de San Martin, al suspender la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, dando continuidad a todas las cláusulas convencionales y que establece que las empresas deben mantener la retención y el depósito de las contribuciones solidarias pactadas, fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones gremiales”.

El antecedente más cercano de tensión entre FAECYS y el Gobierno databa de mediados de 2025, cuando Cavalieri firmó un incremento del cinco coma cuatro por ciento distribuido en tres tramos que superó la pauta salarial oficial del uno por ciento. En aquel momento, el Ejecutivo rechazó la homologación y el conflicto se extendió hasta agosto de ese año, cuando ambas partes rubricaron un nuevo acuerdo para el segundo semestre que permitió destrabar la situación.

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