El Senado se prepara para una sesión crucial que se desarrollará este jueves, en la que buscará la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea y la modificación de la ley de glaciares, dos iniciativas que marcarán el rumbo de la política exterior y ambiental del país. Son aspectos que el Gobierno presidido por Javier Milei quiere tener avanzados antes de que finalice en cuestión de días el período de sesiones extraordinarias.
Entre las motivaciones principales del debate figura el objetivo del Gobierno de convertir a Argentina en el primer país de la región en ratificar el tratado con la Unión Europea, lo que le permitiría obtener ventajas comerciales de manera anticipada frente a sus socios regionales, como Brasil y Uruguay. El tratado bicontinental tiene media sanción desde la Cámara de Diputados y sus chances de salir son amplias.
Hay más complejidad en lo que refiere al debate del proyecto que modifica las capas de protección sobre lo que se define como ambiente periglaciar. Aunque una altísima fuente de la Casa Rosada indicó a Infobae que “estarían los números” para poder aprobar todos los apartados de la medida.
El artículo séptimo del proyecto es uno de los más observados, ya que otorga a cada provincia la facultad de definir la autoridad de aplicación –excepto en áreas protegidas bajo la ley 22.351 de Parques Nacionales–. Esta autoridad local será responsable de identificar “basándose en elementos técnico-científicos, los glaciares y el ambiente periglaciar ubicados en su territorio que cumplan con alguna de las funciones hídricas previstas”, es decir, que “actúen como reservas estratégicas de recursos hídricos o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”.
En principio, el Gobierno cuenta con los 21 integrantes del bloque La Libertad Avanza, junto al apoyo del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y ciertos senadores que responden a gobernadores de Cuyo y del Norte, grandes interesados por las posibilidades de extender las producciones mineras hasta ciertas áreas periglaciares.
Para asegurarse el número, en la Casa Rosada dieron la orden de trasladar a parte de la mesa política al Palacio del Congreso para poder abroquelar las adhesiones definitivas junto a las gestiones que ya está haciendo la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich. En el despacho del ministro del Interior, Diego Santilli, avisaron que estará en el Congreso siguiendo la sesión en donde se votarán ambas iniciativas.
En la previa a la sesión, Santilli destacó que la reforma a la Ley de Glaciares “implica generar las condiciones para que las empresas del sector puedan invertir, producir y dar más trabajo en la Argentina”. “Hoy Argentina exporta 6 mil millones de dólares en materia de minería, mientras que Chile, que está al lado y comparte la misma cordillera, exporta 60 mil millones de dólares. Hay que alentar las inversiones y para eso es necesario reformar leyes viejas que desalientan el crecimiento de nuestro país”, agregó.
Mucho más sencillo es lo que sucederá alrededor del tratamiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea, ya que los congresistas solo pueden aprobarlo o rechazarlo en su totalidad, sin introducir modificaciones. El Poder Ejecutivo incluyó esta discusión en el temario de extraordinarias con el propósito de “aventajar a sus socios regionales” y posicionar a Argentina como referente en la integración económica con Europa.
Consultados por Infobae, en la Cancillería detallaron que el camino para que el tratado comience a estar vigente es el siguiente:
- a nivel interno, el Presidente lo promulga y se publica en el Boletín Oficial
- mientras que a nivel internacional, el gobierno argentino comunica a los depositarios del Acuerdo (Paraguay y la Secretaría General del Consejo Europeo en Bruselas) que se han cumplido con los procedimientos internos de la Argentina para la aplicación del acuerdo. Quien hace la comunicación es el canciller Pablo Quirno a través de una nota formal.
El acuerdo interregional se compone de una parte política –actualmente detenida, luego de que el Parlamento Europeo la remitiera al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que determine su conformidad con la reglamentación comunitaria, un proceso que podría dilatarse hasta dos años– y una parte económica. En este último aspecto, el Consejo Europeo ya recibió facultades para negociar con aquellas naciones que ratifiquen el tratado. Para países como Argentina, esto abriría la posibilidad de “ser los primeros en cubrir cuotas de exportación de carne”, uno de los principales intereses comerciales del bloque.
Tanto Brasil como Uruguay ya trataron el acuerdo en sus respectivos congresos y aceleran los procesos internos para obtener cuanto antes los beneficios previstos. En paralelo, el Congreso argentino deberá definir si consigue la mayoría suficiente para avanzar en la ratificación parlamentaria, mientras la atención también se centra en el futuro inmediato del proyecto de reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil, programados para debate al día siguiente.