A la espera del tratamiento de mañana sobre la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, el pleno del Senado realizará hoy su penúltima sesión extraordinaria para sancionar el acuerdo Mercosur-Unión Europea y aprobar las modificaciones a la vigente ley de glaciares, la cual deberá ser girada luego a Diputados.
El encuentro, citado para las 11, comenzará con la discusión del pliego que propone al exdiputado libertario Fernando Iglesias como embajador -político- argentino en Bélgica y la Unión Europea. Previo a ello no se descartan cuestiones de privilegio desde la oposición y, como suele ocurrir, algún homenaje.
Bajo un juego que rozó el secretismo durante varias semanas, el dictamen de mayoría -firmado en diciembre pasado- sobre la ley de glaciares es el que presenta más interrogantes a la hora de la votación. Según un sondeo realizado por Infobae, hasta anoche proyectaba que varias bancadas se dividirán, llegado el momento de la definición.
Algo que sí podría derivar en curioso e interesante, ante un eventual empate, es que tuviera que inclinar la balanza la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, siempre y cuando esté presente en el recinto. “Creemos que eso, por suerte, no ocurrirá”, respondieron a este medio desde La Libertad Avanza. En algunas horas se comprobará.
Un artículo observado por algunos espacios es el séptimo del despacho, que permite a cada provincia determinar la autoridad de aplicación -salvo áreas protegidas por la ley 22.351, de Parques Nacionales-, que estará encargada de identificar, “basándose en elementos técnico-científicos, los glaciares y el ambiente periglacial ubicados en su territorio que cumplan con alguna de las funciones hídricas previstas” en la norma, es decir, que “actúen como reservas estratégicas de recursos hídricos o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”.
Quienes defienden la norma recuerdan que los recursos son de los distritos -únicos dueños- y desestiman vicios futuros, como suele pasar. Todo esto se desarrolla tras meses de decisiones del Gobierno libertario para conseguir -junto a gobernadores- inversiones mega millonarias para la Argentina, con todo lo que ello implica para reactivar la economía. En dicha área, los procesos son extensos, no inmediatos.
En tanto, los que defenestran el proyecto desde lo ambiental critican el poder que tendrá cada mandatario local para influir ante el interés de empresas. Y, en las últimas horas, insistieron en otro punto: el articulado chocaría con pautas escritas en el convenio Mercosur-Unión Europea.
A diferencia de otras iniciativas, el tratado entre el Mercosur y la UE no puede sufrir modificaciones. Debe ser validado o rechazado en su totalidad, lo que simplifica la discusión. Cuando el Poder Ejecutivo lo sumó al temario de las sesiones extraordinarias, explicaron que el objetivo es que Argentina sea el primer país de la región en ratificarlo parlamentariamente para aventajar a sus socios regionales.
Esto se debe a que el mismo se divide en una parte política y otra económica. La primera quedó frenada, debido a que el Parlamento Europeo lo remitió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise su compatibilidad con los convenios comunitarios. Esta decisión fue interpretada como un revés, ya que se deberá aguardar hasta que dichos magistrados lleguen a una conclusión, lo que podría demorar el proceso hasta dos años.
Sin embargo, las facultades para avanzar con algunos procesos de integración económica ya fueron delegadas en el Consejo Europeo y éste comenzaría a negociar con las naciones que ratifiquen el tratado, por ejemplo, para ser los primeros en cubrir cuotas de exportación de carne. Tanto Brasil como Uruguay enviaron todo al Congreso y aceleran también para llegar activar, cuanto antes, los beneficios del nuevo sistema.