La CGT prepara un paro nacional de 24 horas como respuesta al inminente tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, con la idea de expresar el rechazo de los principales sindicatos frente a cambios considerados lesivos para los derechos de los trabajadores en la legislación que, desde el jueves, ya tiene media sanción del Senado.
“Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, advirtió esta mañana Cristian Jerónimo, uno de los tres jefes de la central sindical, en declaraciones a Radio 10.
El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), compuesto por la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, ya anunció un paro con movilización al Congreso para la fecha del debate parlamentario, sin fecha concreta aún.
La Confederación General del Trabajo (CGT) vive una tensión creciente entre la conducción dialoguista, que apostaba por negociaciones legislativas, y las fuerzas internas, en las bases, que exigen una reacción más contundente.
Pese a la intención inicial del triunvirato —integrado por Octavio Argüello, Jorge Sola y Jerónimo— de citar al Consejo Directivo para el miércoles, la cúpula decidió adelantar la reunión para el lunes a las 16, en modalidad virtual, para definir la convocatoria a una huelga de 24 horas.
Un directivo sindical expresó a Infobae días atrás: “El triunvirato prefería no hacer un paro, pero se dieron cuenta de que por abajo se estaba planificando un cese de actividades de 24 horas, y si no lo impulsaba la CGT iban a quedar descolocados”.
Tal vez por eso, Jerónimo fue categórico este domingo en la entrevista radial y aseguró que el proyecto de reforma laboral debe sufrir modificaciones: “No puede avanzar tal como está, los diputados tienen que entender que hay que rechazar el proyecto”.
“Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, remarcó el jefe del Sindicato del Vidrio y explicó que la CGT “entiende que no fueron escuchados sus pedidos” y dijo que “seguramente” impulsarán una medida de fuerza general.
“Creo que están dados los consensos colectivos de los distintos sectores para ir a un paro nacional. Trabajaremos para que sea con el mayor grado de acatamiento de todos los sectores, para que sea una gran huelga. Cuando mañana se junte el consejo directivo lo terminará de confirmar oficialmente, vamos a trabajar para construir una gran huelga contundente”.
Fuentes cercanas a la cúpula cegetista negaron divisiones y sostienen que el consenso interno ha cristalizado en torno a la necesidad de una medida de fuerza, especialmente ante la posibilidad de que la sesión en Diputados se adelante.
El rechazo sindical se fundamenta en dos ejes: la protección de derechos laborales y la defensa de las estructuras de financiamiento gremial.
El documento interno de la CGT sostiene que “es contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional” y califica el proyecto de “regresivo y perjudicial para los trabajadores”.
Entre los puntos más objetados se encuentran las modificaciones sobre las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho de huelga y las restricciones a asambleas sindicales. Especialmente polémica es la reducción de los montos para pagar salarios en casos de licencias por enfermedad o accidentes no laborales.
El informe cegetista enfatiza: “Afecta el bolsillo del trabajador en momentos en que tiene gastos adicionales derivados de su condición médica”, puntualizando que habrá un recorte del 50% del salario si la enfermedad o accidente resulta de una actividad voluntaria.
Jerónimo sostuvo que la central obrera viene advirtiendo con claridad que el proyecto constituye “un proceso de ley regresivo, con una redacción maliciosa y una carga ideológica que va en contra de todos los derechos, tanto colectivos como individuales del mundo del trabajo”, y remarcó que la iniciativa no tendrá impacto real en la creación de empleo, sino que responde a la necesidad de “tapar el fracaso del plan económico del gobierno, privilegiando a los sectores más concentrados y a la especulación financiera”.
El dirigente afirmó que muchos legisladores no comprendieron el alcance del texto hasta etapas avanzadas de su tratamiento, e instó a representantes políticos y gobernadores a reflexionar sobre las consecuencias sociales y económicas que generaría su aprobación.
Jerónimo señaló que la CGT no rechaza la discusión sobre modernización laboral, pero sostuvo que “cualquier proceso de actualización normativa debe surgir de una negociación equilibrada entre trabajadores y empleadores”, condición que —según afirmó— no se verificó en este caso, ya que “los planteos sindicales no fueron considerados”.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fundamentó esta modificación al afirmar: “Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”.
El ministro destacó además que la medida busca limitar licencias prolongadas que históricamente generaron “costos ocultos” para las empresas.
En ese sentido, Jerónimo remarcó que Struzenegger “dijo claramente que quieren romper la matriz sindical para después ir por todos los derechos y conquistas de los trabajadores" y aseguró que en el Gobierno “tienen un grado de perversidad hacia el pueblo, no hay margen para seguir sosteniendo este proceso político que le hace tanto daño al pueblo”.
El tratamiento de la reforma laboral enfrenta obstáculos logísticos, con los feriados complicando el regreso de diputados aliados a la Capital y una fecha probable de sesión que oscila entre el jueves 19 y el miércoles 25.
“Agotamos las instancias de diálogo por la reforma laboral, hablamos con gobernadores y senadores. El Gobierno quiere ser el verdugo, romper los derechos y conquistas de los trabajadores, el proyecto es una construcción de relato para tapar otras cosas”, había dicho Jerónimo antes a Radio con vos.
En el oficialismo existe confianza en la aprobación, pero la resistencia de bloques dialoguistas y provincias introduce un factor de incertidumbre, especialmente por cambios de último momento como los vinculados al pago de sueldos mediante billeteras digitales o la cobertura de licencias por enfermedad.
Algunos dirigentes de la CGT mantienen la esperanza de que diputados del PRO y partidos provinciales impulsen enmiendas, o incluso obstruyan la aprobación, mientras que otros ven inevitable la judicialización de la ley.
El documento gremial remite a los principios de progresividad y no regresión consagrados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e insiste en que la reforma debería surgir de un proceso tripartito.