La Cámara de Diputados avanza con un pedido formal al Poder Ejecutivo para que informe en detalle sobre la aplicación y el control de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), en el contexto del reciente Decreto 682/2025 que habilitó un régimen extraordinario cuyo cupo se agotó en apenas tres días.
El requerimiento, impulsado por un grupo de legisladores encabezado por Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Ignacio García Aresca, Oscar Agost Carreño, Mónica Fein, Florencio Randazzo, Esteban Paulón y Margarita Stolbizer, solicita datos específicos sobre los mecanismos de verificación, sanciones e instrumentos normativos en la exportación de granos.
El documento, que fue presentado ante la Cámara, insta al Ministerio de Economía, la Agricultura, Ganadería y Pesca y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a detallar los procedimientos que garantizan la “acreditación fehaciente de tenencia o adquisición de la mercadería”. Además, exige un desglose por producto y estado —aprobadas, observadas o rechazadas— de todas las DJVE registradas el último año.
Uno de los puntos centrales del planteo radica en la transparencia sobre las causas que motivan la observación o rechazo de las declaraciones, especialmente por falta de acreditación sobre los granos exportados. Según el texto, se reclama información precisa sobre las “normas reglamentarias en vigor” para instrumentar la Ley 26.351, así como la eventual actualización de tales disposiciones.
Los legisladores también reclaman datos sobre las sanciones aplicadas a exportadores "por incumplimientos en la acreditación de mercadería", hecho que, según exponen, repercute en el control fiscal y la transparencia comercial del sector agroexportador. Una de las solicitudes más destacadas del proyecto refiere a la evaluación de los “plazos de vigencia de las DJVE”, a fin de evitar maniobras especulativas como las detectadas con el Decreto 682/2025.
El pedido de informes se apoya en el artículo 71 de la Constitución Nacional, que permite a diputados y senadores requerir datos al Poder Ejecutivo como parte de su función de control parlamentario. Entre las normativas mencionadas se destacan la Ley 21.453, conocida como “Ley Martínez Raymonda”, y su modificatoria, la Ley 26.351, regulaciones que establecen el régimen vigente para declaraciones juradas de exportación y fijan los procedimientos de control sobre las operaciones del sector.
A juicio de sus autores, el reciente agotamiento del cupo extraordinario dispuesto por el Decreto 682/2025 “evidencia la necesidad de información actualizada y la revisión de los plazos de vigencia para asegurar mayor transparencia y evitar la especulación en los mercados”.
Las firmas del texto incluyen a representantes de diferentes corrientes políticas, entre quienes resalta Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer, ambas figuras del bloque Encuentro Federal de la oposición.
Este es el segundo pedido de informes. El primero ingresó la semana pasada y fue presentado por Pablo Juliano, del bloque Democracia, junto a Carla Carrizo, Melina Giorgi, Marcela Coli, Fernando Carbajal, Marcela Antola, Juan Carlos Polini.
En ese documento, los diputados presentaron un proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo información sobre la eliminación temporal de retenciones a los granos y subproductos industriales entre el 22 y 24 de septiembre —medida tomada mediante el decreto 682/2025—. El pedido requiere detalles sobre el monto no percibido por el fisco, las condiciones de registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) y si se permitió anotar ventas sin acreditar tenencia de granos.
La iniciativa consulta además sobre el costo fiscal que implicaron estos cambios y qué recursos se aplicaron para su financiamiento conforme a la normativa vigente. Los diputados fundamentan la solicitud en que el costo fiscal resultó 20 veces superior al de la ley Garrahan y el doble que el financiamiento universitario, destacando que la medida generó incertidumbre en el sector agropecuario, sin otorgar previsibilidad ni alivio a los productores.
Entre los fundamentos, los solicitantes subrayan que el régimen de DJVE implementado agotó el cupo previsto en dos días, generando dudas sobre la eficacia de los mecanismos de control. “Más que medidas temporales de supuesto beneficio, el campo pide reglas estables, similares a las de los otros países de la región”, plantearon desde la bancada opositora.