El Gobierno de la provincia de Neuquén concretó este jueves un hecho inédito en su política de seguridad: la entrega de bienes decomisados a personas acusadas y condenadas por narcotráfico para su uso por parte de la Policía provincial y el Ministerio de Salud.
El acto fue encabezado por el fiscal general José Gerez junto al gobernador Rolando Figueroa, quienes transfirieron dos camionetas 4×4, tres motos y dos bicicletas, las cuales tenían un valor aproximado de 160 millones de pesos.
En concreto, la transferencia de estos recursos, que incluye dos camionetas Toyota —una Hilux DC GR-Sport y una SRV—, tres motos (Kawasaki Z-400, Yamaha XTZ-250 y Honda XR-250) y dos bicicletas de alta gama Specialized, buscaría transformar los activos de las organizaciones criminales en herramientas para el fortalecimiento institucional.
El acto se realizó en la sede de la Jefatura de Policía desde las 15 horas, en donde también estuvieron presentes autoridades como el ministro de Seguridad provincial, Matías Nicolini; el jefe de la Policía, Tomás Díaz Pérez; el fiscal jefe Agustín García; las fiscales de Narcocriminalidad Silvia Moreira y Eugenia Titanti; y la coordinadora del área en el Ministerio Público Fiscal, Mariana Querejeta.
De acuerdo con la información publicada por Diario Río Negro, se trató de la primera entrega de bienes decomisados desde que, el 28 de febrero, la provincia asumió la competencia para investigar delitos de microtráfico, una función que hasta entonces dependía de la Justicia Federal.
En línea con esto, el fiscal general subrayó el impacto de la ley 3.488, que otorgó a Neuquén la potestad de actuar en estos delitos. “Neuquén obtuvo resultados sobresalientes que la colocan a la vanguardia en la lucha contra el microtráfico a nivel nacional y regional”, afirmó Gerez durante el acto.
De esta manera, el funcionario detalló que el plan estratégico provincial se apoya en el desmantelamiento de organizaciones violentas, la promoción de la denuncia ciudadana, la implicación de gobiernos locales y empresas de servicios, y la neutralización de puntos de venta de droga, ya sea mediante el cambio de destino de los inmuebles o su demolición.
Respecto al significado del decomiso, Gerez sostuvo que representa “el verdadero debilitamiento de las organizaciones criminales”. Además, enfatizó que “el apoderamiento de estos bienes por parte del Estado fortalece la persecución penal y los programas de salud, prevención y rehabilitación de adicciones”.
Por su parte, el gobernador Figueroa puso en valor la articulación entre las distintas áreas del Estado y el papel de la Policía provincial. A lo largo de su discurso, relacionó esta política con la reciente ley que obliga a los funcionarios a someterse a pruebas toxicológicas.
La medida establece como requisito estar libre de sustancias ilícitas en el organismo para poder ejercer una función pública y afecta a los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a ministros, legisladores, magistrados, fiscales, defensores, intendentes, concejales y consejeros de la Magistratura.
También se extiende a secretarios, fiscales de Estado, asesores generales de Gobierno, directivos de organismos autárquicos, empresas estatales y entes de control. Todos ellos estarán sujetos a mantener una periodicidad de controles para demostrar su compromiso con la lucha contra el narcotráfico, los cuales deberán realizarse al menos una vez por año.
“Perseguir duramente al delincuente es necesario, pero también debemos tratar a quienes tienen una enfermedad desde el sistema de salud”, expresó el mandatario. Y concluyó: “Los resultados están a la vista: hemos quemado droga, derribado inmuebles, secuestrado millones de pesos y ahora decomisamos sus bienes para volcarlos con un fin de utilidad pública”.
Asimismo, el ministro Nicolini destacó la coordinación entre los tres poderes del Estado. “Por primera vez, bienes que antes usaban los narcos para delinquir o enriquecerse, ahora se destinan a la lucha contra ellos”, señaló.