La oposición senatorial se impuso esta tarde y pasado mañana llevará al recinto, desde las 11, el rechazo al veto de la Casa Rosada sobre la ley que activó una repartija automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), norma empujada semanas atrás por los 23 gobernadores y la Ciudad de Buenos Aires. En caso de avanzar con la insistencia, para la cual se precisarán dos tercios, la definición quedará en manos de Diputados.
El temario de la sesión de pasado mañana se terminó de consensuar, ante un oficialismo con pocas defensas, en la reunión de Labor Parlamentaria que comandó esta tarde el senador libertario y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala (San Luis). Lo hizo debido a que Victoria Villarruel se encuentra al comando del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Paraguay.
La iniciativa sobre los ATN fue aprobada por el Senado el 10 de julio pasado. Después, quedó sancionada por Diputados. Como la primera fue la de Cámara de origen, es allí donde tiene que iniciarse la insistencia de la norma. Sin dictamen, el texto precisará dos tercios en dos ocasiones: para su habilitación sobre tablas y la posterior votación para rechazar el veto. Semanas atrás, 56 legisladores lo hicieron a favor y uno solo en contra, el del oscilante violáceo Luis Juez(Córdoba).
En concreto, lo que se incorpora a la norma 11.672 -es la ley permanente de Presupuesto- es un artículo para que los “recursos que correspondieren distribuir al régimen al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias” en “forma diaria y automática”, y todo lo que involucre a este ítem será “considerado a cualquier efecto” como integrante “de la masa de fondos coparticipable”.
Para tener dimensión de lo que sucedió con esta cuestión, el articulado original fue empujado por todos los gobernadores y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, y el mismo fue firmado por los jefes del kirchnerismo, José Mayans (Formosa); del radicalismo, el exaliado del Gobierno Eduardo Vischi (Corrientes); del macrismo, Alfredo De Ángeli, e incluso desde la bancada -otrora amiga de los libertarios- Provincias Unidas, como el caso del correntino Carlos Espínola, entre otros.
Para el convite en el recinto también tomó volumen la casi segura sanción de la denominada “ley Nicolás”. El objetivo es evitar diagnósticos errados y mala praxis, tras la muerte de Nicolás Deanna-a los 24 años- por una meningitis bacteriana no detectada a tiempo. Diputados aprobó en diciembre de 2023.
El primer artículo establece que se debe asegurar el “derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”.
La iniciativa además plantea, en su artículo 18, que “a fin de garantizar condiciones de equidad y calidad en la atención sanitaria, es obligatoria la verificación de la aptitud profesional del equipo de salud”. En tanto, en el 19 se especifica que para las que requieran “la valoración de una destreza técnica” se tendrán que “incorporar mecanismos de simulación”.
En tanto, los diferentes bloques acordaron aprobar y girar a Diputados un dictamen que une dos proyectos del peronista disidente Juan Carlos Romero (Provincias Unidas-Salta) para crear el “Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas y de Identificación de Personas de Identidad Desconocida Halladas con Vida o Fallecidas”, y para darle carácter de ley al sistema “Alerta Sofía”. Otro despacho que tendría aval sería el que agrava penas por accidentes viales.