A menos de 20 años de una Cristina Kirchner senadora y principal impulsora de la ley vigente que reglamenta los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que se creó de manera específica para que el Congreso no bloquee casi nunca este tipo de normas, una oposición unificada en el Senado ahora pretende quitarle una herramienta clave a un Ejecutivo libertario que se excedió, sin lugar a dudas, al momento de utilizarla. Lo llamativo de la estrategia fue el dictamen fantasmal que se apuró en la Cámara alta, que casi aterriza en la sesión del jueves pasado y que ya queda en fila para un próximo encuentro en el recinto.
Veamos la cronología. El miércoles último se “avanzó”, si es que se puede decir de esa manera, en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que comanda la peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba), que pasó de usual aliada de Javier Milei a pintarse la cara para la guerra. Sólo de esa forma se entiende lo milimétrico de dicha reunión, tras años de trifulcas entre legisladores hoy alineados.
En realidad, el acuerdo de toda la oposición fue sellado durante la noche del martes, según reconocieron a Infobae desde dos despachos inmiscuidos en la negociación. Todo quedó en una especie de actuación -algo paupérrima- en varias ocasiones, y que dejó declaraciones insólitas que regala la versión taquigráfica de dicha jornada, como contó este medio -y un centenario matutino nacional- ese día.
Para tener una idea de lo que implica todo esto, los DNU pasarían a tener un plazo de 90 días para ser aprobados sin excepción por Diputados y el Senado. En la actualidad, si ambas Cámaras no lo rechazan -sin registro de tiempo-, los mismos siguen en curso. Además, el despacho incorpora que, ante la votación negativa de un solo Cuerpo, también caerían. El peor escenario para la Casa Rosada.
Fundamentos
“La ley 26.122 ha resultado en la práctica una dificultad para el rol de control que la Constitución asigna al Congreso, en particular con el sistema previsto en su artículo 1°, violentando así las ideas de división de poderes, sistema republicano y control que lo inspiraron”, señalaron legisladores del PRO, el kirchnerismo, la UCR y el peronismo disidente que firmaron el dictamen en cuestión. El régimen actual tiene, como ya se dijo, casi 20 años de vigencia.
Según explicaron los senadores en cuestión, “la fórmula erróneamente adoptada por la Ley 26.122 consagra la aprobación tácita o ficta de los decretos de necesidad y urgencia por la mera inacción del Congreso”. En esa línea, detallaron: “La experiencia parlamentaria nos enseña que es más fácil dilatar el pronunciamiento de las Cámaras que obtener una sanción expresa sobre un tema determinado”. Este punto es uno de los más sólidos a la hora de observar el tema.
Otro argumento utilizado: “No resulta conveniente, por otra parte, que el mero silencio de las Cámaras implique una vigencia sin límite de la norma, la que además podría generar una numerosa cantidad de reclamos judiciales, con sentencias contradictorias que pueden terminar generando una conflictividad aún mayor”.
El jueves pasado, previo a la sesión que dejó abollado al oficialismo parlamentario, un sector quiso empujar esto sobre tablas y una votación. El Gobierno resistió. Sería por unos pocos días. Más allá de esto, una eventual aprobación de la ley luego pasará a Diputados y, ante una sanción, el Ejecutivo vetará. Después, habrá que insistir en ambas Cámaras con dos tercios. Todo esto debería ocurrir antes del 10 de diciembre, cuando será el recambio. Por eso las elecciones son, como siempre, trascendentales.
De por sí, el próximo cónclave en el recinto tendría otra instancia importante y con fuerte derrota para la Casa Rosada: los no libertarios se preparan para desactivar de manera total el veto a la ley que declaró la emergencia en discapacidad. Diputados ya lo hizo y la norma recuperará vigor.