En paralelo a la previa de la última sesión del Senado, donde la oposición le aplicó una serie de derrotas al oficialismo relacionadas con lo previsional -mejora de haberes y reactivación de la cuestionada moratoria-, los distintos bloques sellaron en silencio el final de una disputa que duró meses para ocupar cargos clave en el Consejo de la Magistratura. En particular, con el -más que delicado- jurado de enjuiciamiento.
La normativa vigente establece, en su artículo 22, que “el Jurado de Enjuiciamiento estará integrado por siete miembros”: “dos jueces que serán de Cámara, debiendo uno pertenecer al fuero federal del interior de la República y otro a la Capital Federal”; “cuatro legisladores, dos por la Cámara de Senadores y dos por la Cámara de Diputados de la Nación”; y “un abogado de la matrícula federal”.
“Todos los miembros serán elegidos por sorteo semestral público a realizarse en los meses de diciembre y julio de cada año, entre las listas de representantes de cada estamento. Por cada miembro titular se elegirá un suplente, por igual procedimiento, para reemplazarlo en caso de renuncia, impedimento, ausencia, remoción o fallecimiento”, impone el último párrafo del artículo.
Después de un intento inicial del kirchnerismo para quedarse con los dos por la Cámara alta, el Frente de Todos -comanda el formoseño José Mayans- cedió y, de esta forma, dicha bancada tendrá en el jury al peronista riojano Fernando Rejal como titular y a la tucumana Sandra Mendoza de suplente.
Mendoza se hizo conocida por haber aprovechado el recinto del Senado, en pleno gobierno de Alberto Fernández, para acusar al Fondo Monetario Internacional (FMI) de ser una “espada de ‘Domacle’”, dicho que no tardó en estallar en redes y medios de comunicación. “Pido perdón a la sociedad si ofendí a alguien con pronunciar mal una palabra”, reconoció después.
En tanto, la balanza de esta batalla ya finalizada dejó a los legisladores radicales Rodolfo Suarez -exgobernador de Mendoza- y Maximiliano Abad (Buenos Aires) como la otra dupla titular-suplente para el jurado de enjuiciamiento.
Otro de los artículos que regula al organismo destaca que “el Jurado de Enjuiciamiento entrará en funciones ante la convocatoria del plenario del Consejo de la Magistratura y designará entre sus miembros a su presidente”, y que “la calidad de miembro del jurado no será incompatible con el ejercicio del cargo o profesión en virtud del cual fue nombrado”.
“Durarán en sus cargos mientras se encuentren en trámite los juzgamientos de los magistrados que les hayan sido encomendados y sólo con relación a éstos. Los miembros elegidos por su calidad institucional de jueces, legisladores o por su condición de abogados inscriptos en la matrícula federal, cesarán en sus cargos si se alterasen las calidades en función de las cuales fueron seleccionados, debiendo ser reemplazados por sus suplentes o por los nuevos representantes que designen los cuerpos que los eligieron para completar el mandato respectivo”, agrega la normativa.
La resolución de uno de los tantos asuntos trabados en el Congreso -la culpa no es toda de los legisladores, ya que no debe olvidarse las impericias de la propia Casa Rosada- se convirtió en un pequeño oasis, ya que la contracara de todo esto son vacantes judiciales que no envía el Ejecutivo, las delirantes volteretas sobre la Corte Suprema de Justicia y la discusión a ritmo tortuga sobre la ocupación de butacas en la Auditoría General de la Nación (AGN). El último organismo es el que realiza controles externos sobre los gastos del Estado.
Sobre la Magistratura, en el Senado hay dos iniciativas que pican en punta, más allá de la modorra. Una es de Mayans; la otra, del peronista disidente Juan Carlos Romero, de Provincias Unidas. Ambas comparten la disminución de los mandatos: pasarían de ocho a cuatro años, con posibilidad de reelección. Es decir, actualizados a la realidad de los gobiernos y renovaciones parlamentarias, en general.
Un punto con leves diferencias apunta a la remuneración de los auditores: el del formoseño habla de ser “equivalente” a de legisladores -sin aclarar cuáles y genera una duda, dada la diferencia entre las dietas de Diputados y Senadores en la actualidad-, mientras que el segundo impone que no perciban “un monto mayor a la dieta percibida” por los integrantes de la Cámara alta, que se encuentra hoy en más de $9,5 millones en bruto.
La puja principal está direccionada, sin dudas, sobre la conformación de la AGN. El texto de Mayans-acompaña la bonaerense Juliana di Tullio-propicia la ampliación de siete a nueve miembros, mientras que el de Romero sostiene la integración vigente. Según pudo saber Infobae, el Gobierno prefiere el segundo proyecto. No obstante, quienes llevan mucho tiempo en el Congreso deslizan por lo bajo que no es para nada descabellado contemplar también a la primera iniciativa.