La incógnita sobre el sospechoso borrado del teléfono de Fernando Sabag Montiel, el principal acusado por el atentado a Cristina Kirchner, seguirá abierta. La Cámara de Casación rechazó un recurso de la querella y de esa manera quedó firme el sobreseimiento de los tres peritos involucrados: Alejandro Heredia, Camila Dafne Seren y Pablo Kaplan.
Heredia fue el primer perito que revisó el teléfono, pasada la medianoche, en el juzgado de María Eugenia Capuchetti. A las 2:49 de la madrugada se labró un acta que se recibía el teléfono marca Samsung, modelo SM-A50 5G con una memoria Micro SD marca Sandisk de 64 GB de capacidad, un SIM con el logo de la empresa Movistar N° 895407514458444373.
Llamativamente, la Policía Federal convocó a Heredia, que no tenía experiencia. “Se intentó la extracción entre cuatro y seis veces y daba negativo, no se pudo desbloquear”, declaró el entonces jefe de Cibercrimen de la Policía Federal, Adrián Eduardo Acosta, en el juicio oral.
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A esa altura, solo se había podido acceder al contenido de la tarjeta de memoria. Ahí se encontraron varias fotos, entre ellas las que Sabag Montiel y Brenda Uliarte están con el arma con la que se intentó matar a Cristina Kirchner.
El teléfono se guardó en un sobre de papel madera y se mandó a una sede de la PSA.
La encargada del traslado fue Priscilla Santillán, una oficial de la PFA que sigue trabajando como custodio de la jueza Capuchetti. Esa mujer declaró en el juicio que el sobre estaba cerrado. En cambio, los peritos que lo recibieron en la PSA (Dafne Seren y Kaplan) aseguran lo contrario. Es más, afirmaron que llegó encendido.
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La segunda pericia también fue un fracaso: el aparato terminó reseteado a valores de fábrica.
Por ese motivo se abrió una causa en el juzgado de María Servini. Los peritos de la PSA se desligaron desde el comienzo. “No hay ninguna evidencia que permita inferir que este reseteo pudo haber estado vinculado causalmente a alguna irregularidad cometida en la órbita de nuestras funciones (...) Sí, en cambio, fueron detectadas irregularidades en otros tramos de la cadena de custodia”, sostuvo Kaplan.
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Servini llegó a la conclusión que “con los medios que se cuentan resulta imposible ir un paso más allá y determinar con un mínimo de probabilidad las razones que efectivamente motivaron el reinicio del celular de Sabag Montiel”.
El último intento de abrir el teléfono ocurrió en marzo, a pedido de la fiscal del juicio, Gabriela Baigún. Intervinieron los especialistas de la defensa de Sabag Montiel, de la querella de la expresidenta, los de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación y de la Gendarmería Nacional.
Luego de retomar la investigación, la jueza Capuchetti le pidió colaboración al Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, más conocido como Homeland Security, pero la respuesta nuevamente fue negativa.
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El sobreseimiento de los peritos fue apelado, pero la Cámara Federal confirmó la decisión de la jueza a fines de abril. Contra esa decisión, la querella presentó un recurso de casación. Ese intento fue rechazado el último día antes de la feria. “La conclusión a la que se arribó cuenta con fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes que impiden la descalificación del fallo como acto jurisdiccional válido”, dice el voto mayoritario de los integrantes de la Sala I.