El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció el cierre formal dos programas pertenecientes al ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, a los que definió como áreas que “sostuvieron militancia y cargos políticos”.
A partir de la Resolución 466/2025, publicada en Boletín Oficial, la cartera de Justicia eliminó hoy el Programa Acercar Derechos, cuya supresión ya se había anunciado en mayo, y el Registro de Organizaciones de Género. La medida se justificó luego de realizar una auditoría interna.
“Hoy terminamos de eliminar dos estructuras ideológicas como el Programa Acercar Derechos y el Registro de Organizaciones de Género, que nunca arrojaron resultados positivos para los argentinos: solo sostuvieron militancia y cargos políticos”.
El mencionado Registro fue creado en el año 2021, por la entonces ministra Elizabeth Gómez Alcorta, con el fin de “relevar y sistematizar información acerca de las organizaciones sociales vinculadas a la promoción y protección de los derechos de las mujeres y personas LGBTI+“. La intención de ese relevamiento era ”mejorar el acompañamiento del Estado” a dichas entidades, “los recursos y herramientas puestos a su disposición”, y promover el trabajo articulado con la sede ministerial.
Por su lado, el Programa Acercar Derechos (PAD) fue creado por la ministra Ayelén Mazzina en el año 2022, y consistió en una política para "fortalecer el acceso a derechos y al sistema de justicia de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia a través de acompañamiento integral e intercultural en todo el país", se señala aún en la web oficial.
“Nuestra política de seguridad considera que la violencia no tiene género y que la única forma de proteger a las víctimas es siendo implacables con los agresores. ¿El resultado? Bajamos los homicidios de mujeres un 14,3 %”, sostuvo Cúneo Libarona, al justificar la derogación de ambas medidas.
En sintonía con la resolución publicada, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, indicó que una auditoría interna sobre el funcionamiento del Programa Acercar Derechos detectó “debilidades sustantivas en los circuitos operativos, en el sistema de registro, en la supervisión de casos y en la autosuficiencia documental de las intervenciones realizadas”.
Según un informe oficial de abril de 2023, este programa había arrojado que 21.974 personas habían sido asistidas en todo el país, con 33.519 acciones, entre las que se destacaban: favorecer la comunicación con la persona en situación de violencia de género (1397); brindar información (483); brindar contención (397); facilitar gestiones a destinatarias del Programa AcompañAr (341); y facilitar el acceso a la justicia (229).
Sin embargo, se constató que el "38% de los casos asistidos” por el programa PAD "no registraban acciones de abordaje o seguimiento, que el 75% de las acciones activas no habían sido actualizadas en más de seis meses, y que el 26% de los casos analizados carecía de estrategia integral de abordaje, lo cual compromete la trazabilidad, el control y la efectividad del acompañamiento brindado”, detalló Amerio.
“La revisión de las políticas públicas constituye una herramienta fundamental para garantizar que los programas estatales respondan de forma efectiva a las necesidades sociales actuales, conforme a los principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad fiscal que deben regir el accionar del Estado”, apuntó el funcionario.
Al comenzar la gestión, el gobierno de Javier Milei suprimió el ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y la mayoría de sus programas impulsados durante el Frente de Todos. El personal y la estructura quedó absorbida por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, pocas áreas, organigramas y líneas de acción destinados a la igualdad de género y prevención de los delitos sexuales quedaron en pie.
“Durante la gestión anterior se destinaron millones de dólares en estos programas ideológicos, mientras los delitos violentos aumentaban”, sostuvo Cúneo Libarona, al volver a defender este tipo de medidas.
En mayo pasado, el Gobierno continuó con el desmantelamiento de otra decena de programas, como el MenstruAR -que proveía copas menstruales-, el GenerAR -destinado a “fortalecer la institucionalidad en materia de género y diversidad en el sector público nacional y subnacional-; ”Sembrar Igualdad”, ArticulAR y GenerAR- que distribuían financiamiento a organizaciones sociales-, o los programas AcompañAR y Producir, que promovían “acciones territoriales en violencia de género”, entre otros.