Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido en Venezuela desde diciembre de 2024 bajo cargos de terrorismo, permanece incomunicado y sin acceso a representación legal desde hace 218 días, según denunció este lunes su esposa, María Alexandra Gómez, a través de una publicación en su cuenta de X. Gómez aseguró que, en todo este tiempo, su pareja no ha contado con una orden de detención, causa penal abierta ni registro judicial alguno, además de permanecer sin contacto con su familia.
“Han pasado 7 meses y aún no hay ninguna explicación, 218 días sin una orden de detención, causas penales abiertas, registros en ningún tribunal, derecho a un abogado, ni comunicación con su familia”, afirmó Gómez. En su mensaje, instó a la liberación de “los más de 50 extranjeros” que, según su denuncia, siguen presos en Venezuela, y añadió: “Tienen que volver a casa, tienen que volver con sus familias”.
En diciembre del año pasado, el Ministerio Público de Venezuela informó que Gallo fue procesado por supuestamente integrar “un grupo de personas” que buscaba ejecutar “una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas”, apoyados por “grupos de la ultraderecha internacional”. Gallo, indicó la Fiscalía venezolana, fue arrestado tras ingresar “irregularmente” al país, “ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental”.
Esta acusación contradice la versión del gobierno de Javier Milei, que sostiene que el viaje de Gallo tuvo “el único propósito de visitar a su familia y a su pareja, con quien comparte un hijo en común”.
La familia de Nahuel Gallo denuncia temor por la integridad física y psicológica del gendarme, quien desde diciembre pasado no ha tenido oportunidad de recibir correspondencia ni visitas, y hasta la fecha, permanece en paradero desconocido.
Tras la detención, la administración de Milei acusó al régimen de Nicolás Maduro de retener a ciudadanos extranjeros como rehenes para “asegurarse su impunidad” de cara a la toma de poder en Venezuela, realizada en enero tras unas controvertidas elecciones en julio de 2024.
El caso de Gallo ocurre en un contexto de graves denuncias internacionales contra Venezuela por supuestas violaciones al debido proceso, uso de la prisión preventiva sin cargos formales y obstáculos para la defensa legal de los detenidos. Diversos informes de Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos (OEA) han advertido sobre el “uso instrumental” del sistema judicial venezolano y la falta de garantías para los procesados por motivos políticos.
De acuerdo con la ONG Foro Penal, en marzo de este año había 66 extranjeros detenidos en cárceles venezolanas, calificados por la organización como presos políticos, de los cuales 41 contaban con doble nacionalidad. Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció la presencia de ciudadanos europeos, colombianos y mexicanos encarcelados en el país.
La dictadura venezolana sostiene que el país está “libre de presos políticos” y argumenta que quienes son señalados de tal manera están privados de libertad tras cometer delitos.