La Legislatura de Mendoza se encamina a aprobar dos proyectos de ley que habilitan sanciones económicas directas a funcionarios públicos por incumplimientos en sus deberes.
Ambas iniciativas, impulsadas por el senador Armando Magistretti (Partido Demócrata), apuntan a frenar el silencio administrativo y las demoras injustificadas en procesos judiciales.
Los proyectos ya cuentan con media sanción y buscan reducir la impunidad en la función pública. La primera iniciativa propone una modificación al Código Procesal Administrativo (Ley 3918), mediante la incorporación de un artículo 38 bis. Este artículo establece que, en casos de admisión formal de acciones judiciales por “denegación tácita” -es decir, cuando un organismo público no responde a un pedido dentro del plazo legal-, los tribunales deberán identificar al funcionario responsable de la falta y solicitar a la autoridad administrativa competente que le imponga una sanción disciplinaria.
“El silencio administrativo vulnera el derecho de defensa y deja al ciudadano en una situación de indefensión. Con estas leyes buscamos cortar con esa práctica arraigada en algunos sectores del Estado y establecer consecuencias concretas para quienes eligen no cumplir con su rol”, explicó Magistretti en declaraciones al diario Los Andes.
Según cifras aportadas por el legislador, durante 2024 se dictaron unas 200 sentencias en procesos administrativos, y aproximadamente una de cada cuatro se originó por “denegación tácita”. Sin embargo, en ninguno de estos casos se identificó ni sancionó al funcionario responsable, pese a que la normativa vigente contempla la posibilidad de aplicar sanciones.
El segundo proyecto, en tanto, introduce una reforma al artículo 219 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario (Ley 9001). Allí se plantea que, cuando un juez dicte sentencia favorable en un amparo por mora -también llamado “de urgimiento”-, las costas del proceso no solo sean asumidas por el Estado, sino también, de forma solidaria, por el funcionario que haya sido individualmente identificado como responsable de la demora.
“La idea es moralizar la función pública. No puede ser que el Estado siga pagando millones en intereses por culpa de empleados que eligen no hacer su trabajo. La ciudadanía no puede seguir siendo rehén de la inacción de algunos funcionarios”, sostuvo el senador demócrata.
Durante el debate en la Cámara de Diputados, los legisladores introdujeron una modificación clave al texto original: se incorporó un mecanismo para que, en los fallos que admitan demandas por denegación tácita, se exija identificar al agente responsable y se activen sanciones previstas en el artículo 2 de la Ley 9003, que regula el régimen disciplinario de la administración pública.
Los proyectos apuntan no solo a mejorar la calidad institucional, sino también a reducir los elevados costos que el Estado provincial asume por su propia ineficiencia.
Según el informe anual de la Fiscalía de Estado, en 2024, la Provincia pagó más de 6.915 millones de pesos en cumplimiento de sentencias judiciales. De ese total, el 75% correspondió a intereses: 5.156 millones de pesos, producto de demoras administrativas del Gobierno en responder las demandas.
Esa cifra representa un aumento del 188% respecto de lo abonado en 2023. Según la Fiscalía, el uso de la tasa UVA como parámetro para el cálculo de intereses, vigente hasta mayo del año pasado, multiplicó el impacto de esas demoras sobre las arcas públicas.
Para 2025, el presupuesto provincial prevé un gasto superior a los $3.000 millones para afrontar 373 sentencias firmes en contra del Estado. Entre ellas, hay fallos por daños y perjuicios, acciones procesales administrativas, acuerdos transaccionales, amparos sindicales y causas por expropiaciones.
“Las leyes no apuntan a perseguir funcionarios, sino a generar incentivos correctos. Si sabés que podés pagar de tu bolsillo por no contestar una nota en plazo, lo pensás dos veces. Es un principio de responsabilidad que debería regir en toda función pública”, remarcó Magistretti.
El debate por estas iniciativas generó apoyo transversal en el Senado, donde fueron aprobadas por unanimidad. Se espera que en las próximas semanas ambas normas obtengan la sanción definitiva en Diputados y entren en vigencia. Para sus impulsores, representan un paso necesario para transparentar la administración pública, mejorar la respuesta del Estado ante los reclamos ciudadanos y reducir el gasto derivado de la negligencia estatal.