Diputados del radicalismo disidente del bloque Democracia para Siempre junto a dos miembros de la bancada oficial de la UCR presentaron un pedido de sesión especial para el próximo miércoles 2 de julio con el objetivo de presionar al Gobierno con el financiamiento universitario, la crisis del Hospital Garrahan y una reforma del régimen de DNU. La convocatoria también incluye proyectos relacionados con la promoción de la PyMes, el juicio por jurados y cambios de husos horarios.
El pedido de sesión especial abarca varios proyectos que no tienen dictamen y por lo tanto no están habilitados para aprobarse en el recinto. Lo que busca la oposición es poder someter a votación diferentes emplazamientos para obligar a los libertarios a abrir algunas comisiones clave, por ejemplo la comisión de Presupuesto que preside José Luis Espert.
Uno de los seis proyectos que apuntan a garantizar el financiamiento de las universidades había sido presentado hace dos semanas en Diputados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a todos los rectores del país. Entre otros puntos, establece un ajuste salarial vía paritaria que acompañe la inflación del Indec y propone que el presupuesto destinado a la educación universitaria “se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el año 2031, como mínimo, una participación del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) presupuestado en cada año”; comenzando con el 1% del PBI en 2026.
El año pasado el presidente Milei vetó un incremento en el presupuesto universitario gracias al apoyo de los gobernadores, el PRO y un sector de la UCR, que fue bautizado como “radicales con peluca” (hoy tienen su propio bloque llamado Liga del Interior). Sin embargo, los reclamos de fondos y reapertura de paritarias continuaron hasta la actualidad.
La oposición también incluyó en el temario otra problemática sensible con mucha repercusión mediática: la crisis del Hospital Garrahan. Los proyectos para declarar la emergencia en pediatría proponen “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.
También abarcan la recomposición inmediata de los salarios del personal; la exención a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de Ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias; y la adquisición directa de insumos y medicamentos críticos para hospitales pediátricos.
Si bien hay dos proyectos que tuvieron dictamen en la comisión de Salud, todavía deben pasar por Presupuesto y Salud Pública, Niñez y Juventudes. Ambas comisiones son controladas por los libertarios y sus aliados, por lo que la oposición necesita -al igual que con el financiamiento universitario- un emplazamiento para sacarlas de la parálisis.
El plan de obligar a las comisiones a tratar ambos temas no es nuevo. La oposición ya lo había intentado en la última sesión tras la aprobación del aumento de las jubilaciones y la restitución de la moratoria previsional. Alrededor de 20 minutos antes de las 3 de la mañana y en lo que iba a ser el último punto a debatir en el recinto, el diputado Pablo Yedlin de Unión por la Patria pidió la palabra y señaló el pedido de emplazamiento para las comisiones de Presupuesto y de Acción Social y Salud Pública, Niñez y Juventudes para tratar los 6 expedientes que se habían dictaminado respecto al tema unos días antes.
En ese instante los miembros de La Libertad Avanza, los de la UCR de Rodrigo De Loredo y los pocos del PRO que estuvieron presentes juntaron sus pertenencias y se retiraron del recinto. Esto, junto a la ausencia de algunos pocos diputados de otros bloques, hizo que el tablero mostrara solo 127 diputados presentes, a 2 del quórum, y se cayó la sesión. Los proyectos sobre el financiamiento universitario iban a venir después, por lo que también se quedaron sin tratamiento.
Otro punto resistido por el Gobierno es la reforma Régimen Legal de los DNU. La oposición ya intentó avanzar con esta iniciativa en noviembre pasado pero la sesión lo tuvo quórum.
Entre otros puntos, se establecen plazos para que el Congreso trate los decretos (90 días), la aprobación definitiva por parte de las dos cámaras, la caída definitiva con el rechazo de una sola y la posibilidad de aprobar artículos por separados sin tener que dejar vigente la totalidad del DNU.
Ante la consulta de Infobae, desde Democracia para Siempre explicaron que el temario de la sesión todavía podría ampliarse a pedido de los otros bloques.