El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de Misiones habilitó este miércoles a que puedan votar cerca de 16 mil miembros de las fuerzas de seguridad y defensa que están dentro del padrón electoral. Los comicios legislativos locales se llevarán a cabo el próximo 8 de junio.
Días atrás, el Tribunal Electoral, integrado por su presidente Cristian Benítez y los vocales Andrés Poujade y Augusto Busse, decidió excluir al personal de la Policía, el Servicio Penitenciario, fuerzas de seguridad federales y el Ejército.
La medida se llevó a cabo tras ampararse en el inciso 10 del artículo 48 de la Constitución Provincial. Allí se establece: “No podrán votar los soldados pertenecientes a las fuerzas armadas ni los agentes de las de seguridad nacionales y provinciales”.
En ese marco, según señaló El Territorio, la decisión del STJ fue impulsada por su presidenta, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, quien, junto a los ministros de la corte, apoyó la incorporación de los integrantes de las fuerzas de seguridad en el padrón electoral.
Esta resolución se produjo tras una revisión del procurador de la provincia, Carlos Jorge Giménez, quien, bajo solicitud del gobernador Hugo Passalacqua, emitió un control de legalidad que concluyó en la necesidad de incluir nuevamente a los agentes.
“El artículo 48 inciso 10 de la Constitución Provincial debe ser removido por resultar manifiestamente contrario al bloque de constitucionalidad”, señaló el procurador en un escrito que presentó ante las autoridades.
Justamente, esta prohibición había sido objetada anteriormente en diversos fallos del propio Tribunal Superior, que en anteriores ocasiones ya había declarado inconstitucional este inciso sin llegar a resultados efectivos a largo plazo.
En tanto, de acuerdo a la prensa local, el funcionario subrayó que prohibir el voto a estos miembros constituía una violación de los derechos humanos y el principio de participación política consagrados en normativas nacionales e internacionales.
Anteriormente, Tribunal Electoral había publicado la exclusión en el Boletín Oficial el pasado 23 de mayo, listando alrededor de 16,000 efectivos que se suponía no podrían votar. Este artículo limita el sufragio a soldados y agentes de seguridad activos, pero, según el Superior Tribunal, tales restricciones son “desproporcionadas y violan la Constitución Nacional”, estableciendo un problema de interpretación legal que ha afectado a amplios sectores de las fuerzas de seguridad.
En este marco, desde La Libertad Avanza han cuestionado abiertamente las decisiones del Tribunal Electoral sobre esta materia. Su candidato, Diego Hartfield, había presentado recursos para revocar las resoluciones previas, argumentando que se tratan de medidas “inconstitucionales” y que inducen una “incongruencia con antecedentes jurisprudenciales”.
Sin embargo, poco después de conocer el fallo del máximo tribunal, escribió en sus redes: “Van a poder votar todas las fuerzas de seguridad. Gracias al tremendo laburo que hicimos desde LLA cuando presentamos un amparo”.
De hecho, se espera que en los próximos días la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, haga una presentación en Posadas junto al presidente de la cámara de diputados, Martín Menem, y el propio Hartfield. Además, visitarán la ciudad de Obera.
El próximo 8 de junio, los ciudadanos misioneros irán a las urnas para elegir la renovación de los integrantes de la legislatura local. Tendrán que votar 20 nuevos diputados provinciales y concejales en 10 localidades, así como también Defensor del Pueblo en la localidad de Oberá.
Sebastián Macías será el referente del oficialismo misionero, que tiene como jefe político al recientemente cuestionado Carlos Rovira. Mientras que Santiago Nicolás Koch irá por el Frente Unidos por el Futuro, que funciona dentro de la ex alianza de Juntos por el Cambio.
También se presenta Ramón Amarilla, conocido por ser el vocero de la los levantamientos policiales ocurridos a comienzos de 2024 en la provincia. Actualmente, se encuentra detenido en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul desde septiembre del año pasado. Fue acusado de “sedición” y “conspiración” contra el gobierno provincial.