Las elecciones porteñas redujeron al mínimo las actividades oficiales en la Cámara de Diputados, pero las conversaciones informales se multiplicaron entre los representantes de los bloques opositores. Como fruto de estos diálogos, cada vez toma más fuerza la posibilidad de convocar a una sesión especial para el próximo miércoles, con un temario incómodo para el gobierno nacional.
La oposición dura y los sectores dialoguistas coinciden en la necesidad de sacar de la parálisis a la comisión especial encargada de investigar el caso $Libra. Por eso, intentarán nombrar un presidente apelando a una votación en el recinto. Este punto no se pudo resolver en la propia comisión porque los opositores y los oficialistas quedaron empatados con 14 representantes cada uno.
Por otro lado, esta semana se dictaminaron una docena de proyectos relacionados con las jubilaciones en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Previsión Social. La multiplicidad de despachos evidencia que el tema es importante para todos los bloques, pero ninguno reúne por el momento los votos necesarios para lograr la media sanción.
El peronismo y la izquierda proponen restituir por dos años la moratoria previsional que permitía que las personas sin los 30 años de aportes pudieran comprar lo que les faltaba para acceder a la jubilación mínima. Se calcula que 8 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones debían recurrir a este mecanismo para jubilarse, por lo que el fin de la moratoria (el Gobierno se negó a prorrogarla en marzo) se convirtió en un problema central para decenas de miles de adultos mayores que no pueden acceder a un haber.
Según pudo saber Infobae, la restitución de la moratoria no reúne consensos con los bloques dialoguistas por lo que es posible que sea rechazada en el recinto. Al ser el dictamen de mayoría se tratará primero, luego se pondrá en debate la propuesta del PRO y los libertarios, que quieren conformar una comisión especial para proponerle al Poder Ejecutivo una reforma integral del sistema previsional que garantice el equilibrio fiscal y la sustentabilidad a largo plazo.
Esta iniciativa fue interpretada por la oposición como una maniobra para ganar tiempo. Por lo que seguramente también será rechazado.
Luego llegará el momento de analizar los proyectos para crear una Prestación Proporcional que reconozca los años aportados aunque no se alcance el mínimo de 30. Hay dictámenes de Encuentro Federal, la UCR, la Coalición Cívica y hasta un sector minoritario del PRO (por primera vez se diferenciaron los amarillos macristas de los bullrichistas).
Todas estas iniciativas comparten el mismo espíritu pero hay diferencias sustanciales respecto al mínimo que se toma para calcular los haberes y la forma en que se computan los años de aporte.
No obstante, existe una posibilidad real de alcanzar una mayoría, especialmente porque desde el peronismo no descartan apoyar la propuesta de Encuentro Federal en caso de que no se apruebe la restitución de la moratoria. “Entre que no salga nada y que salga esto, preferimos esto”, reconoció un diputado peronista que integra la comisión de Presupuesto.
Ante la consulta de Infobae, desde Unión por la Patria explicaron que como parte de la negociación se podría pedir un cambio en el monto mínimo. En el proyecto de Encuentro Federal (redactado con ayuda del ex titular de Anses Diego Bossio) se establece que la prestación no puede ser inferior al 80% de la PUAM (Pensión Universal del Adulto Mayor), que a su vez es el 80% de la jubilación mínima. “El mínimo tendría que ser directamente la PUAM, si no ya es demasiado bajo”, explicaron.
Por otro lado, también hay un acuerdo lo suficientemente amplio (UxP, Encuentro Federal, DpS y FIT) para otorgar un aumento del 7,2% en las jubilaciones y un aumento en el bono, que quedó congelado en $70 mil pesos. La principal diferencia gira en torno al monto del aumento, mientras el peronismo propone llevar el bono a $115 mil (luego actualizado por IPC), la propuesta de Encuentro Federal lo deja en $100 mil. “La diferencia no es tanta, deberíamos poder ponernos de acuerdo”, explicó un dialoguista. El PRO y la UCR no apoyan estos aumentos.
Desde el oficialismo dejaron en claro que rechazarán cualquiera de estas iniciativas por el impacto fiscal que generan y adelantaron que la Casa Rosada no dudará en volver a recurrir el veto presidencial, tal como hizo el año pasado. La gran diferencia será el apoyo de sus habituales aliados, que después de las elecciones de este domingo en la ciudad de Buenos Aires podría dejar de ser monolítico.
Según calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso, la prórroga por dos años de la moratoria tiene un costo estimado del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado de 0,165% del PBI.
Por su parte, si el valor del bono que refuerza los haberes mínimos subiera de $70.000 por mes a $105.000 a partir de junio, el costo fiscal sería de $1.164.172 millones (0,14% del PIB), con un costo anualizado de $1.992.853 millones (0,23% del PIB). En caso de que el beneficio subiera a $115.000 el impacto llegaría a $1.500.961 millones (0,17% del PIB), con un costo anualizado de $2.567.477 millones (0,30% del PIB).