“Los dos o nada”. La frase que el oficialismo utilizó durante meses para impulsar en el Senado los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema -ambos fueron designados “en comisión” por el Ejecutivo, y el segundo ya juró- se le volvió en contra a quienes ahora pretenden apurar y definir el destino de los dos magistrados en el recinto: el dictamen del académico aún no aparece y, de no mediar una solución en los próximos días, la única forma de incorporarlo en una sesión será a través de la habilitación con dos tercios, algo complejo y que ayuda al Gobierno.
¿Por qué se llegó a esta instancia? En agosto pasado, los dos postulantes asistieron a las audiencias públicas que realizó sin ningún inconveniente la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda la legisladora porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro). Tras meses de volteretas que incluyeron, al menos, dos negociaciones fallidas entre el Gobierno libertario y el kirchnerismo más duro -tienen 34 de 72 senadores, clave para la activación de un juez supremo-, recién en febrero último apareció en superficie el despacho de Lijo, con nueve firmas.
Bajo este escenario, si cinco legisladores solicitaran una sesión y la misma fuera convocada por la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, la situación de Lijo podría debatirse sin problemas, siempre y cuando se logre iniciar dicho encuentro, con el quorum obligatorio de 37. En cambio, si García continúa sin un dictamen, en el mismo convite se deberá reclamar su habilitación sobre tablas, con dos tercios de los presentes.
“Si no llegás ahí, estarías cambiando los 25 votos que bloquearían a cualquiera de ellos por dos tercios. Con los 72 presentes, son 48. Ni hablar que lo obligatorio es el quorum, en primer lugar, con 37. También pongo en duda eso. Entonces, es el mundo del revés. Encima, con alguien que ya juró y tendría estabilidad hasta fines de noviembre, por lo que dice el artículo 99 de la Constitución”, consideró anoche un experimentado senador a Infobae.
Cuando nació el despacho a favor de Lijo, el de García-Mansilla quedó estancado entre cuatro y cinco firmas. Con la designación “en comisión” de ambos magistrados en el máximo tribunal de Justicia, un sector importante de la oposición quiso apurar el dictamen del académico. Y surgió un problema: las rúbricas a favor, que se encontraban en un papel no validado, partieron de recreo hacia una nebulosa.
Todo ello forzó a algunos dialoguistas y al kirchnerismo a definir un plan de acción que, por lo sucedido en los últimos días, no encuentra rumbo claro. Como nadie quiere aparecer junto al Frente para la Victoria, el cristinismo dio a entender que ponía a disposición sus seis firmas, mientras que Tagliaferri y un radical sumaban dos en otro dictamen. En resumen: ocho “ganchos” repartidos en dos textos que no suman el mínimo de nueve, lo que no convierte al tema en orden del día y tampoco lo deja liberado -post siete días- para discutirse sin inconvenientes en el recinto.
En el lote de quienes firmaron -o no- algo sobre García-Mansilla en el pasado –el papel nunca oficial- y que ahora evitan expresarse para blindar al Ejecutivo son, además del oficialismo, tres legisladores radicales -Carolina Losada, por caso, quien sí milita en contra de Lijo-, y aliados como la pseudo macrista Beatriz Ávila -tiene la presidencia de la fastuosa y codiciada comisión bicameral que controla a la Biblioteca del Congreso- y el misionero renovador –no massista- Carlos Arce. El último contrató a una modelo de dicha provincia en enero pasado en la Cámara alta: lo hizo sin aclarar el objetivo y, a menos de 20 días de la luz verde como agente temporaria y las reiteradas consultas de Infobae, la dio de baja.