El Gobierno nacional oficializó la distribución de más de 30 mil millones de pesos entre todas las asociaciones de Bomberos Voluntarios del país. Por medio de la publicación de la Resolución 272/2025 en el Boletín Oficial, se estableció que los fondos sean utilizados para reforzar el equipamiento, materiales y demás elementos indispensables para la lucha contra el fuego.
Esta madrugada, la medida que permitirá que los cuarteles de bomberos de todo el territorio puedan engrosar la cantidad de suministros disponibles quedó aprobada luego de que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, aprobara el documento.
De acuerdo con el artículo 1° de la resolución, las autoridades determinaron: “Destínese a las ASOCIACIONES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, como entes de primer grado, la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON DOCE CENTAVOS ($ 31.327.182.741,12) distribuidos entre las NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (996) entidades".
Si bien la cifra total que se empeñará será superior a los 31 mil millones de pesos, el Gobierno aclaró que cada unidad de Bomberos Voluntarios percibirá un total de $31.452.994,72. Asimismo, remarcaron que el dinero deberá tener como destino “la compra de equipamiento, materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población, como así también a la conservación y mantenimiento en perfecto estado y condiciones de uso de los mismos“.
De la misma manera, la titular de Seguridad Nacional aprobó la entrega de una cifra extra, para cada federación provincial de bomberos. En este sentido, indicaron que este monto representará un total de $2.409.783.29,08, los cuales deberán ser utilizados para gastos de funcionamiento, representación, cumplimiento de las obligaciones expuestas en la Ley N° 25.054 y para la capacitación de bomberos voluntarios y directivos de cada una de las instituciones.
Por otro lado, el Gobierno confirmó que otros $803.261.090,12 serán entregados a la Secretaría de Articulación Federal, para que pueda cumplir con sus funciones de fiscalizar a cada entidad, establecimiento de centros regionales de control, compra de equipamiento, gastos administrativos, formación de instructores y diseño de cursos enfocados en la atención de desastres, guías de emergencias, libros de textos, entre otros.
En línea con esto, se dispuso que el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios reciba un total de $2.409.783.287,70 exclusivamente para ser utilizados en la Academia Nacional de Capacitación de Bomberos Voluntarios. El monto tendrá como objetivo asegurar el funcionamiento y desarrollo de la institución mencionada.
No obstante, otros $803.261.095,90 serán enviados al mismo ente, con la diferencia de que la cifra estará habilitada para cubrir los gastos de funcionamiento, representación de la entidad y de cumplimiento con los requisitos planteados en la Ley N° 25.054 y sus modificatorias.
Respecto al pago de los fondos mencionados, el Gobierno apuntó que estos serán transferidos a la cuenta recaudadora del Banco Nación y que se priorizarán a las “instituciones que hayan acreditado íntegramente en tiempo y en forma, el cumplimiento de sus obligaciones”.
Incluso, remarcaron que los primeros montos serán recibidos por las provincias que cuentan con menor cantidad de entidades inscriptas. En este sentido, explicaron que esto podría “dar respuesta al apoyo a la Ayuda Federal que pueda resultar necesaria en el supuesto de convocarse su participación frente a desastres de gran magnitud, naturales, o causados por el hombre”.
Una vez que cada entidad cumpla con la presentación de las rendiciones ante la Dirección de Bomberos Voluntarios conforme con el cronograma de vencimientos, la Subsecretaría de Gestión Administrativa se encargará de emitir los certificados de pagos.
Por último, las autoridades advirtieron que las entidades que no cumplieran con los requisitos administrativos o presentaran anomalías operativas respecto al uso de los fondos asignados, las mismas podrían ser suspendidas como beneficiarias de la medida implementada. Además, podrían iniciarse acciones legales en contra de los responsables.