Los distintos casos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, que ganaron la conversación pública en las últimas semanas, pusieron la lupa de la oposición sobre el rol del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. Sin embargo, el funcionario cuenta con el respaldo político y de gestión del gobernador Axel Kicillof y el ministro seguirá en su cargo. En la gobernación destacan el accionar del titular de una de las áreas más complejas de gobierno. Ponen como ejemplo el apresamiento de los implicados en el asesinato de Kim Gómez de parte de la fuerza de seguridad que comanda Alonso o la detención de Luis Benjamín Benítez; el asesino de Lucas Moreno, el repartidor que a fines de enero fue acuchillado en el distrito de Moreno. Los patrones se repiten, los acusados de los crímenes tenían antecedentes, fueron detenidos por anteriores casos pero liberados. La lupa del Ejecutivo se posa sobre el accionar de jueces y fiscales.
En el Gobierno bonaerense repiten una y otra vez: “No liberamos detenidos, eso es potestad de la Justicia”. Es probable que Kicillof vuelva a decirlo este miércoles en el marco de la apertura de sesiones. Cuando el gobernador hable frente a intendentes, legisladores, oficialistas y opositores, funcionarios y presumiblemente el titular de los fiscales, el Procurador, Julio Conte Grand, hará hincapié en el rol de la Justicia. El estado de vacancias en el ámbito judicial y lo hecho durante el 2024 cuando hubo una aceleración en las designaciones y el envío de pliegos al Senado provincial para ocupar distintos cargos en juzgados, fiscalías y defensorías; será otro punto destacado por Kicillof.
En septiembre del año pasado, el Senado bonaerense, consiguió la aprobación de 135 pliegos que con los 46 magistrados designados anteriormente, logró que la cantidad de vacantes en el sistema judicial de Buenos Aires se redujera de 644 a 463, lo que equivale a una disminución del 25% al 17%. Cuando la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos en la Cámara alta provincial comenzó a funcionar en marzo de 2024, la Provincia tenía 644 cargos vacantes sobre un total de 2.645 magistrados. A lo largo del año, el Senado bonaerense aprobó un total de 181 pliegos judiciales.
En medio de la conmoción por el caso de Kim Gómez, fuentes cercanas a Kicillof deslizaban que no se iba a montar algún anuncio inmediato. “No nos regimos por el principio de acción reacción. Está demostrado que eso no sirve. Acá -en la Provincia- en su momento se había anunciado la creación de una nueva fuerza de seguridad, la Policía Local, trajo más problemas que antes y la terminó absorbiendo la Bonaerense”, dicen cerca del gobernador. La referencia trae el recuerdo de la gestión de Daniel Scioli al frente de la Provincia de Buenos Aires, quien por decreto en 2014 creó una fuerza de seguridad que estaba orientada principalmente a la prevención del delito y tareas de proximidad con la comunidad, en los distritos que adherían. Duró tres años. En 2017, luego de ser objeto de críticas por parte de sectores que señalaban la falta de formación adecuada, la politización del mando, y problemas en la coordinación con otras fuerzas provinciales, se decidió disolverla y reincorporar sus efectivos a la Policía Bonaerense.
Cuando Kicillof se refirió al asesinato de Kim y habló primero en el Partido de La Costa y luego desde el Salón Dorado de la Gobernación bonaerense, se limitó a enviar condolencias a los familiares y cruzar al presidente Javier Milei, quien le había pedido la renuncia.
Sin embargo, ahora quienes trabajan en los detalles del discurso del mandatario provincial arriesgan decir que habrá algún tipo de anuncio referido a la seguridad. La oposición lo espera. De hecho, cuando estalló el caso de Kim que además incluyó una movilización a la municipalidad de La Plata y a la gobernación bonaerense en reclamo de justicia y mayor seguridad en la capital bonaerense; todos los bloques no peronistas tanto en Diputados como en el Senado pidieron por la presencia de Alonso en la Legislatura.
En el PRO se exploró pedir una sesión especial para solicitar la interpelación del funcionario y el tratamiento de distintos proyectos de ley. Sin embargo, la técnica legislativa obturó la avanzada, pues el proyecto que puntualmente pedía la interpelación de Alonso aún no cuenta con estado parlamentario. En tanto, que una iniciativa similar que había sido presentada por el Senado bonaerense Alex Campbell ya perdió estado parlamentario. Como fuera, no está previsto que por ahora Alonso asista a la Legislatura por un pedido de interpelación de los bloques no peronistas.
“El gobernador Kicillof es el que menos homicidios tiene hasta ahora, con más presos en las cárceles, el que más cárceles construyó. Entonces, dejemos de decir frases hechas. Acepten que están en campaña electoral, acepten que en el New York Time los están acusando de un grave hecho de corrupción y que lo único que hacen es politiquería barata con una tragedia para poder ocultar los graves hechos de corrupción que tienen”, dijo Alonso en las últimas horas en declaraciones a Radio Mitre.
El asesinato de Kim y el jury contra una fiscal
A la par de la línea política, en el Ejecutivo también harán hincapié en que la fiscal que había liberado a uno de los acusados por el asesinato de la niña Kim en La Plata -Sabrina Caldera- fue designada en ese lugar en 2018. Nombramiento que se dio durante la gobernación de María Eugenia Vidal y que la prestación de acuerdo que dio el Senado fue por el pliego que había elevado la exgobernadora.
En el peronismo pedirán un jury contra la funcionaria judicial. El Frente Renovador pidió la remoción preventiva de la fiscal como primera medida en resolver el jury. El requerimiento será ante la Secretaria de Enjuiciamiento dependiente de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Allí se establece que la denunciada liberó el 1° de febrero, después de un caso de tentativa de robo, al adolescente de 17 años imputado por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada en La Plata.
El pedido de juicio político se fundamenta en la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados 14441, que en su artículo 20 establece como causales para un jury a jueces y fiscales la “incompetencia, la negligencia y el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo”. Además, se solicitó investigar una posible violación de la fiscal al artículo 274 del Código Penal Argentino. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de dirigentes del espacio liderado por Sergio Massa, entre ellos el diputado nacional Ramiro Gutiérrez, la senadora Sofía Vannelli y los diputados provinciales Rubén Eslaiman y Juan Martín Malpeli. En el Ejecutivo esperan que avance ese proceso, mientras descuentan que el pliego que todavía no se trató en el Senado y nomina a Caldera para ocupar un lugar como jueza de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata, no prosperará.