El bloque Unión por la Patria intensificó su ofensiva política contra el presidente Javier Milei en el marco del caso de la criptomoneda $Libra, al presentar dos proyectos de ley que buscan revocar las facultades delegadas otorgadas al Poder Ejecutivo. Estas iniciativas se suman al reciente anuncio de un pedido de juicio político que el bloque llevará adelante en la Cámara de Diputados.
El primer proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados por la legisladora bonaerense Victoria Tolosa Paz. Este documento propone que el Congreso Nacional retire las facultades delegadas al Presidente, las cuales fueron aprobadas previamente junto con la Ley Bases. Tolosa Paz explicó la iniciativa a través de sus redes sociales, al afirmar: “Presentamos un proyecto de Ley para que el Congreso Nacional retire la delegación de facultades al Presidente de la Nación votada junto con la Ley Bases”. Este proyecto cuenta con el respaldo de 48 firmas del bloque oficialista -que ya cuenta con 98 legisladores- y establece la derogación del artículo que otorga dichas facultades.
En paralelo, un segundo proyecto fue introducido en el Senado de la Nación. Este documento lleva las firmas de miembros de Unión por la Patria, entre ellos Anabel Fernández Sagasti, José Mayans, Juliana Di Tullio y Lucia Corpacci.
Al igual que la propuesta presentada en Diputados, este proyecto también busca revocar las facultades delegadas al Presidente aprobadas por el Congreso. Sin embargo, incluye una diferencia clave: en su artículo tercero, se estipula que el Poder Ejecutivo Nacional deberá presentar al Congreso, en un plazo de 30 días desde la entrada en vigencia de la ley, un informe detallado sobre el uso de las facultades delegadas y las autorizaciones otorgadas durante su vigencia.
Ambos proyectos ya fueron ingresados en las respectivas mesas de entrada de las cámaras legislativas y están a la espera de ser debatidos en las comisiones correspondientes. Según lo establecido, estas discusiones podrán comenzar a partir del 1 de marzo, cuando se inicie el período de sesiones ordinarias del Congreso.
Las facultades delegadas que votó el Congreso de la Nación en abril del año pasado junto a la Ley Bases incluyen la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un plazo de un año, como así también la facultad para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central. El proyecto fue aprobado en el Senado de la Nación el 8 de julio de 2024 por lo cual caducan a mediados de este año.
La presentación simultánea de estas iniciativas en ambas cámaras del Congreso refleja una estrategia coordinada por parte de Unión por la Patria para limitar el alcance del Poder Ejecutivo en un contexto de creciente tensión política. La inclusión de un requerimiento de informe en el proyecto del Senado añade un elemento de fiscalización que podría generar un debate adicional sobre la transparencia en el uso de las facultades delegadas.
El informe estaba previsto en el texto original de la ley ya que establecía que “el Poder Ejecutivo nacional deberá informar mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos”. Esto hasta ahora no ha sucedido desde que se sancionó la ley
Este movimiento político se enmarca en un escenario de disputas internas y externas que involucran al oficialismo y al Ejecutivo, con el caso de la criptomoneda $Libra como telón de fondo. La relevancia de estas iniciativas radica en su potencial para redefinir el equilibrio de poder entre el Congreso y el Presidente, un tema que seguramente dominará la agenda legislativa en los próximos meses.
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