En medio de una creciente disputa entre el Gobierno Nacional y los municipios por la aplicación de tasas municipales, la Coalición Cívica (CC) reactivó un proyecto de ley presentado en 2018 por Elisa “Lilita” Carrió, que apuntaba a prohibir que las tasas municipales sean incluidas en las facturas de servicios públicos, una práctica que, según el oficialismo, contribuye a la superposición de tributos y dificulta la lucha contra la inflación.
El diputado Juan Manuel López, miembro de la CC fue quien volvió a presentar el proyecto. En su cuenta en la red social X López explicó que propone una modificación al artículo 248 del Código Penal para establecer penas más severas a los funcionarios públicos que aprueben normativas que impliquen una doble imposición de impuestos, contribuciones o tasas, en contraposición con el Régimen de Coparticipación Federal.
El proyecto de ley, que cuenta con estado parlamentario, plantea un único artículo que incorpora un agravante al artículo 248 del Código Penal. Este artículo actualmente sanciona el abuso de poder de los funcionarios públicos con penas de seis meses a dos años de prisión. La propuesta de la CC eleva estas penas a entre uno y cuatro años de prisión, además de una inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, para aquellos funcionarios que dicten, sancionen, aprueben o ejecuten leyes u ordenanzas que resulten en una doble imposición tributaria.
Según detalló Juan Manuel López, el objetivo es poner fin a lo que considera una práctica abusiva por parte de algunas provincias y municipios, quienes habrían utilizado su poder tributario para implementar mecanismos que eluden las normativas diseñadas para evitar la doble imposición, tales como la Ley de Coparticipación y el Convenio Multilateral.
López argumentó que la doble o múltiple imposición tributaria vulnera principios constitucionales como la igualdad en materia tributaria, la capacidad contributiva, el derecho de propiedad y la razonabilidad. Además, subrayó que estas prácticas afectan directamente a los contribuyentes, quienes terminan asumiendo una carga fiscal desproporcionada.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ha sido uno de los principales críticos de las tasas municipales, señalando que estas dificultan los esfuerzos del Gobierno para combatir la inflación. El Ejecutivo ya ha tomado medidas concretas para limitar el alcance de estas tasas. Entre ellas, se encuentra la prohibición de que los proveedores de servicios públicos incluyan en sus facturas cargos que no estén directamente relacionados con la prestación del servicio.
Además, el Gobierno ha iniciado acciones legales contra el Municipio de Lomas de Zamora y la provincia de Buenos Aires por la denominada “tasa vial”, que consideran ilegal. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para desalentar la creación de nuevas tasas municipales y evitar que estas sean cobradas de manera indirecta a través de las facturas de servicios públicos.
La postura del Gobierno Nacional ha generado un fuerte rechazo por parte de los municipios, representados por la Federación Argentina de Municipios (FAM). Los intendentes han cuestionado las declaraciones del ministro Caputo y han defendido la necesidad de mantener ciertas tasas municipales para financiar obras de infraestructura que, según ellos, el Gobierno Nacional ha dejado inconclusas.
Algunos intendentes han señalado que estas tasas son esenciales para cubrir los costos de servicios y proyectos que los municipios han tenido que asumir debido a la falta de apoyo financiero del Ejecutivo. En este contexto, han pedido al Gobierno que retome las obras paralizadas y que brinde mayores recursos para garantizar el desarrollo local.
Un debate que trasciende lo económico
El conflicto entre el Gobierno Nacional y los municipios no solo tiene implicancias económicas, sino también políticas y legales. Mientras el oficialismo busca limitar el alcance de las tasas municipales para aliviar la carga fiscal de los contribuyentes y controlar la inflación, los municipios defienden su autonomía y la necesidad de contar con recursos propios para financiar sus actividades.
Por su parte, la Coalición Cívica, a través del proyecto de ley impulsado por Elisa Carrió y retomado por Juan Manuel López, busca establecer un marco legal más estricto para evitar la doble imposición tributaria y garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales en materia fiscal.
El debate continúa abierto y promete ser uno de los temas centrales en la agenda legislativa y política en los próximos meses. Mientras tanto, los contribuyentes siguen siendo los principales afectados por una disputa que pone en juego no solo la distribución de recursos, sino también el equilibrio entre las competencias del Gobierno Nacional y los municipios.