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Argentina modificó su voto y acompañó en la ONU la resolución para prevenir la violencia contra las mujeres

Había sido el único país que manifestó su rechazo a mediados de noviembre. No obstante, Francisco Tropepi, el embajador ante ese organismo, explicó por qué el Gobierno no está de acuerdo con el contenido del documento

Francisco Tropepi modificó el voto de Argentina sobre la resolución para prevenir la violencia contra las mujeres en el entorno digital

Argentina modificó su voto y apoyó una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) sobre la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas en entornos digitales. A mediados de noviembre había sido la única nación que manifestó su rechazo: otros 170 países votaron a favor -incluidos Estados Unidos e Israel- y 13 se abstuvieron.

Según explicaron a Infobae fuentes de Cancillería, la decisión buscó aclarar la posición de Argentina porque “se podría haber generado la impresión de que al país no le interesaban los derechos de las mujeres, y no es así”.

Durante la reunión de la Tercera Comisión de la Asamblea General, el embajador argentino ante ONU, Francisco Tropepi, aclaró que en relación con la resolución para intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas en el ámbito digital (res. A/C.3/79/L.17/Rev.1) “la República Argentina en su compromiso para velar por los derechos y la protección de todas las personas que habitan el suelo argentino, ha decidido acompañar el título de esta resolución”.

Sin embargo, inmediatamente aclaró que el país quería “dejar constancia de su dis-asociación en todos sus párrafos”. Según el funcionario argentino, “se debe a la incorporación de agendas distintas de la mujer en dicha resolución”.

“La Argentina observa con preocupación que las buenas intenciones disfrazan intenciones aviesas y se pregunta, a la vez: si la resolución versa sobre la violencia contra la mujer en el ámbito digital, ¿qué relación se da con la mención a la salud reproductiva o a la promoción de los derechos reproductivos, a los métodos anticoceptivos modernos o el aborto saludable en esta resolución? La agenda de la mujer no debería invocarse con otros fines que la protección de la mujer”, continuó.

Y agregó: “En la resolución se advierten, además, visiones estereotipadas sobre la asociación de la pobreza y la violencia o la incidencia de la violencia en países en desarrollo que no se ajustan a la evidencia científica que demuestra el origen multicausal de la violencia y la necesidad de un abordaje complejo y consecuente. Por otro lado, se observa que en la resolución existen términos amplios e indefinidos, como hate speech, misinformation, o disinformation, que por su falta de definición clara podrían usarse abusivamente para restringir la misma libertad de expresión que afirman proteger”.

“Por último, para toda la resolución la República Argentina entiende que la palabra género debe entenderse como referida a la proyección social del sexo femenino o masculino, porque lo que no se nombra no existe y la resolución persistentemente para referirse a la mujer utiliza el término género que tiene una significación distinta. Por todas estas razones, coincidiendo absolutamente con la protección contra la violencia digital, la Argentina se ve en situación de tener que disociarse y solicita que sea registrado en las actas de la sesión”.

La resolución, propuesta por países como Albania, Alemania, Andorra, Bolivia, Colombia, España y México, destaca la gravedad de la violencia digital y su impacto “desproporcionado” en mujeres y niñas, instando a los Estados a fortalecer sus políticas para combatirlo. Reconoce también el papel de la educación y la participación de la sociedad civil para enfrentar el problema.

En otro tramo, la resolución exhorta a que los Estados deben establecer normativas para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas e insta a que se promueva el acceso a recursos y servicios de apoyo para víctimas de violencia, garantizando su acceso a justicia y a la rehabilitación.

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