La Cancillería argentina no aprobará la investigación en aguas del Mar Argentino de un buque británico dedicado a tareas científicas, el RRS James Cook, que entre fines de diciembre y gran parte de enero de 2025 iba a efectuar trabajos de ese tipo.
El Consejo Federal Pesquero había dado su autorización a fines de noviembre para que el buque realizara una misión en aguas jurisdiccionales argentinas. Pero según informó el diario Clarín desde el ministerio que conduce Gerardo Werthein eso no se producirá. El buque se encuentra actualmente en Mar del Plata.
El Consejo Federal Pesquero (CFP) cuenta con 10 integrantes. Uno por cada provincia con litoral marítimo (Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) y otros cinco de diversos organismos estatales, entre ellos uno por Cancillería. Las provincias se opusieron en la votación y sus objeciones giraron acerca del impacto medioambiental, pero fue determinante ante la paridad el voto del titular de ese organismo, que vale doble.
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La misión iba a tener la participación de un observador de la Armada argentina y un investigador de la Universidad de Buenos Aires. Las investigaciones se iban a llevar a cabo entre el 26 y el 30 de diciembre de 2024, y del 2 al 30 de enero de 2025.
Guillermo Carmona. ex secretario de Malvinas durante gran parte del gobierno de Alberto Fernández, le dijo a Infobae que “no es razonable que se den este tipo de permisos. Porque pueden relevar información sensible y estratégica para nuestros intereses, como las características de nuestra plataforma submarina”. El ex funcionario también le dijo a este medio que el Gobierno actual discontinuó investigaciones que hacía la Argentina en este ámbito, en colaboración con otros países del continente como Brasil y Chile. Legisladores de Tierra del Fuego ya presentaron un pedido de informes en el que piden explicaciones sobre el hecho.
La embarcación británica, que fue botada en 2006 y posee una eslora de casi 90 metros -según el sitio especializado Pescare-, tenía como objetivo dos tareas: una era el Atlantic Meridional Transect (AMT), un proyecto integral del Centro Nacional de Oceanografía que forma parte de la iniciativa Atlantic Climate and Environment Strategic Science – Atlantis, que tiene como objetivo estudiar parámetros oceanográficos, biológicos, químicos y físicos en el Atlántico Sudoccidental mediante una serie de transectas planificadas.
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La otra tarea estaba vinculada al proyecto COSSMoSS (Capturing Oceanic Submesoscales, Stirring, and Mixing with Sound and Simulations), liderado por la Universidad de Exeter, que busca profundizar el conocimiento sobre los flujos oceánicos submesoscales y las dinámicas internas en áreas de intercambio entre cuencas del Atlántico Sudoccidental.
Entre las atribuciones que posee el Consejo Pesquero no figura la de aprobar misiones científicas, algo que debe determinar Cancillería. EL CFP es el que distribuye anualmente cuántas toneladas puede pescar cada buque en aguas argentinas. En la zona económica exclusiva hasta las 200 millas se puede navegar libremente, pero la explotación de los recursos es potestad de la Argentina.
Las relaciones diplomáticas entre Argentina y Reino Unido atraviesan un período calmo, más desde que en septiembre la entonces canciller Diana Mondino y su par británico David Lammy, con el aval del presidente Javier Milei, firmaran un acuerdo estipulando diversas áreas de cooperación. Allí se habían incluido la continuidad de los viajes de familiares argentinos de los caídos en la Guerra en Malvinas que se desarrolló entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, la vuelta de un vuelo mensual San Pablo (Brasil) a las islas y algunas concesiones sobre el tema pesquero.
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Ciertas tensiones se habían producido a comienzos de año, cuando el buque polar británico David Attenborough se dirigió a la Antártida atravesando aguas argentinas. Fue entre el 21 y el 26 de enero y mereció la intervención de Prefectura Naval Argentina que detectó el incidente y activó el procedimiento previsto ante las navegaciones ilegales en la plataforma continental marina.
Según el decreto 256/2010 firmado por la entonces presidenta Cristina Kirchner, toda embarcación o artefacto naval que transite entre los puertos del continente argentino y de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, o atraviese las aguas jurisdiccionales con estos destinos, debe solicitar una autorización previa. Algo que no ocurrió en esa ocasión.
La historia se repitió el 22 de noviembre, cuando arribó luego de haber partido desde el puerto de Harwich -en el Reino Unido-, y con recaladas en la isla portuguesa de Madeira, en Recife (Brasil), Montevideo (Uruguay), y las Islas Malvinas.
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