El PRO fue el gran perdedor de la urticante sesión realizada este jueves en el Senado, donde se expulsó al peronista disidente Edgardo Kueider: una errática estrategia del macrismo dejó a medio bloque en defensa del ahora ex legislador, en medio de idas y vueltas con el Gobierno libertario, que viró de postura y votó de manera unánime por la remoción del entrerriano.
Para entender este embrollo, hay que ir primero a la semana pasada. Tras la sesión solicitada por el kirchnerismo para echar a Kueider, el jefe del Pro y aliado más que usual de la Casa Rosada, Luis Juez, se adelantó y avaló ese camino. En realidad, eran dos los que tenían esa postura tomada: el cordobés y la porteña Guadalupe Tagliaferri.
El PRO realizó una reunión de bloque el martes, donde se decidió dar quorum y, con ello, empujaron con esa presión la convocatoria a una sesión. No obstante, nunca hubo un sendero unánime sobre qué hacer en el recinto, más allá de lo expresado por Tagliaferri y Juez. Las señales que llegaban del partido hablaban, ese día, de un guiño a la suspensión.
Retomemos la jornada de hoy. Con los discursos de Juez y Tagliaferri -el mejor de la jornada- consumados y, antes que finalizaran los cierres de bloque previos a la votación de la expulsión de Kueider, se pasó a un cuarto intermedio de más de una hora.
Lo más interesante ocurre a partir de a partir de ello. Allí, libertarios y dialoguistas analizaron la opción de insistir con la suspensión de Kueider y sumarle el desafuero solicitado, horas atrás, por la jueza Sandra Arroyo Salgado. El objetivo era, ante un pedido de extradición, que el entrerriano quedara detenido aquí, pero sin que su banca pasara a manos de la camporista Stefanía Cora, lo único que le importaba al hoy victorioso kirchnerismo.
A falta de 10-15 minutos para reanudarse la sesión, apareció el comunicado de la Mesa Ejecutiva del PRO. Es decir, Mauricio Macri. “Hemos decidido plantear la suspensión sin goce de sueldo y el desafuero del senador Edgardo Kueider hasta que finalice el proceso judicial en su contra. Consideramos fundamental garantizar la transparencia y el respeto a las instituciones mientras se esclarecen los hechos. Continuaremos trabajando con firmeza para defender los valores de la justicia y la responsabilidad pública”, enfatizaba el texto.
Mientras recibían la noticia los legisladores macristas y también de otras bancadas, el oficialismo apareció en el mismo convite y deslizó, sin chistar, un viraje de la suspensión hacia la expulsión de Kueider. Es decir, lo contrario de lo que se intentaba consensuar. De hecho, toda la bancada libertaria votó con el kirchnerismo.
Lo del PRO derivó en papelón: mientras Juez y Tagliaferri ratificaron su voto -se agregaron la tucumana Beatriz Ávila y la pampeana Victoria Huala- por la remoción, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero -responde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich-, el entrerriano Alfredo De Ángeli, la chubutense Andrea Cristina y el misionero Enrique Goerling Lara lo hicieron en contra. Cumplieron la orden macrista -pero distinta de la de su propio jefe de bloque- y quedaron, con el destino cantado, alejados de la amplia mayoría agravada que expulsó a Kueider.
“No hay que darle una banca al kirchnerismo”, rogó minutos antes del momento de la verdad y con frenéticos mensajes la diputada y ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. En el recinto hubo fuertes cruces entre libertarios y macristas, incluso, con amenazas de pugilato. Un panorama complejo a corto plazo.
También quedó en la mira el ahora ex interbloque del entrerriano, de inobjetables contactos con soldados de primer nivel de la Casa Rosada. Su jefe, Carlos Espínola, primero lo hizo a favor de la remoción y después cambió a rechazo. En tanto, el también peronista disidente Juan Carlos Romero se abstuvo. En tanto, la neuquina Lucila Crexell y Alejandra Vigo -sobre el final, la cordobesa trató de sumarse al lote de los “buenos”- avalaron la expulsión.
Segundo comunicado
Por la noche, el PRO sacó un nuevo comunicado y enfatizó: “El procedimiento correcto era seguir el camino institucional de suspensión sin goce de sueldo y desafuero solicitado por la jueza Sandra Arroyo Salgado. Este procedimiento, que respeta el debido proceso, requiere un trámite, por lo menos, similar al aplicado en la Cámara de Diputados en el caso De Vido durante el gobierno de Juntos por el Cambio”.
“Dicho trámite consiste en girar el expediente del desafuero, otorgar un plazo mínimo para el derecho a defensa -que puede incluir un descargo por escrito- y proceder a la suspensión del legislador. Alternativamente, también podría optarse por la expulsión siguiendo el mismo procedimiento. En el PRO somos coherentes y respetamos las normas para evitar impugnaciones judiciales. El peor escenario es que un acto de corrupción quede impune por la violación de los procesos legales”, agregó la mesa directiva del macrismo.
El Pro advirtió: “Resulta llamativo que quienes se oponían a impedir que un condenado en segunda instancia fuera candidato hoy expulsen sin el mínimo debido proceso a un senador (Edgardo Kueider) mientras protegen a otro (Oscar Parrilli). Esto demuestra, una vez más, que como hemos sostenido siempre, no existe acuerdo alguno con el kirchnerismo que pase el más mínimo filtro republicano. Seguiremos defendiendo los valores de la institucionalidad, la justicia y la transparencia como lo hicimos desde nuestra irrupción en la política argentina, hace más de 20 años”.