Luego de que el Gobierno fortaleciera la lucha contra los extranjeros que delinquen en el país, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó cómo funcionará el nuevo sistema que se aplicará con el objetivo de garantizar que puedan ser expulsados más rápido del territorio. “Así como muchos países tiene sus restricciones, Argentina tiene que cuidar porque, además, es cuidar los impuestos de la gente”, sentenció.
Tras haber vuelto a quedar al frente de la cartera de Seguridad nacional, la funcionaria pública ratificó su intención de modificar el régimen migratorio actual. “En la Argentina hay un sistema que a la mitad de la pena se pueden ir, ahora si son delitos más pequeños, la expulsión puede ser inmediata”, explicó al agregar que trabajarán para que “nadie que tenga antecedentes pueda entrar”. Una medida que recordó que había sido aplicada durante su antigua gestión durante la presidencia de Mauricio Macri, pero que había sido eliminada en 2021.
“Es un contrato con la sociedad y nuestra Constitución dice: ‘Bienvenidos todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino’, pero que quieran venir a trabajar, a desarrollarse, a formar su familia, pero no a robar, no a delinquir, no a matar”, apuntó Bullrich al ironizar que “bastante tenemos con los delincuentes argentinos como para además tener delincuentes extranjeros”. En línea con esto, reveló que su equipo comenzó a trabajar en las modificaciones que se aplicarían al Código Penal para garantizar la continuidad de las expulsiones exprés.
Durante una entrevista con Luis Majul por la señal de La Nación +, la titular del ministerio confió: “Estamos conformando las figuras penales para poder lograr expulsiones rápidas, ya tenemos muchas expulsiones exprés”, para luego ejemplificar con la recaptura de un delincuente dominicano que se había fugado de una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires y había intentado escapar a Paraguay. “Ahora va a tener esa expulsión a la República Dominicana, que es donde pertenece esa persona”, adelantó sobre el destino del ex fugitivo condenado por delitos vinculados al narcotráfico, tras felicitar por medio de la red social X a la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía de Paraguay por el trabajo en conjunto que realizaron.
En este sentido, remarcó que el prólogo de la Constitución Nacional “es una invitación a la buena fe, pero no a venir a ser delincuentes, narcotraficantes, tratantes de personas, eso no lo queremos”. Y subrayó la necesidad de que el país endurezca sus políticas migratorias al indicar que “así como muchos países tienen sus restricciones, Argentina tiene que cuidar porque, además, es cuidar los impuestos de la gente”.
Previo a esto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que las modificaciones tienen como finalidad lograr “una legislación armónica con el resto del mundo”. Por este motivo, se buscará penalizar la prohibición de reingreso de los extranjeros que hayan sido expulsados en otra ocasión, sin importar si fuera por problemas migratorios o por haber cometido un delito, y establecer sentencias contra quienes violen los requisitos de ingreso al país.
“Quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que manifiestan durante el trámite migratorio, se quedará del otro lado de la frontera”, describió el portavoz oficial, y agregó que “se incorpora una pena de prisión en caso de que el extranjero viole la prohibición de reingreso al país”.
Por otro lado, Bullrich defendió la medida de cobrar un arancel a los extranjeros que accedan a los servicios de salud y estudien en las universidades nacionales, al considerar que “va a significar un retorno de dinero de los impuestos de la gente”. Aunque destacó que la decisión dependerá de cada institución, señaló que la habilitación de la medida sería una forma de subsanar que haya “profesionales que luego se van a otro país y ejercen en otro país”.
“Esperemos que las universidades entiendan que reciben el dinero de los impuestos de los ciudadanos y que lo tienen que cuidar”, recordó la funcionaria pública al sentenciar que “si los extranjeros no tienen injerencia en la vida política argentina y no pagan impuestos, no pueden recibir un beneficio”, con relación tanto al poder estudiar una carrera de grado, como al acceso gratuito a la atención médica.
De la misma forma, la ministra señaló que las universidades privadas harían un negocio a partir de la inscripción de extranjeros al enumerar que “pagan la matrícula, alquilan cerca del barrio, los barrios crecen, se arman restaurantes y lugares para dormir”, y cuestionó: “¿Por qué no lo podemos hacer con las universidades públicas?”. Finalmente, destacó que sería una manera de que gane la Argentina por medio del reconocimiento de la calidad de la educación superior.