En el marco del anuncio del paquete de medidas en materia de salud y educación para extranjeros, el vocero presidencial Manuel Adorni adelantó este martes que el Gobierno busca ampliar la lista de delitos incluidos en el régimen migratorio que motivan la deportación de ciudadanos de otros países. Si bien el proyecto no está finalizado, el Ministerio de Seguridad y de Justicia ultiman los detalles de la medida que, según adelantaron a Infobae, tiene como objetivo lograr “una legislación armónica con el resto del mundo”.
Según pudo reconstruir este medio, en los puntos en los que trabajan -tanto el Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona como el de Seguridad de Patricia Bullrich- está la idea de penalizar la prohibición de reingreso cuando el extranjero fue expulsado por diversas razones, ya sea por migraciones o por un delito. Se debe a que, con las normas actuales, cualquier ciudadano de otro país con antecedentes penales puede ingresar a la Argentina.
También pretenden penar a quienes violen los requisitos de ingreso al país, ya sea con un fraude en la declaración jurada o el uso de documentos falsos. Otro ítem que trabajan por estas horas es la posibilidad de penalizar a la persona expulsada que vuelve a ingresar al país, ya que no está contemplado como delito hoy en día.
Por otro lado, el Gobierno pone bajo la lupa la facultad de extrañamiento de la Ley de Migraciones, que establece la expulsión del país de los presos extranjeros que hayan cumplido la mitad de sus condenas. “Es cierto que es más barato para el país expulsar al condenado extranjero a mitad de la condena, pero cuando llegan a su país quedan libres”, detallaron. La normativa establece también que la concreción de la expulsión da por cumplida la pena impuesta originalmente por el tribunal competente.
El caso más relevante fue el de Luis Mario Vitette Sellanes, el ladrón del siglo, uno de los líderes y protagonistas del histórico robo al banco Río de Acassuso, ocurrido el 13 de enero de 2006. En el 2013 lo expulsaron hacia Uruguay a través de la figura del “extrañamiento” de la Ley de Migraciones. Al no tener antecedentes penales en su país de origen, Vitette Sellanes pudo vivir en libertad con la promesa de no volver a la Argentina.
“Buscamos que exista una legislación armónica con el resto del mundo y cumplir con el preámbulo que plantea que de recibir a todo hombre de bien”, detallaron los responsables del proyecto que llevará adelante el Gobierno.
Estas medidas se suman a las que adelantó el vocero presidencial, quien aseguró que “si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia o si se lo detiene por violentar el sistema democrático atacando las instituciones será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”.
“Quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que manifiestan durante el trámite migratorio, se quedará del otro lado de la frontera”, indicó Adorni. “Se incorpora una pena de prisión en caso de que el extranjero viole la prohibición de reingreso al país”, concluyó.
El paquete de medidas que anunció el vocero presidencial incluye el arancelamiento de Universidades Nacionales y la atención en hospitales públicos para extranjeros no residentes. “Hoy uno de cada 3 estudiantes de medicina es extranjero”, ejemplificó el funcionario. “Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio”, añadió.
También detalló la nueva política para el sistema de salud público. “Vamos a disponer el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros tal como la conocemos hasta ahora. Los organismos nacionales, provinciales o municipales van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar los servicios a quienes no residan en el país”, afirmó.