La Cámara de Diputados volverá a reunirse hoy, en una sesión especial convocada para las 10, con el objetivo de avanzar en el tratamiento del proyecto de ley de Ficha Limpia. Esta sesión fue solicitada por el diputado Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO, y otros legisladores, con el fin de modificar la normativa que restringe la candidatura de ciertos perfiles en las elecciones.
La intención de los amarillos, junto con UCR, Coalición Cívica, LLA, y algunos miembros de Democracia para Siempre y Encuentro Federal, es lograr alcanzar los 129 diputados necesarios para conseguir el quórum. La semana pasada, este grupo de legisladores no alcanzó el número requerido, quedándose a un solo diputado de poder tratar el tema, ya que solo lograron reunir 128 diputados sentados en sus bancas.
Hoy se conocerá el posicionamiento de todos los bloques. Si bien se descarta la ausencia de Unión por la Patria, se espera conocer el papel que desempeñará el resto, teniendo en cuenta que la norma genera diversas críticas. “Primero, que es acotada; se pueden tener candidatos con causas por narcotráfico, pero no por corrupción”, explicaba un diputado que dará quórum, pero que buscará insertar modificaciones al texto.
Otro conflicto relacionado con la norma que promueve el PRO, y que cuenta con el respaldo de LLA más por un acuerdo político que por un interés legítimo, es el de las provincias. “En algunos distritos, los gobernadores controlan la justicia, lo que les otorga una ventaja competitiva frente a una posible denuncia”, explicaron a Infobae.
Sin embargo, una de las críticas más relevantes proviene de varios diputados, quienes perciben que la propuesta de Ficha Limpia pone en riesgo las competencias políticas. “En los últimos años, el poder que más ha acumulado es el Judicial, y con esta ley se les está dando la llave para que ellos decidan quién puede ser candidato”, expresó un legislador de la oposición que aún no ha definido si estará presente hoy a las 10, o si esperará detrás del cortinado.
El texto del dictamen de mayoría, respaldado por el PRO, establece que la inhabilitación de un candidato se activará “desde que exista una sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando sea confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”. La confirmación por parte de “un órgano judicial de instancia superior” sería la sentencia de la Cámara de Casación.
Quedarían incluidos los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento, el fraude en perjuicio de la administración pública y todos aquellos delitos incorporados al Código Penal o por leyes especiales, en cumplimiento con la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Este último punto es el que buscarán discutir y modificar los diputados de otros bloques que acompañan al PRO y a LLA, ya que consideran que hay delitos que también deberían excluir a los posibles candidatos. “El problema es que lo que se quiere aprobar no es bueno, pero tiene muy buena prensa. Y la presión sobre eso es difícil”, explicó un legislador.
Por su parte, el kirchnerismo presentará su propio dictamen al recinto, el cual, al ser un dictamen de minoría, podría tener opciones si la mayoría no logra los votos necesarios. El bloque de Unión por la Patria plantea que las condenas solo deben quedar firmes cuando la última instancia se expida, es decir, la Corte Suprema, y propone agregar a la lista otros delitos económicos.
Tal como ocurrió en las dos últimas jornadas, el quórum estará confirmado a las 10:31 de la mañana, cuando el presidente de la Cámara observe el tablero y determine si se ha alcanzado el número necesario. La realidad es que, al igual que en las sesiones anteriores, salvo el PRO, que se muestra confiado, el resto de los bloques considera que el número mágico para abrir el debate y conseguir la media sanción está “muy finito”.
Además de este proyecto, también se discutirá la creación de un Registro de Electores Residentes en el Exterior, como parte de una ley sobre los derechos, obligaciones y requisitos de los ciudadanos argentinos que votan fuera del territorio nacional. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar la participación electoral de los argentinos en el exterior, asegurando que sus derechos como votantes estén protegidos y que puedan ejercer su voto de manera efectiva.
Por último, se abordará la modificación del Código Procesal Penal y el Código Procesal Federal en relación con el juicio en ausencia del imputado. Este tema es de especial relevancia en el contexto de garantizar el debido proceso y los derechos de los acusados, incluso cuando no están presentes en el juicio.