Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires advirtieron que recurrirán a la Justicia para determinar si la intención del Gobierno, de auditar la casa de estudios, es legal. “La UBA es auditada y quiere seguir siéndolo”, sostuvo la institución en un comunicado difundido el último viernes donde especificó que le solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN) que la vuelva a incluir en el Plan de Auditoría 2025, así como lo hizo en el 2021, 2022 y el 2023.
“Para terminar de despejar cualquier tipo de sospecha respecto a la voluntad de la UBA de someterse a todos los controles legales existentes, además de solicitar una auditoría externa independiente, la Universidad ha decidido llevar la controversia respecto a quién debe ejercer el control interno sobre las casas de altos estudios ante el Poder Judicial, único órgano que la Constitución consagra para resolver este tipo de conflictos y aplicar debidamente la ley”, expresó el texto divulgado, donde además se advirtió que acatará la resolución judicial “ya que en nuestro Estado de Derecho son las y los jueces, y no los funcionarios del Poder Ejecutivo ni sus empleados, quienes deben interpretar en última instancia el sentido y alcances de la Constitución, de las Leyes de la Nación y de los derechos y libertades de las y los ciudadanos”.
En ese sentido, la UBA avisó que lanzó una convocatoria nacional e internacional “para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre el sistema de control interno de la universidad, a fin de seguir brindando información indudable a la ciudadanía”. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la institución especificó en la red social X que para tal fin se llamó a una licitación.
No obstante, el comunicado oficial detalló a quiénes le rinde cuentas la UBA y destacó que se trata de “uno de los entes más controlados y auditados del sector público”: a la Auditoría General de la Nación (AGN); al Poder Legislativo; “a través de la cuenta de inversión que es la rendición de cuentas del presupuesto anual”; el Poder Ejecutivo; “con informes mensuales de gastos a la Subsecretaria de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano; y balances semestrales a la Contaduría General de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía”; a la Auditoría General de la Universidad, “independiente de la administración universitaria”; y a “toda la sociedad a través de la publicación en la web institucional de los informes de su auditoría interna y el desarrollo de sus políticas de transparencia”.
Para las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, la SIGEN “no tiene competencias” para auditar a las universidades nacionales ya que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) “depende directamente del Presidente y la Constitución sólo le otorga funciones de control interno del Poder Ejecutivo”.
Con el fin de sostener esa argumentación, el comunicado de la UBA explica que el artículo 98 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 dice en términos indudables que la SIGEN puede controlar a “las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo”.
“Las Universidades son autónomas y no dependen del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, la SIGEN no tiene competencias para controlarlas, como no tiene tampoco competencias para controlar al Poder Legislativo o al Ministerio Público. Esta no es una opinión de la Universidad: es la letra de la ley”, sostiene el comunicado y va más allá: “La SIGEN no agrega nada a la transparencia pública del Estado ni a la información con que cuentan los ciudadanos”.
Las autoridades de la UBA consideraron que se acusa a la universidad de falta de transparencia porque “detrás de la falsa discusión sobre la rendición de cuentas hay un verdadero ataque ideológico a la idea misma de la universidad pública libre, gratuita, y masiva” y que el Ejecutivo quiere “controlar” qué se enseña en la universidad, “cómo se enseña y a quién se enseña”.
“Quiere convertir a la SIGEN en su caballo de Troya para arremeter contra el corazón del sistema universitario: la libertad académica. Quiere poder decidir qué saberes o disciplinas son valiosos y cuáles no, qué docentes pueden enseñar y cuáles no, qué alumnos tienen derecho a asistir a la universidad y cuáles no”, amplía el comunicado, que puso foco en la autonomía de la casa de estudios: “La autonomía protege el derecho a la educación universitaria libre y gratuita de todas y todos los argentinos; la resguarda de la intervención y arbitrariedad de los gobiernos de turno. Sin autonomía no hay educación libre, y solo se enseña lo que el gobierno de turno quiere, cuándo el gobierno quiere, dónde el gobierno quiere, y a quiénes el gobierno quiere”.