Continúa la polémica entre el Gobierno y la Universidad de Quilmes por el cese de inscripciones para dos carreras

El gobierno nacional apuntó contra el rector de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) luego de que la casa de estudios anunciara el cese de inscripciones en dos carreras informáticas debido a falta de presupuesto. “Al día de hoy no se registra ninguna nota de pedido de ampliación presupuestaria”, aseguró Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, a través de su cuenta de X.

“Extrañamente, en las conversaciones directas con el rector jamás me mencionó que tuviera un problema de financiamiento de estas carreras”, agregó el funcionario de Milei, e invitó a la autoridad de UNQ a pasar por la Subsecretaría y “traer un plan para ponerse al día con las rendiciones de fondos”. De acuerdo con el gráfico publicado por Álvarez, la institución solo rindió el 36% de las cuentas desde 2021, adeudando un 64 por ciento.

El conflicto se remonta a este miércoles, cuando la universidad comunicó su decisión “no deseada, pero inevitable” de cesar -hasta nuevo aviso- las inscripciones en la Tecnicatura Universitaria en Programación Informática y la Licenciatura en Informática. La decisión se basó en la imposibilidad de invertir en tecnología para dictar clases, ampliar el plantel docente e incluso retener a los profesores, debido a la emergencia presupuestaria.

La inversión nacional en educación cayó un 40% este año en comparación con 2023. La baja fue de 40,2% si se analizan los fondos vigentes para la función “Educación y Cultura” dentro del presupuesto nacional. Y si se analizan sólo los fondos de la Secretaría (ex Ministerio) de Educación de la Nación, la caída en 2024 fue del 43% en términos reales, según el último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación.

“La universidad no puede garantizar el acceso en condiciones adecuadas a dichas carreras”, indica el comunicado de la UNQ, publicado en redes sociales y en el sitio oficial de la universidad. Actualmente más de 5.500 estudiantes están inscriptos.

“Ambas propuestas académicas del área informática han tenido un crecimiento exponencial. En años previos, las exigencias planteadas por el desarrollo de estas carreras en progreso fueron atendidas con apoyo del Estado Nacional y con el compromiso de recursos propios”, añade el texto.

Ambas carreras seguirán dictándose para los estudiantes actuales, al tiempo que se mantendrán las propuestas de formación profesional cortas y vinculadas al área tecnológica. “Se espera que el actual apremio económico se revierta para poder retomar la inscripción de nuevos estudiantes”, cierran.

En los próximos días el Gobierno avanzará con su plan para auditar a las universidades públicas, con el objetivo de controlar el uso de las partidas que reciben del Estado. El director de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Miguel Blanco, reveló detalles de esta tarea, que estuvo en el centro de la polémica luego del veto presidencial que derogó la Ley de Financiamiento Universitario.

“Vamos a trabajar primero en el programa de trabajo que será fundamentalmente en el control del uso de los fondos públicos que reciben las universidades”, sostuvo el síndico, cuyo organismo esta semana volvió a recuperar la atribución de revisar las cuentas de las casas de estudio.

Blanco recordó que la SIGEN ya había auditado universidades en el pasado, pero que hubo un cese de esta actividad tras un dictamen del exprocurador del Tesoro, Carlos Zannini, en 2022, durante la gestión del Frente de Todos.

Según el contador, las auditorías comenzarán la semana próxima “con algunos casos como la Universidad de La Matanza”. Para el resto aún falta armar los equipos de auditores y luego se priorizará en qué universidades seguir “en función de los volúmenes de fondos y calidad de convenios”.

En cuanto al alcance de las auditorías, el directivo subrayó que el organismo se encarga fundamentalmente de ver el “sistema de control interno, estudiar los procesos y controles que hay en cada una de las reparticiones y después a través de un muestreo revisar el uso de los fondos”, dijo en declaraciones al programa No hay plata, que se emite por Radio con Vos. Y aclaró que no intervendrán en cuestiones relacionadas con la autonomía universitaria, tal como la designación de autoridades o la elección de carreras y profesores: “Eso no está dentro de nuestro alcance”.

Blanco señaló que los informes estarán disponibles para el público a través de los mecanismos de acceso a la información pública y podrían ser publicados en la página web del organismo. “Lo que hay que hacer es ver las facultades”, puntualizó. Según deslizó, uno de los puntos que estarán bajo revisión son los convenios firmados. En concreto, si los trabajos encargados a las universidades se realizan con recursos propios o si, como ha ocurrido en algunas ocasiones, se subcontratan a terceros.

El plan de auditorías llega en un momento de máxima tensión entre el gobierno de Milei y las autoridades de las universidades. Tanto los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), como el Frente Sindical de docentes universitarios y el movimiento estudiantil, aglutinado en la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los centros de estudiantes, exigen un incremento de las partidas presupuestarias ajustado, a la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Con la asignación de los recursos que destinó Milei a la educación superior, el personal docente y no docente perdió un 30% de poder adquisitivo.