Luego del veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, el Congreso deberá decidir si mantiene el rechazo del Ejecutivo o insiste con la legislación original. En este contexto, el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro aseguró que el partido amarillo aún no tomó una decisión al respecto; por el contrario, se encuentra en una tensión entre la defensa de la educación pública y mantener el equilibrio fiscal, dos “banderas históricas” de la agrupación política.
El miércoles se llevó a cabo la segunda Marcha Federal Universitaria. El principal reclamo era la promulgación de la ley de financiamiento y una recomposición salarial para los docentes y no docentes. Sin embargo, el decreto con el veto total se publicó horas después de la movilización en el Boletín Oficial. De esta manera, tal como sucedió con el rechazo a la fórmula de movilidad jubilatoria, serán los legisladores quienes decidan el futuro de la iniciativa.
Ante este escenario, crece la expectativa por las decisiones que tomarán cada uno de los partidos; sobre todo, aquellos que acompañaron al Gobierno con la cuestión previsional. Al ser consultado en el programa Verdad/Consecuencia al aire de TN sobre la postura que tomará el PRO, Finocchiaro alegó que el partido se reunirá durante el fin de semana para poder tener una discusión interna.
De esta manera, reveló que en el PRO “hay una tensión entre dos banderas históricas”. “Una de ellas es la defensa de la educación pública, que para nosotros tiene un valor enorme, sino fíjate la revolución permanente educativa que hubo en CABA desde el 2007, las cosas que hicimos cuando fuimos Gobierno nacional”, mencionó.
En ese sentido, la otra bandera a la que refirió es “el equilibrio fiscal”, por lo que aclaró que “Argentina está en un momento sumamente difícil porque el kirchnerismo te dejó un efecto devastador, de una guerra, sin que hubiera guerra”.
Según precisió, en medio de este debate, los miembros del bloque del PRO tomaron “el compromiso de no explicitar su posición personal hasta no cerrar la discusión”. “También estamos hablando con el Gobierno porque esto en algún momento tiene que tener una salida”, aclaró.
Además, al ser consultado sobre si el ex presidente y titular del PRO, Mauricio Macri, dio algún tipo de indicación, Finocchiaro contestó: “No, le delegó eso a Cristián Ritondo que es quien tiene que decidir eso”.
A su vez, señaló que el fondo del reclamo es la cuestión del sueldo docente al decir: “Esto hay que ponerlo en su eje, estamos hablando de una discusión salarial de docente y no docentes, no estamos hablando de nada más que de eso”. Por esto mismo, recordó que el Gobierno hizo una oferta del 6,8%, por lo que consideró que “hay que seguir dialogando, tener voluntad e imaginación de ambas partes”. “Yo creo que las partes no encontraron el canal para cerrar, con imaginación y buena voluntad lo pueden cerrar”, añadió luego.
La oposición busca sesionar la semana próxima para tratar el veto a la ley de presupuestos universitarios. En un principio, la sesión se iba a convocar para la semana del 16 porque varios legisladores tenían viajes previstos. Pero ante la confirmación del veto por parte de Milei, se aceleraron las negociaciones y todos estarán presentes la semana que viene para debatir.
El único antecedente cercano de esta situación es cuando 87 diputados votaron a favor del veto a la ley que establecía una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Pese a que el Gobierno apostará a buscar los mismos números, en la Cámara de Diputados entienden que ese grupo se desangra. Por ejemplo, el diputado larretista, Álvaro González, y una senadora del mismo grupo, Guadalupe Tagliaferri, participaron de la movilización. Además, otros del PRO, especialmente del interior del país, plantean dudas respecto de la medida presidencial.
Tal como sucedió con la cuestión previsional, uno de los principales argumentos del presidente Javier Milei y su Gabinete para oponerse a la Ley de Financiamiento Universitario es que “no cuenta con previsión presupuestaria ni recursos a utilizar para su financiamiento”.
Entre los considerandos del decreto también advierten que la eventual aplicación de las prescripciones del referido proyecto de ley implicaría un gasto adicional de aproximadamente $811.569.000.000 (ochocientos once mil quinientos sesenta y nueve millones de pesos)”. Ahora, el Congreso será el que decida el futuro de la legislación.