La CGT se llevó más de lo que pensaba de su reunión con tres funcionarios clave de Javier Milei como Guillermo Francos, Julio Cordero y Santiago Caputo: logró que el Gobierno diera marcha atrás sobre el artículo anti-bloqueos y aceptara consensuar la reglamentación en una mesa de diálogo tripartita, lo que significa que se abre una instancia en la que se atenuará ese punto de la reforma laboral.
Pero, además, hubo una yapa: el asesor estrella del Presidente les ratificó que el Gobierno no dará su apoyo al “proyecto Tetaz”, como llaman al proyecto de Democracia Sindical que les pone límites y controles al gremialismo y que el jefe de Gabinete había frenado la semana pasada. Ahora, la confirmación que brindó Santiago Caputo a la CGT es que esa iniciativa, impulsada por la UCR, el PRO y otros partidos, no será avalada en ningún momento por el Poder Ejecutivo.
Los dirigentes dialoguistas de la CGT no podían ocultar esta tarde su satisfacción por el resultado del encuentro que tuvieron en la Casa Rosada. Los principales puntos acordados con el jefe de Gabinete, el secretario de Trabajo y el asesor de Milei fueron negociados en las últimas semanas, pero en la cúpula cegetista no tenían garantías de que la respuesta estuviera tan en sintonía con sus reclamos.
“Lo importante es que Guillermo Francos auguró una nueva etapa de diálogo y dijo que ese diálogo tiene que ser institucionalizado, no solamente planteado en la relación bilateral con nosotros, sino que la idea es también incorporar al sector empresario”, dijo a Infobae el líder de la UOCRA, Gerardo Martínez, del ala moderada de la CGT, quien resaltó: “Nosotros apostamos al diálogo, no tememos al diálogo y tenemos argumentos para defender nuestras posiciones”.
La presencia en la comitiva de la CGT de representantes de dos gremios en conflicto, como Roberto Fernández, el líder de la UTA, que es uno de los promotores, junto con Pablo Moyano y los aeronáuticos, del paro en el transporte del 17 de octubre, y del secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero (UDA), y de Daniel Ricci, de FEDUN, que agrupa a los docentes universitarios, no fue casual: si bien no se habló en concreto de la huelga dispuesta por la Mesa Nacional del Transporte, se plantearon los reclamos salariales de la UTA, que agrupa a los choferes de colectivos, y si se abre una vía de negociación con este sindicato podría desistir de su convocatoria al paro anunciado.
Respecto del conflicto universitario, Francos ratificó que el Presidente vetará en forma total la ley de financiamiento del sector, aunque les propuso a los sindicalistas integrar una mesa de diálogo con el Gobierno para analizar los reclamos de mejoras salariales. Sin embargo, esa iniciativa no altera la realización de la marcha universitaria de este miércoles que, según se prevé, será multitudinaria.
Aunque no hubo tantas precisiones, también sobrevoló en la reunión la intención oficial de crear un esquema similar de una mesa de diálogo para solucionar los problemas que atraviesan las obras sociales: lo admitió Francos luego de un detallado informe sobre la situación crítica del sistema sindical de salud que hizo el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).
Al salir de la Casa Rosada, Héctor Daer (Sanidad), uno de los cotitulares de la CGT, dijo que no habían hablado del paro del transporte, pero que “se avanzó” en el conflicto salarial de la UTA porque se dictó la conciliación obligatoria y admitió que se había conversado sobre la situación en Aerolíneas Argentinas, pero no dio detalles: “Planteamos es que teníamos que tener un mecanismo de comunicación y de gestión de determinados temas que hacen a la vida de todas las actividades que representamos y que tenemos que tener una forma de poder interactuar con el Poder Ejecutivo”.
El sindicalista habló también del acuerdo para consensuar la reglamentación del artículo de la reforma laboral que penaliza los bloqueos al considerarlos una injuria laboral grave, y, por lo tanto, causal de despido justificado: “¿Qué va a modificar? Que para la decisión de que se considere una toma o un bloqueo va a haber un tercer sector, que es una comisión tripartita, y no un órgano administrativo el que va a decir si existe o no un bloqueo y no va a ser un tema discrecional”.
Este punto traerá alivio a sindicatos como Camioneros, donde Hugo y Pablo Moyano impulsan los bloqueos contra las empresas como su modalidad predilecta de protesta, pero provocará rechazos en el ámbito empresarial ya que la idea del Gobierno es aceptar el planteo de la CGT de atenuar el artículo anti-bloqueos, que no se reglamentó justamente para no ceder ante las presiones sindicales.
La CGT propuso incluir en la reglamentación un procedimiento previo ante la Justicia para que los empresarios planteen el despido de quienes realizan los bloqueos, postura que respaldó Santiago Caputo, pero finalmente esa idea fue frenada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y se tomó la decisión de no reglamentar ese polémico punto.
En una entrevista con Infobae, apenas conocido el decreto reglamentario, Sturzenegger -que por entonces parecía haberle ganado la pulseada a Santiago Caputo por este tema- admitió que “la redacción que hizo el Congreso es fuertísima porque habla de bloqueo total o parcial”, algo que puede generar “un cierto halo de discrecionalidad” para determinar los alcances de una protesta.
El primer rechazo por la marcha atrás del Gobierno provino del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), encabezado por Juan Méndez: advirtió que “si se generar un órgano administrativo en donde participarán los representantes sindicales que tendrá facultades para establecer cuando se verifica un bloqueo a una empresa, los gremios nuevamente estarán de los dos lados del mostrador, anulando la previsión legal recientemente sancionada (en la Ley Bases). “Mínimamente, un dislate que pone en jaque el artículo 28 de la Carta Magna”, consideró.
“Es torpe creer que la histórica mala práctica gremial mafiosa y patotera se va a terminar haciendo que estos mismos personajes participen de la reglamentación de un artículo que, a primera vista, no requiere de reglamentación alguna; todo lo contrario, requiere su aplicación”, añadió.
Para el MEAB, “dar un paso adelante en éste sentido será transformar en letra muerta lo que el Congreso de la Nación ha sancionado y está vigente”. “Integrar al sindicalismo para reglamentar una práctica ilegal que ellos mismos llevan adelante -finalizó- implicará socavar la voluntad popular de un país abatido por las sistemáticas y recurrentes crisis económicas”.