Cristina Kirchner no se resigna a saber quién estuvo detrás de los afiches que la tildaban de “asesina” y la responsabilizan por las muertes del Covid-19. La pegatina fue en marzo de 2022. Pasaron más de dos años y medio. Esta semana, el juez Manuel De Campos decidió archivar la investigación. Pero la ex vicepresidenta apeló ese fallo y pidió declarar como víctima.
El 28 de marzo de 2022 la Ciudad de Buenos Aires amaneció inundada de afiches con la imagen de Cristina Kirchner y la leyenda “Culpable de 35.000 muertes. Asesina” en clara alusión a las muertes por el Covid-19.
Ese “escrache” motivó un repudio inmediato de Alberto Fernández, que se sintió incómodo con la situación. A partir de ese momento intervinieron tres jueces, de tres fueros distintos. Se hicieron allanamientos y se determinó cuánto se pagó por los carteles y dónde se imprimieron. Pero nunca se llegó a los autores intelectuales. Este lunes, el juez De Campos decidió archivar la causa principal, tal como reveló Infobae.
Ahora, la ex vicepresidenta, en su rol de querellante, apeló el fallo y cuestionó al magistrado en duros términos. “Ha decidido archivar la causa con un argumento absolutamente arbitrario y exiguo, cambiando radicalmente la tipificación de los delitos para justificar el absurdo y no cumplir con sus deberes de funcionario público que es ni más ni menos que investigar un delito que a todas luces es de acción pública”, dice el escrito presentado por el abogado Gregorio Dalbón.
Durante meses, la investigación estuvo frenada por una disputa de competencia que llegó hasta la Corte Suprema y motivó la intervención del Procurador General Eduardo Casal. El Máximo Tribunal terminó opinando que la causa tenía que tramitar en el fuero criminal y correccional, en línea con el pedido de la querella y de la Fiscalía.
Pero este lunes, el juez De Campos cerró la causa argumentando que ya se habían descartando todas las figuras penales y que no se podía encuadrar como una calumnia o injuria porque la propia afectada, la ex vicepresidenta, no la impulsó como tal. “Si bien Cristina Fernández de Kirchner es parte querellante en este proceso, no podemos desconocer que adquirió esa calidad, con una pretensión procesal diferente y sin cubrir con todas las exigencias que se establecen para una querella por un delito de acción privada”, sostuvo el magistrado.
Ahora, la defensa de la ex vicepresidenta pidió que la decisión sea revisada por la Cámara del Crimen y que se tomen las medidas de prueba pendientes. Entre otras cosas, nunca se determinó quién era la misteriosa “Micaela” que pagó por los afiches. Esa mujer se comunicaba con la imprenta a través de un número desconocido y un correo electrónico que luego dio de baja.
Tampoco se investigó el código QR que aparecía en los afiches. En realidad, está pendiente una respuesta de la empresa “GoDaddy LLC”, que debería informar quién estaba detrás del dominio que vinculaba a ese código: “CRISTINAUTA.ORG”.
En su apelación, Cristina Kirchner reclamó que la citen a declarar y que además sea convocado el empresario Enrique “Pepe” Albistur, que presentó una denuncia apenas ocurrió el hecho porque se usaron los carteles de su empresa para la pegatina. “Es derecho de mi persona -como víctima-, tener la oportunidad de contar de qué manera afectó a mi persona aquellas manifestaciones publicitadas en la vía pública”, sostuvo la ex vicepresidenta ante la Justicia.
El archivo de la causa también fue apelado por el fiscal Leonel Gómez Barbella, quien ya venía reclamando que se terminen las medidas de prueba. “No se agotó el examen de los hechos en relación con todas las posibles calificaciones legales aplicables al caso, ratificando nuestro convencimiento de que el decisorio a través del cual el Juzgado N° 5 de este fuero dispuso el archivo de la actuaciones por no poder proceder merece ser revocado, al menos por prematuro”, sostuvo el fiscal.
Gómez Barbella además introdujo un argumento nuevo sobre el “escrache” contra Cristina Kirchner: habló de posible violencia de género. “En el presente caso, se pudo observar cómo el hecho de que una de las víctimas del hecho fuera una mujer profesional, que se desarrolla en diversos ámbitos de política y de poder y que, por cierto, era quien ocupaba las más altas esferas de la vida institucional del país, no impide que haya sido objeto de distintos medios de violencia -eventualmente- por cuestiones políticas”, sostuvo.
La ex vicepresidenta se sumó a ese enfoque: “No solo adherimos a lo manifestado respecto de la violencia de género sino también no descartamos que mi persona haya sido objeto de violencia por cuestiones políticas”.
Los afiches y las pistas sin investigar
Los afiches se distribuyeron en la madrugada del 28 de marzo de 2022. Los primeros que cayeron fueron los dos hombres contratados para realizar la pegatina: Christian Mendez (29) y su padre Darío (53). Ante la justicia porteña, declararon que fueron contratados por un empleado de la imprenta “Vía Graphic” y que cobraron un adelanto de $45.000 y luego otros $35.000 para pegar los carteles en Paseo Colón, Plaza de Mayo, Plaza Congreso, Plaza Vicente López, Avenida Libertador, Avenida Callao, Avenida Santa Fe, 9 de julio y Paseo del Bajo.
Los investigadores comenzaron a reconstruir los días previos. Por los testimonios y las cámaras de seguridad se comprobó que el viernes 25, entre las 16 y 17 horas, Christian Méndez fue hasta la imprenta de Lanús en su camioneta, donde le entregaron unos 500 afiches.
Al día siguiente, el 26 de marzo, un chofer de Uber, a bordo de un Fiat Palio blanco, llevó un adelanto del dinero para financiar la campaña. El hombre, identificado como Emanuel Montiel, fue captado por las cámara de seguridad del lugar con una gorrita y un sobre de papel madera en la mano. En ese sobre estaba el dinero y un pendrive con el afiche. Con los mails y otras pruebas obtenidas, la Justicia determinó que se pagaron $470 mil pesos.
Cuando lo interrogaron, el chofer acusó a una mujer de 61 años que tenía domicilio en Recoleta, a muy pocas cuadras del departamento de la ex vicepresidenta.
Esa mujer fue identificada como Nilda Lilian Melhem. El juez De Campos ordenó su detención pero la desestimó a las pocas horas. Los investigadores revisaron sus redes sociales y no encontraron ninguna vinculación política. El único dato llamativo, teniendo en cuenta el contenidos de los carteles, fue que había posteado la muerte de su padre por COVID. No alcanzó. La pista sobre esa mujer se fue desinflando con el paso de los días.