
Habían pasado pocos minutos de las 11 de la mañana de ayer cuando Jorge Macri ingresó a la explanada de la Casa Rosada. Se bajó del auto de camisa y corbata, se puso el saco gris y avanzó hacia el primer piso para reunirse mano a mano con Javier Milei. El propio Presidente lo había citado para firmar el Acta Acuerdo sobre el traspaso de las 31 líneas de colectivo que circulan en territorio porteño. Eran de jurisdicción nacional y necesitaban rubricar ese pacto para transferir la competencia completa a la Ciudad de Buenos Aires. Lograr ese entendimiento implicó discusiones extensas y trabadas a lo largo de dos semanas. Incluso, hubo reuniones con intercambios de alta tensión. Pero el panorama se destrabó y oxigenó por un instante el tironeo entre ambas jurisdicciones. Por elevación, es también un punto clave en la relación política entre el PRO y La Libertad Avanza.
Por parte del Gobierno nacional, Franco Mogetta, secretario de Transporte, sobrellevó múltiples conversaciones con Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura de la Ciudad, a cargo de transporte. El ingeniero, de hecho, acompañó ayer a Macri a Casa Rosada. También se involucraron en las negociaciones Néstor Grindetti, jefe de Gabinete porteño, y Gabriel Sánchez Zinny, vicejefe de Gabinete. Cuando la tensión escaló, el propio jefe de Gobierno se comunicó con Luis Caputo, ministro de Economía, que tiene bajo su responsabilidad del área del funcionario cordobés. Incluso, el titular del Palacio de Hacienda había hablado antes del tema con el propio Mauricio Macri. Finalmente, hubo luz verde.
La reunión entre Milei y Jorge Macri a solas duró 10 minutos. Fue breve, un tanto fría, pero en un marco de cordialidad. Luego, el diálogo se amplió con la presencia de Mogetta, Bereciartua y Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación. Y el cónclave se extendió cerca de una hora. Repasaron los términos del acuerdo, hicieron una foto y cada uno siguió por su lado.

El debate por la coparticipación
Pero ahora la discusión entre la Nación y la Ciudad sigue en torno a la coparticipación que el Estado debe pagarle al gobierno porteño. Hay un litigio entre ambas partes, cuyo fallo de fondo aún no salió, que se sujeta a una medida cautelar que emitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre de 2022 en favor CABA. Ordena pagarle a Uspallata el 2,95% de los fondos coparticipables en forma de goteo diarios a través del Banco Nación.
Desde agosto, Milei le está pagando a Jorge Macri. Sin embargo, no lo hace por goteo diario, como dispuso taxativamente el fallo del máximo tribunal, sino que mediante transferencias semanales -los viernes- de $20 mil millones. Como el mecanismo es ajeno a la orden judicial, el Gobierno porteño toma ese dinero a cuenta de la deuda acumulada desde el 2022 por incumplir la sentencia. El equipo económico del alcalde calcula que esa cifra supera los U$D 4 mil millones. El entorno de Caputo rechaza ese guarismo, aunque reconocen que es una suma millonaria.
Como contó Infobae, ese desacuerdo respecto a la forma de pago del 2,95% de coparticipación motivó una discusión muy fuerte entre Jorge Macri y Carlos Guberman, secretario de Hacienda, durante la audiencia que ambas partes tuvieron en la Corte el 22 de agosto. Los ministros del máximo tribunal habían citado a Caputo. Pero el ministro alegó tener “compromisos previos” y se ausentó. En el PRO deslizaron que el faltazo fue como represalia de Milei a la movida de Mauricio Macri en el Congreso. Fue la misma semana en la que algunos diputados macristas votaron para rechazar el DNU de fondos reservados para la SIDE y, luego, los senadores amarillos apoyaron la Ley de movilidad jubilatoria. “No tiene nada que ver. Toto estaba complicado de agenda y avisó el día antes que no podría estar”, explican en el Ministerio de Economía.

Alejandro Rodríguez, secretario de la Corte que medió la audiencia, les pidió a Macri y a Guberman que en 10 días hábiles remitieran un escrito para argumentar las posiciones de ambos. Ese plazo se cumple mañana. A última hora de ayer, Martín Ocampo, procurador General de la Ciudad, ultimaba detalles del texto para exponer la postura del gobierno porteño. En el Palacio de Hacienda fueron más cautos. “Estamos a tiempo aún”, respondieron. Según supo este medio, José María García Hamilton, secretario Legal y Administrativo del Ministerio, y el secretario de Economía se ocupaban del tema con la supervisión de Caputo.
La Ciudad, por su parte, insistirá con el mismo planteo. Sin embargo, no se descarta una tregua en la presión política. Entienden que el acuerdo por el traspaso de los colectivos alivió la relación entre las partes y abrió camino a buscar un punto de encuentro sobre la coparticipación. De hecho, Jorge Macri reconoció ayer que algo clave para avanzar con asumir costo de los subsidios a los colectivos fue que Nación empezó a abonar la coparticipación.
“Debo decir que los pagos del 1 de agosto en adelante, aun con este sistema distinto, el Gobierno nacional los está respetando. Eso influyó en nuestra decisión de poder asumir el subsidio para los colectivos, porque si hubiéramos estado sin el pago de la coparticipación, habría sido imposible hacerlo”, se sinceró ayer Jorge Macri en diálogo con Facundo Pastor en Radio La Red.
“La Corte nos pidió en la última audiencia que expliquemos por qué para nosotros era importante la forma de pago, como está planteado en la cautelar. Y Nación tiene que explicar por qué para ellos no y, eventualmente, cómo garantizar otra forma de pago”, agregó el alcalde porteño respecto a los próximos pasos.
Cabe recordar que en el fallo de 2022, la Corte resolvió que la Casa Rosada debía darle a la Ciudad un 2,95% de los fondos coparticipables y que debía hacerlo por goteo, de manera diaria, a través del Banco Nación. Originalmente, la Ciudad percibía un 3,5% por coparticipación. Quien había resuelto el aumento de esa cifra había sido Mauricio Macri durante su presidencia, con el fin de financiar el traspaso de la Policía de la Ciudad. En 2020, Alberto Fernández aplicó un recorte y llevó el coeficiente a 1,4%, con el argumento de destinar esos fondos para las fuerzas de seguridad del gobernador Axel Kicillof.
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