La Sala IV de la Cámara de Casación Penal definirá si vuelve a imponer la inhibición general de bienes del ex presidente Alberto Fernández, su ex secretaria María Cantero y el empresario Héctor Martínez Sosa y más de una decena de acusados en la causa Seguros, en la que se investigan hechos de corrupción con pólizas contratadas por el Estado durante el último gobierno kirchnerista.
Los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Diego Barroetaveña hicieron lugar a la queja que presentó el Ministerio Público Fiscal al levantamiento de la inhibición general de bienes que dispuso la Cámara Federal de Apelaciones, según informaron fuentes judiciales.
El juez federal Julián Ercolini había dispuesto meses atrás la inhibición general de bienes de Alberto Fernández, del broker Héctor Martínez Sosa y de su esposa, Marta Cantero, como así también de Pablo Torres García y otra decena de empresarios y empresas vinculadas al mercado del seguro.
La causa investiga la posible existencia de una organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales durante el gobierno anterior y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes, mediante la intervención de la aseguradora Nación Seguros. También se investiga la inclusión de empresas coaseguradoras como parte de la presunta maniobra ilegal para cobrar de manera irregular.
La denuncia, que presentó la ANSES y el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, se hizo por una supuesta violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, tipos penales provisorios en esta etapa del proceso. A partir de este proceso y de las diligencias que se pusieron en marcha -como por ejemplo el secuestro de los teléfonos celulares de los involucrados- se desprendieron otras investigaciones, la más impactante, la que tiene al ex presidente como acusado y a su ex pareja, Fabiola Yañez, por violencia de género.
Al comenzar la investigación, el juez Julián Ercolini decretó la inhibición general de bienes de las personas físicas y jurídicas involucradas, con el objetivo de impedir que los acusados dispongan de su patrimonio y, en caso de corresponder, afronten las consecuencias económicas de los delitos que se investigan. Ante esa decisión tribunal de primera instancia, las defensas apelaron y la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Buenos Aires, con voto de los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah dispuso el levantamiento de las medidas. Mientras tanto, el juez Martín Irurzun se había pronunciado por mantenerlas.
“La adopción de una medida cautelar gravosa como la inhibición general de bienes requiere, como mínimo y en principio, que se hubiere convocado a declarar a indagatoria a los imputados, por sospecharse su participación en delitos. Esto lo impone la ley. Y aquí, todavía, el juez no lo ha decidido; tampoco lo pidió una parte acusadora. Ni se explicó –ni se ve, hoy- alguna circunstancia excepcional que autorice a salir de esa regla. Obviamente, de avanzarse en la instrucción, modificándose el panorama actual, podrá reexaminarse la cuestión”, aseguró Farah en la resolución que revirtió la inhibición decidida por el juez Ercolini.
Ante esto, la Fiscalía de Cámara presentó un recurso de casación y ante su denegación acudió en queja a la Cámara Federal de Casación. La decisión de la Casación de hacer lugar implica que admite el caso y que analizará si fue correcto, o no, el levantamiento de las inhibiciones generales de bienes. Antes de resolver sobre el fondo, la Cámara de Casación deberá fijar una audiencia en la que escuchará tanto la pretensión del fiscal como las de defensas de los acusados.