Este lunes se agotó el plazo establecido para que al activista Jones Huala apele la medida de expulsión que decidió el gobierno de Gabriel Boric y regresó al país, luego de ser trasladado por Carabineros desde la localidad de Valdivia hasta la frontera entre ambos países. El arribo del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) era inminente y los vecinos de Villa Mascardi expresaron su preocupación y repudio por el regreso del “lonko”.
Jones Huala quedó en libertad hace más de 10 días y poco después el gobierno trasandino dispuso la expulsión del país, a través de una decisión que emitió el Ministerio del Interior.
Sin embargo, a los pocos días, volvió a ser detenido por un altercado que mantuvo con uno de los médicos que lo asistía, quien le negó el alta médica y ordenó que permanezca bajo estrictos cuidados médicos.
Ese episodio, que lo llevó a los tribunales de Nueva Imperial, aceleró el proceso clínico y los facultativos finalmente decidieron darle el alta.
El regreso al país no fue inmediato porque aún transcurría el plazo para apelar la expulsión que ordenó el gobierno de Chile, aunque vencido ese plazo plazo, este martes se concretó la expulsión.
Vecinos autoconvocados de Bariloche repudiaron el regreso del activista al país y expresaron su preocupación por su regreso.
Los vecinos sabían que el regreso del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) era un hecho y por ese motivo emitieron un comunicado para expresar no sólo su preocupación por el regreso sino también repudiar su presencia en el país que, de acuerdo a la afirmación de sus abogados, podría concretarse en las próximas horas.
Los autoconvocados afirmaron que Jones Huala “ya incurrió en actos violentos de traición a la Patria, por desconocer a nuestro Estado argentino, en favor de otra Nación que no reconoce nuestras leyes ni nuestra soberanía”.
Días atrás, en el mismo sentido, solicitaron a las autoridades nacionales que refuercen las medidas de seguridad en Villa Mascardi, ante el temor de que intente instalarse en ese sitio, donde desde 2017 la agrupación Lafken Winkul Mapu protagonizó numerosos episodios violentos, usurpaciones y ataques incendiarios.
El gobierno de Javier Milei decidió mantener el Comando Unificado de fuerzas que conformó el Ministerio de Seguridad del gobierno anterior, a instancias de Aníbal Fernández.
El grupo de fuerzas permanece en el sitio desde octubre de 2022, cuando se ejecutó el desalojo integral de todos los predios usurpados, tanto públicos como privados.
En cuanto al destino de Jones Huala, sus representantes legales en el país afirmaron que permanecerá en Bariloche durante algunos días, en el predio donde reside su madre Isabel.
Sin embargo confiaron en que el plan del activista sería seguir rumbo hacia la provincia de Chubut, para instalarse en Cushamen, donde reside la comunidad que lo tuvo durante varios años como cabecilla.
El regreso al país de Jones Huala estaba previsto para junio de este año. Sin embargo, un cálculo disímil confeccionado por la Gendarmería del país vecino, extendió la permanencia en Chile. Para repudiar la prolongación de su estadía en prisión, el mapuche inició una huelga de hambre seca que le trajo innumerables dificultades médicas, que incluso lo mantuvieron internado en el hospital Intercultural de Nueva Imperial, con una fuerte custodia de seguridad.
Finalmente la Corte Suprema de Chile falló a favor del planteo del mapuche, sostuvo que estaba detenido ilegalmente en el país y ordenó su inmediata liberación.
Los carabineros que lo custodiaban receptaron la manda judicial y le retiraron los grilletes, aunque debió permanecer internado debido a que atravesaba una insuficiencia renal producto de la falta de nutrientes y alimentos durante varias semanas.
Los vecinos Autoconvocados aseguran que Jones Huala representa “una amenaza directa a la paz y estabilidad que tanto hemos luchado por mantener. No podemos permitir que grupos como la RAM, conocidos por su ideología violenta y desestabilizadora, encuentren espacio en nuestra sociedad”.
Hicieron un llamado urgente a las autoridades para que garanticen la seguridad de los ciudadanos, tal como adelantó Infobae días atrás.