Los policías y retirados acuartelados serán acusados de sedición agravada y otros delitos, como robo y destrucción de bienes del Estado. Las autoridades misioneras preparan un operativo para recuperar el control del Comando Radioeléctrico y detener a los cabecillas.
“Han cometido varios delitos”, apuntó el ministro de Gobierno misionero, Marcelo Pérez, en diálogo con Infobae al filo de la medianoche. Todos han sido denunciados. La presentación más grave es sedición, agravada por la condición de funcionarios públicos y por estar armados. Pero también “asociación ilícita, robo de material y destrucción de propiedad del Estado”, detalló Pérez.
Luego relató que el juez de Instrucción que interviene en la causa, Ricardo Balor, ya notificó a los revoltosos de que enfrentarán estos cargos. “Se actuará con dureza y con todas las consecuencias de ley”, anticipó el ministro.
Pérez debió interrumpir la nota para atender un llamado de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien se puso al frente del comité de crisis. “Hemos recibido el apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación y de todas las provincias”, resaltó.
“Con Bullrich charlé del despliegue que vamos a realizar mañana y pasado para poner orden”, detalló. “Hemos hablado con la ministra de Seguridad para hacer un operativo conjunto con la Policía de Misiones y la Gendarmería para detener a los cabecillas y recuperar el Comando Radioeléctrico, así como aquellos bienes que fueron robados al Estado provincial, como los móviles policiales, que serán devueltos a sus unidades”, adelantó el titular de la cartera de Gobierno misionera.
“Algún personal en actividad que está dentro del Comando está armado. Por eso el cuidado en proceder y evitar daños mayores”, agregó.
El acuartelamiento comenzó luego de una protesta del personal policial que no está en actividad, tal como indicó Pérez. “Un grupo importante de retirados convocó a una manifestación piquetera. E involucraron a un grupo reducido de policías en actividad. Son más o menos 60 suboficiales y un solo oficial que se ha plegado, sobre un total de 10 mil integrantes de la fuerza”, relató el Ministro.
A párrafo seguido, consignó que la revuelta está focalizada en la esquina del Comando Radioeléctrico que mantienen tomado desde el viernes y que el resto de Posadas está en total calma y tranquilidad. El ministro subrayó que el servicio de seguridad en la ciudad capital se está brindando “con total normalidad”.
“No hay caos ni preocupación en la sociedad misionera por lo que está pasando”, abundó.
“Las imágenes que se están viendo a nivel nacional son impactantes. Pero es un grupo reducido. Ahí hay algunos docentes, planeros que se quedaron sin planes, retirados y mujeres de policías, más algún personal en actividad que dejará de estarlo porque tomaremos las medidas disciplinarias que correspondan. No se puede permitir que una persona que integra una fuerza y debe respetar el orden lo viole”, remarcó.
“Robaron un patrullero y, con la cara tapada, arrojaron gomas para luego incendiarlas. Más que policías son piqueteros. Esto deslegitima cualquier tipo de reclamo. Ahora pusieron música. La situación es casi circense”, reflexionó. “Hay inconsciencia de la medida que han tomado”, aseveró.
Pérez consignó: “No sabemos bien por qué es la protesta. Está disfrazada de un reclamo salarial. Pero el Gobierno provincial había adelantado que el lunes haría el anuncio de un aumento de haberes”. “Protestan antes del anuncio”, se quejó.
“El incremento sería el tercero del año. Acumulados, superan el índice de inflación”, subrayó Pérez. Un agente de calle, después de los descuentos, se queda con unos $ 470 mil en su bolsillo.
Los policías misioneros se jubilan a los 48 años. Y perciben el 100% del sueldo neto. “Cobra durante mucho más tiempo del que trabaja”, indicó el funcionario. Y añadió: “El promedio del haber policial es superior a cualquiera de la actividad privada” en la provincia. También puntualizó que dentro de los reclamos de los acuartelados figuran hasta situaciones personales, como traslados a otros lugares de la provincia. En este marco de irracionalidad se desenvuelven los acontecimientos.
Pérez adelantó que también se tomarán medidas con el personal retirado que participa del levantamiento. “Creen que no tienen nada que perder. Y perderán sus beneficios previsionales”, concluyó.
La respuesta del Gobierno
En horas de la tarde, cuando el conflicto causado por la protesta policial ya se acercaba a las 48 horas, desde el gobierno de Misiones informaron que se concretó una reunión entre las autoridades provinciales y los jefes de las fuerzas de seguridad a fin de alcanzar alguna solución para resolver la problemática. Se trató de un encuentro entre el Comité de Crisis prevista en la Ley de Seguridad Interior, encabezada por el gobernador Hugo Passalacqua, el vicegobernador Lucas Romero y el ministro de Seguridad provincial Marcelo Pérez.
“El juez penal ha ordenado la restitución de los bienes del Estado y el despeje de este sector donde están protestando. Este pequeño grupo de retirados y policías activos. Entre los bienes afectados se encuentran móviles, policiales, un inmueble y una autobomba. Todos bienes que han sido adquiridos con dinero del pueblo, de la provincia de Misiones, del esfuerzo de cada uno de los misioneros. Hemos también ordenado la evaluación y cuantificación del daño que esta protesta ha causado para cobrársela a aquellos que han encabezado y participado activamente de esta protesta”, señaló el funcionario a cargo de la cartera de Seguridad de la provincia.
En el comunicado, añadió: “También que si bien en el día de hoy aparenta una protesta salarial, el Gobierno provincial en cinco meses ha otorgado tres aumentos salariales que superan el índice de inflación. Y para poner un número como ejemplo, porque la grilla salarial es muy amplia, un suboficial mayor de la ciudad de Posadas. En el mes de enero cobraba $489.895. En el mes de mayo cobrará $818.175″.
Finalmente, hizo extensivo su agradecimiento a las autoridades nacionales por su apoyo frente a este conflicto: “Agradecer al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la ministra Patricia Bullrich por estar a disposición de la provincia desde el momento uno. Estamos trabajando activamente para que la Sociedad Misionera continúe con sus actividades de manera normal, pacífica. Siempre y con estricto apego a la ley y el orden. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, absolutamente nada”, concluyó.