La iniciativa, que ingresó en la Legislatura provincial hace unos días, fue presentada por el diputado Juan José Bahillo, ex secretario de Agricultura de la Nación de Sergio Massa. Pero detrás hay otras dos figuras dándole volumen político. Una es el ex gobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet. La otra es el ex titular de Aduanas, Guillermo Michel.
El objeto del proyecto es crear una empresa que se denominará “Administradora Energía de Entre Ríos SA” para que se encargue de comercializar la electricidad que produce Salto Grande. La represa, ubicada sobre el río Uruguay a la altura de Concordia, es un emprendimiento binacional con el Uruguay.
La meta es que la Administradora “desenchufe” a Salto Grande de Cammesa (compañía administradora del mercado mayorista eléctrico). Así, podría vender por su cuenta la energía que produce la represa.
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“Cammesa, por el decreto 1.192 de 1992 tiene asignadas funciones de organismo encargado del despacho del sistema argentino de interconexión. Salto Grande no está obligada por ley a venderle a Cammesa. Ahora bien: nada obsta a que la empresa provincial sea la que le venda la electricidad a Cammesa, con otros valores y en función al precio que se negocie”, explicó Michel a Infobae.
“Claramente, esto requiere de voluntad política. Pero no hay un marco normativo que impida la propuesta que se presentó”, agregó el ex titular de Aduanas.
La jugada apunta a dos fines. El primero: que Salto Grande deje de venderle energía barata, casi al nivel de costo, a Cammesa. El proyecto de Bahillo reseña que la represa percibe, en promedio, u$s 5 por Mwh. El segundo, evitar que las distribuidoras de Entre Ríos paguen tan cara la electricidad que luego impacta en las tarifas de empresas y familias. El texto que ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia resalta que Cammesa revende el Mwh a entre 40 y 50 dólares. El perjuicio para las distribuidoras entrerrianas, según el cálculo que figura en la iniciativa legislativa, está en el orden de los u$s 120 millones al año.
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El bajo precio del Mwh que recibe Salto Grande tiene también su correlato en las regalías y en los excedentes de la represa. Las ganancias tras atender costos, se las reparten Entre Ríos; Corrientes y Misiones.
La intención es que la nueva empresa estatal sea una sociedad anónima con capital mayoritario estatal. “La propuesta es mixta. Como YPF”, señaló Michel, “Cuando arranque, el 100% de las acciones sería del Estado provincial. Luego se abriría de manera transparente a oferta pública en el mercado de capitales para que ingresen accionistas” privados, apuntó.
La movida está en sintonía con el planteo que hizo hace unas semanas la Cooperativa Eléctrica de Concordia: comprar energía a Salto Grande para abaratar costos. Fue después de que Cammesa intimó a la distribuidora local por pagos atrasados. El planteo requiere modificar el esquema vigente desde la ley Dromi en los ‘90.
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La postura del gobierno
El gobernador Frigerio fue cortante sobre la iniciativa. “Todavía no hay un esquema de desregulación que permita esto”, sentenció en declaraciones a medios locales. “No necesitamos crear nuevas empresas. Ya tenemos suficientes entidades del Estado para hacer ese trabajo”, aclaró.
Asimismo, dijo que el proyecto legislativo es aún “virtual”. “Todavía no se puede comercializar directamente con una productora de energía. Hay que pasar por Cammesa”, añadió, en contraposición al argumento de Michel.
Fuentes oficiales explicaron a Infobae la postura del gobernador. Dicen que la propuesta del PJ es inviable porque el mercado eléctrico no está desregulado. Y si eventualmente el gobierno decidiera desregularlo, ya hay una empresa creada con ese fin. No tendría sentido tener dos compañías con el mismo objeto, independientemente de que sean públicas o mixtas.
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Ayer Frigerio presentó ante la Corte Suprema una demanda justamente por los excedentes y regalías de la represa de Salto Grande, algo que el peronismo venía pateando cuando estaba en el poder.
“El gobernador no tiene facultades para oponerse a algo así porque es el gobierno nacional el que tiene la facultad de desregular y eso es lo que se le planteó al secretario de Energía la semana pasada en una reunión”, precisaron.