La investigación judicial sobre el escándalo de los seguros, que ya acumula tres cuerpos, apuntó a un total de 27 productores de seguros que actuaron como intermediarios en los convenios entre diversos organismos públicos y Nación Seguros, el organismo que estaba a cargo de Alberto Pagliano, uno de los allegados a Alberto Fernández. El martes, el juez Julián Ercolini despachó 27 oficios idénticos que fueron entregados por la Policía Federal. Infobae accedió a ese listado donde aparecen personas físicas y jurídicas que tuvieron alguna vinculación con el Estado.
Entre las firmas, se destacan tres grandes jugadores del mercado internacional de los seguros: Aon Risk Services Argentina SA, Marsh SA y Lockton Soc. de Productores Asesores de Seguros, una firma que llegó hace pocos años al país. Luego aparece un grupo de intermediarios con vínculo estrecho con el Estado: Aspen Brokers, Bachellier (vinculada a Héctor Martínez Sosa), Bri Brokers, y Castello Mercuri SA, uno de los principales aportantes a la campaña presidencial del Frente de Todos en 2019.
Esas firmas recibieron el mismo oficio para que entreguen “toda la documentación referida a las contrataciones de seguros o convenios celebrados con el Estado Nacional y/o las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8 de la Ley N° 24.156, desde el 10 de diciembre de 2019 al 10 de diciembre de 2023″. El juez también les pidió los documentos sobre “las contrataciones de seguros o convenios celebrados con “Nación Seguros SA”, bajo la modalidad de coaseguro o reaseguro, y las actuaciones de las entidades contratantes de las pólizas que se vinculen con las designaciones de productores asesores de seguros (directos u organizadores) en el marco de tales contrataciones, y toda otra documentación que resulte de interés para la investigación”.
La División Operaciones Federales de la Policía Federal recibió 27 órdenes de presentación pero tenía la orden de hacer uso de la fuerza pública si alguien se resistía a entregar la documentación. No fue necesario.
En el listado de intermediarios apuntados en esta primera etapa de la investigación también se destacan Promecor Productora de Seguros, una firma ligada a Julio Comparada (ex presidente de Independiente), Net Broker SA, Valiant Brokers SA y Madero Asesores de Seguro SA.
Además hay doce personas físicas y las dos firmas que aparecen en una nota enviada por el ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, a Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados: San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. y TG Broker SA.
D’Angelo Campos fue imputado el martes junto al ex presidente Alberto Fernández y otras personas a raíz de la denuncia presentada por el Gobierno. El otro expediente se inició unos día antes con una denuncia de la abogada Silvina Martínez a la que se anexó otra presentación de los diputados Juan Manuel López y Paula Olivetto. Ambas causas quedaron a cargo de Ercolini.
Entre las personas físicas aparece Diego Savio, el intermediario que tenía un contrato millonario con la Armada, otorgado en 2022 por el vicealmirante Eduardo Antonio Traina, luego desplazado por el ministro de Defensa, Luis Petri.
El juez Ercolini arrancó con los operativos el viernes pasado en Nación Seguros y ayer terminó de cerrar el círculo con un total de 45 organismos públicos que contratan con esa firma.
Entre las reparticiones oficiales se destacan los ministerios de Economía, Seguridad, Relaciones Exteriores y Capital Humano, la ANSES, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Dirección Nacional de Vialidad, según pudo saber Infobae.
En el listado también aparecen Radio y Televisión Argentina S.E, el INCUCAI, el Estado Mayor General de la Armada, la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la ANMAT, el INTA, y hasta la Superintendencia de Servicios de Salud.
Todos los organismos tuvieron que entregar una copia de los convenios y de las pólizas de seguros contratados entre el 10 de diciembre de 2019 y 9 de diciembre de 2023 y de los intermediarios que intervinieron en cada una de esas pólizas. “El juez les pidió a todos la misma documentación y ahora va a poder saber si alguien ocultó algo”, explicó una fuente del mercado asegurador.
En el caso de la ANSES, el juez pidió una copia del sumario administrativo interno labrado por la contratación de Nación Seguros, a partir del decreto 823 de 2021, que obligó a todas las reparticiones públicas a contratar con esa firma.
El ex presidente Alberto Fernández ya está imputado en las dos causas abiertas por el escándalo, pero todavía no designó un defensor aunque hizo varias consultas antes de viajar a México. Algunos de esos abogados aseguran que “no tiene riesgo jurídico”, aunque admiten que hay mucho malestar por sus dichos, especialmente cuando habló de su secretaria, María Cantero: “No pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó”.
Cantero conoció a Fernández en los claustros de la Facultad de Derecho y lo acompañó como su secretaria desde la Superintendencia de Seguros. Pasaron más de 30 años.