
Mientras aguarda que la Corte le dé la razón en su presentación ante la justicia para restituir el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, instruyó al equipo legal del gobierno bonaerense a trabajar en futuras demandas judiciales, luego de la primera presentación que realizó este miércoles ante la Corte Suprema. Hay otros cuatros reclamos administrativos formales que el gobierno bonaerense ya realizó y aún no fueron contestados. El mandatario provincial había planteado que el presidente Javier Milei “se roba los recursos de la gente”.
Detrás de la estrategia están el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena y el Fiscal de Estado, Hernán Gómez, que es quien efectivamente representa a la provincia en instancia judicial. Pérez Teruel estuvo a cargo de la asesoría de los reclamos administrativos que distintas áreas ministeriales realizaron a sus pares de Nación ante la caída en la transferencia de recursos o, directamente, la eliminación de ciertos fondos.
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El gobierno provincial ya presentó cinco de este tipo de pedidos que cursan el orden administrativo. De ese total, hasta ahora solo uno alcanzó instancia judicial. Sin embargo, en La Plata no descartan avanzar en sede judicial en los restantes y ya preparan las presentaciones ante la Corte como ocurrió con el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI).

Otro punto que en el mediano plazo podrían reclamar tiene que ver con la no actualización del Fondo Compensador del Fondo del Conurbano que se estableció durante la gobernación de María Eugenia Vidal, a través de la adhesión que la provincia de Buenos Aires hizo al Pacto Fiscal que el entonces presidente Mauricio Macri cerró con el resto de las gobernaciones y la Ciudad. En ese entonces, Buenos Aires retiró demandas judiciales que había por la inequidad a la que era sometida en el reparto de la coparticipación federal. El fondo compensador implicaba, también, el ingreso de $21.000 millones en 2018 y $44.000 millones en 2019. Ese fondo, sostienen en la gestión bonaerense, no se actualizó desde que Milei es presidente e incluso empezó a licuarse, con lo cual no se descarta ir con un reclamo en ese sentido.
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Según lo explicitado en el pedido administrativo enviado al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, “representa una deuda de $167.379.447.829, en concepto de ajuste correspondiente al año 2023, correctamente actualizada hasta el momento del efectivo pago, considerando intereses por la demora en el pago”. Además “se requiere la inmediata corrección del monto diario a percibirse durante este primer trimestre -2024-, para que el mismo alcance los $285.467.322.618 en el total del período”.
En lo que respecta FOFOFI, lo “urgente” es que la Corte resuelva la medida cautelar hasta que defina sobre la cuestión de fondo que es declarar inconstitucional el decreto 192/2024. Buenos Aires busca, así, restituir desde el mes de enero el funcionamiento del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que representa alrededor de $88 mil millones. Si se le suma los recortes en el resto de los fondos el monto asciende a $460 mil millones.
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“No somos partidarios de judicializar la política; pero la Corte tiene que resolver, para un lado o para el otro. La demanda -hecha por la Provincia- es sólida y tiene una explicación razonada de cuáles son las causas de este fondo que el Gobierno nacional decidió cortar”, planteó a Infobae, el Asesor General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La expectativa de base es que el máximo tribunal resuelva dar lugar a la medida cautelar para que los recursos del Fondo de Fortalecimiento Fiscal se restituya y -provisoriamente- sigan dándose los desembolsos.
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En el reclamo administrativo que había hecho el gobierno de Kicillof por el FOFOFI, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, detallaba que el Estado nacional “le adeuda a la Provincia el remanente equivalente a la suma de $11.164.000.000″, por el mes de noviembre del año pasado -a pagarse en diciembre-; $33.676.934.796 que responde al 1,18% de la recaudación nacional de diciembre del 2023 que debió transferirse en enero de este año y $43.959.428.629 que también corresponden a la recaudación nacional de enero 2024 y que “debió transferirse en los primeros días de febrero”.
Hubo también un reclamo administrativo por la realización de nueve obras de infraestructura carcelaria que tenían como fin ampliar las instalaciones del Servicio Penitenciario Bonaerense y hoy se encuentran neutralizadas. Son alcaidías en Quilmes, Ezeiza, González Catán, Merlo, Mercedes, Lanús, Tres de Febrero y dos unidades penitenciarias en Moreno y Florencio Varela. De ese plan, Nación aportaba el 80% de los fondos. El saldo adeudado asciende a más de $67 mil millones.
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También se hizo un pedido administrativos por los fondos no girados que corresponden a un acuerdo sellado en mayo del 2023 entre el ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y el ministerio de Desarrollo Social de la Nación que tenía por objeto “financiar acciones tendientes a garantizar la Seguridad Alimentaria de las personas en condiciones de vulnerabilidad social que asisten a comedores escolares de la Provincia de Buenos Aires”. La deuda que denuncia Buenos Aires por este apartado asciende a más de $4.860 millones.
Además, hubo un reclamo por el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros; cuyas partidas estaban incluidas en el Presupuesto 2023 que Milei decidió prorrogar. En el ministerio de Transporte deslizan que si bien el monto varía mensualmente por la actualización de costos en base a las determinaciones de Nación, el último envío fue de $1.000 millones. Es decir, como base la deuda asciende los mil millones.
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En materia educativa el pedido fue por el Fondo de Incentivo Docente (FONID). El tema escaló semanas atrás y aumentó la tensión del gobierno nacional con los gremios docentes. Se trata de un fondo que impacta en el salario de los maestros y que se pagó desde 1998 cuando decidió establecerse, luego de lo que fue la instalación de la Carpa Blanca durante el gobierno de Carlos Menem. Abarca también los Programas Educativos Nacionales, Jornada Completa o Extendida. En febrero de este año, la Provincia absorbió el monto que implica el FONID.
Todos estos reclamos fueron hechos de forma administrativa con la firma de los ministros de cada área. Hasta el momento el único que entró en la senda judicial fue por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal. Del total de reclamos administrativos, el primero que podría trasladarse a la Justicia es el Fondo Compensador del Fondo del Conurbano que -sostienen en La Plata- la Nación lo tiene pisado.
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