La millonaria contratación para cambiar el sistema de internet y para realizar un inspección general del nuevo avión presidencial, valuada en al menos 5 millones de dólares, quedó en la mira de la Justicia. El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de una denuncia penal presentada este jueves por el abogado Pablo Nocetti, ex funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, para que se investigue la responsabilidad de los funcionarios involucrados.
Tal como reveló Infobae, la contratación se lanzó desde la Secretaría General de la Presidencia a horas del cambio de mando y con la mayoría de los funcionarios renunciados. Según la documentación a la que accedió este medio, la invitación a las empresas para cotizar se envió el viernes 1 de diciembre y el plazo vencía el jueves pasado, último día hábil del gobierno de Alberto Fernández.
La actualización del sistema de internet estaba prevista desde que se compró el avión, en diciembre del año pasado. “El sistema actual solo permite manar mensajes de WhatsApp, pero no se pueden hacer llamadas o mandar videos”, explicó un técnico que ingresó varias veces a la aeronave.
La inspección mayor del ARG-01 también era una tarea pendiente que se fue postergando. “Es un trabajo de ingenieros que analicen tarea por tarea, en este caso son 520 tareas, son al menos dos meses de trabajo”, apuntó la misma fuente.
Los dos trabajos implican un gasto millonario en tiempos de ajuste. “Son USD 2,5 millones de tarjetas de servicio, USD 500 mil de repuestos, USD 1,8 millón de hardware para internet, más la instalación”, detalló un empresario al tanto de la negociación. En total son más de USD 5 millones.
Apenas trascendió el escándalo, desde la Secretaría General argumentaron que “se iba a otorgar una prórroga” y que “la intención fue dejar los papeles ordenados” para la nueva gestión. “Ayer se volvió a prorrogar el plazo para las ofertas por una semana así lo define la nueva gestión”, respondió una fuente al tanto de la contratación ante una consulta de Infobae.
La denuncia penal de Noceti menciona la nota publicada por Infobae la semana pasada y pide que se investigue si hubo negociaciones incompatibles con la función pública, un delito previsto en el artículo 265 del Código Penal. “Resultaría posible que la maniobra la hubiere dispuesto la funcionaria encargada del área, con la finalidad de beneficiar a un proveedor determinado”, dice la presentación a la que accedió este medio. Se refiere a Florencia Gastaldi, una abogada que se hizo cargo de la Dirección General de Logística hace tres meses y sigue al frente mientras se define la designación de nuevas autoridades.
Esa área, responsable de toda la flota presidencial, quedó bajo el mando de Karina Milei.
Entre los términos y condiciones de la contratación se asegura que las ofertas serán evaluadas con criterios rigurosos: “En primer lugar, se evaluará que la oferta se ajuste a las Especificaciones Técnicas N° IF- 2023-143379158-APN-DPYMA#SGP, pudiendo solicitar información complementaria, a fin de solicitar subsanaciones al oferente en caso de ambigüedades. Una vez efectuado dicho análisis, se dará intervención a la unidad requirente, a fin de proceder con la evaluación técnica de las ofertas. Concluida dicha evaluación técnica, se procederá a ponderar las ofertas recibidas”, dice el documento que lleva la firma de Rodrigo Martin, de la Dirección de Gestión de Medios Aéreos.
Sin embargo, en el mercado aeronáutico sospechan que los pliegos de la polémica contratación se filtraron antes del 1 de diciembre para beneficiar a determinadas empresas. Ocurre que entre el lanzamiento y la presentación de ofertas había solo cuatro días hábiles. “Un taller de mantenimiento de aeronaves demora un mínimo de cuatro semanas en elaborar una cotización para una inspección general. En el caso del sistema de Internet, llegar a una cotización es más complejo”, reveló un experto.
El Gobierno compró el Boeing 757-256 en diciembre pasado, luego de un largo proceso administrativo, pero el avión recién llegó a fines de mayo. En estos meses, fue usado varias veces por el presidente, Alberto Fernández, y por el ministro de Economía, Sergio Massa. En cambio, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, nunca se subió a ese avión y utilizó para sus traslados dos aeronaves de YPF.
Para comprar el ARG 01, el Gobierno tuvo que invertir USD 21.730.000 y entregar el viejo Tango 01, que estaba valuado en unos USD 3 millones. El avión tiene capacidad para 39 pasajeros, un dormitorio principal con todas las comodidades, y otros dos dormitorios de visitas que se pueden adaptar como salas de reuniones. A diferencia del Tango 01, puede volar sin escalas hasta Europa o Estados Unidos.