El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó que el gobierno nacional inició el año pasado el proceso administrativo para comprar 100 pistolas taser.
“Las compré en octubre. Iniciamos una licitación, se presentaron diferentes oferentes y uno que en su momento se había presentado como vendedor del Estado en la época macrista nos tomó un pago que se había hecho en aquel momento y eso nos baja considerablemente el costo, ahora falta terminar el proceso”, explicó Fernández al ingresar a su oficina.
Se trata de 100 dispositivos modelo T7, con su correspondiente Kit AB3, accesorios, cartuchería y licencias, por un monto total de 293.490 dólares, que serán adquiridos por contratación directa, a través de la firma Axon Enterprise INC., según se puede leer en la resolución publicada en el Boletín Oficial el 4 de enero pasado sobre el proceso de compra que se inició en octubre de 2022 y aún no finalizó.
Si bien el oferente apareció en el marco de una licitación, la contratación será directa, sin compulsa. El Gobierno argumentó que busca aprovechar un descuento (de USD 123.500) que ofrece la firma a cambio de la entrega del lote que adquirió la gestión de Patricia Bullrich en 2019 del modelo X26P mediante la misma empresa. Esos dispositivos quedaron en desuso. La mecánica de la compra quedó plasmada en el anuncio del Boletín Oficial que detalla la medida.
La decisión del Ministerio de Seguridad -conocida ayer- generó sorpresa porque existe una polémica abierta con la Ciudad de Buenos Aires, que argumenta que el Estado Nacional no le permite ingresar al país 60 pistolas similares.
Esta mañana, Fernández fue consultado sobre qué sucedará con la habilitación pendiente para que la administración de Rodríguez Larreta incorpore el armamento. “Seguramente sí (los vamos a habilitar), pero no soy yo quien debe hacerlo”, contestó.
Efectivamente, el trámite depende de otra órbita que se encuentra bajo la conducción política del ministro de Justicia, Martín Soria.
Para entenderlo, hay que retrotraerse a 2020. La administración de Horacio Rodríguez Larreta había tramitado una autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) para comprar 60 pistolas. Ramiro Urristi, el funcionario que firmó la habilitación, fue eyectado del cargo a los pocos días de haber consentido el acto administrativo y la nueva conducción del organismo que depende del ministro Soria nunca permitió el ingreso del cargamento al país. La Ciudad pretende destrabar la cuestión por otra vía, la judicial, con un amparo que fue presentado en octubre del año pasado. Recientemente, la Justicia le ordenó al gobierno nacional que resuelva en un mes si acepta la importación de estas pistolas.
Fuentes del gobierno porteño consultadas tras las declaraciones de Fernández, precisaron que hasta el momento no hubo cambios: “No recibimos ninguna notificación de la Justicia ni de la Anmac sobre la autorización para que ingresen las Taser”. No obstante, estimaron como lógico que si se autoriza a la Policía Federal a comprar este tipo de pistolas, deberían adoptar el mismo temperamento con la Ciudad de Buenos Aires y con las provincias que deseen equipar a sus fuerzas con este tipo de elementos.
En caso de que se destrabe el ingreso de las pistolas, el gobierno porteño tiene un proyecto para crear brigadas Taser que serán desplegadas en las 15 comunas para intervenir en casos especiales como hechos violentos causados por personas enajenadas o bajo una crisis nerviosa. La semana pasada, tras el asesinato de una policía porteña en la estación Retiro del subte C, el ministro (de licencia) Marcelo D’Alessandro aseguró que el hecho se podría haber evitado con la utilización de una Taser, lo que revivió la polémica.
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