Solo, sin recibir visitas, en un calabozo de la Comisaría 36 de Dina Huapi, un pequeño y apacible pueblo turístico cercano a Bariloche, en el oeste de Río Negro. Así pasó sus primeras horas de detención desde la tarde del lunes hasta la mañana de este martes Facundo Jones Huala, el activista mapuche de 36 años de edad, prófugo de la justicia chilena desde hace un año, quien fue detenido ayer a la madrugada en El Bolsón por la Policía de Río Negro, luego de ser denunciado por ingresar a un domicilio particular rompiendo una ventana.
La Comisaría 36 es un edificio relativamente nuevo, grande, pero que habitualmente cuenta con el servicio de pocos uniformados, de acuerdo a la demanda del poblado.
Sin embargo, desde ayer a la tarde cambió la serenidad veraniega por la movilización de móviles policiales y el incremento de la dotación policial, reforzada con el COER, cuerpo de élite de la policía rionegrina, por la seguridad obligada por el inesperado visitante.
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La detención por un delito menor, como es el daño y violación de domicilio, activó dos acciones judiciales muy trascendentes: el reclamo de la justicia de Chile, que quiere la extradición para que termine de cumplir la condena de 9 años de prisión por incendiar un establecimiento rural, y la justicia federal argentina, que piden al detenido para extraditarlo.
Por acción del fiscal rionegrino Marcos Sosa Luckman, Jones Huala fue trasladado discretamente desde El Bolsón a la Comisaría 36 de Dina Huapi, por un trayecto de 150 kilómetros.
El jefe de los fiscales provinciales, Martín Lozada, anticipó a Infobae que desde hoy estará “a disposición de la justicia federal”.
En Dina Huapi fue alojado bajo custodia del personal policial provincial, en espera de su traslado al Juzgado Federal de Bariloche o al de Esquel, que dirimían anoche cuál será el encargado de procesar la extradición a Chile, cuyos tribunales ya lo solicitaron.
“El proceso por la extradición ya se inició, y va a derivar en la realización de un nuevo juicio. Los pasos a seguir son los detallados en la Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal y por el Tratado específico en la materia que Argentina tiene con Chile”, explicó a Infobae la fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare.
Lo mismo sucedió en 2018, cuando Jones Huala cayó en un control rutinario de Gendarmería Nacional en la provincia de Río Negro, y meses después fue decidida su extradición en un juicio oral y público en Bariloche, para comparecer por el incendio del fundo Pisú Pisué, en el sur de Chile.
Fue condenado a 9 años de prisión. Al cumplir la mitad de la condena, fue beneficiado con la prisión domiciliaria y faltó al primer control ordenado por la justicia chilena, que el 11 de febrero de 2022 lo declaró prófugo, pidiendo a Interpol una alerta Azul, para identificarlo y determinar su paradero.
Tras la nueva detención del lunes en El Bolsón, el Gobierno de Chile pidió elevar la alerta a Rojo, lo que incluye el pedido de extradición.
Pollera y protesta por vejación
Jones Huala reivindicó en el pasado su liderazgo del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que a su vez firmó la autoría de decenas de ataques incendiarios, agresiones personales y vandalismo en Chubut y Río Negro.
Él mismo al dejar la cárcel en Chile ofreció una conferencia de prensa en la que llamó a “hacer arder la Patagonia para recuperar el territorio mapuche”, y luego desaparecer.
Esa figura rebelde y combativa fue muy diferente a la exhibida por el mismo activista en su detención del lunes a la madrugada, en la que se lo vio con la mirada perdida, con una llamativa blusa negra con vivos dorados, una pollera de jean y las piernas desnudas calzadas con zapatillas rojas.
Un video mostró un test de alcoholemia que le practicó la policía (que marcó 1,32 gramos de alcohol por litro de sangre) y algunas fotos, generaron controversia, y una expresión de repudio del “werken” (vocero) del Parlamento Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo.
En diálogo con Infobae el dirigente indígena afirmó que el procedimiento policial “demuestra la estigmatización, criminalización y racismo en esta detención”.
“Lo exhibieron con pollera y hay una foto en la que se lo ve con pantalón. Eso es estigmatización y racismo, buscan para embarrar la cancha”, sostuvo Carriqueo.
Dijo que el caso no forma parte de la agenda del Parlamento que representa, que está abocado a la “ruptura del diálogo de parte del Gobierno nacional, que había sido comprometido por el propio Presidente (Alberto Fernández)”, por el desalojo del predio que la comunidad Lafken Winkul Mapu (que lidera Jones Huala) dispuesto por la justicia federal en octubre pasado.
“Esto no pasa solo en Argentina, es un drama de Latinoamérica, en donde los movimientos indígenas son perseguidos y criminalizados en forma permanente”, concluyó.
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