“Nuestros dos principales proveedores rescindieron el contrato que tenían. Nos queda el stock de mercadería que tenemos a la vista y nada más. Si no encontramos la forma de revertir esta situación crítica en lo inmediato, ya no vamos a tener qué vender. Así no podemos durar ni tres días”.
Juan Milohanich, de 37 años, trabaja desde chico en Distribuidora Don Juan, una pyme de Villa Luzuriaga, La Matanza, que distribuye alimentos en la zona oeste del conurbano desde hace 35 años y que es propiedad de sus padres, pero que hoy está a punto de cerrar definitivamente. ¿Qué problema afronta? Según denunció ante Infobae, como se negaron a cumplir exigencias gremiales “fuera de la ley”, el Sindicato de Camioneros estuvo detrás de las rescisiones de los contratos de Molinos Río de la Plata (tras 30 años de relación comercial) y de British American Tobacco que ponen al borde de la desaparición a esta empresa familiar de 114 empleados.
“Hay una relación directa entre la decisión que tomaron los proveedores y lo sucedido con Camioneros”, afirmó Milohanich, para quien “es imposible negociar con gente que no entiende razones, no entiende la ley, va por la vía de la ilegalidad y tiene pretensiones absurdas de plata”. La cuestión económica a la que alude es el reclamo del sindicato de que la pyme cumpla la llamada “Ley Moyano”, una modalidad que consiste en que una empresa que ganó una concesión de servicios, que cambió de accionistas o de razón social despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.
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Por el conflicto, que se remonta a 2008, la pyme sufrió una pesadilla: “En los últimos 3 meses tuvimos unos 7 bloqueos, incontables asambleas, movilizaciones con 400 personas en la distribuidora, intrusiones en nuestra propiedad con hasta 55 personas traídas por el sindicato, violencia psicológica y verbal contra los empleados y agresiones contra mis padres, como titulares de la empresa, como un episodio con un delegado en el que mi mamá terminó con el dedo fracturado”, dijo Milohanich.
La tensa situación motivó la denuncia penal del dueño de Distribuidora Don Juan contra el líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano; 4 miembros de la Delegación San Justo del gremio, Alberto Antonio Real, Pablo Gabriel Villalba, Gustavo Fleitas y Mario Villalba, dos delegados y un trabajador por los presuntos delitos de extorsión, coacción, turbación de la propiedad, lesiones y compulsión a la huelga. La familia Milohanich logró la solidaridad de numerosas pymes y el apoyo del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), desde donde surgió el asesoramiento legal de Florencia Arietto.
Los problemas para esta distribuidora que comercializa y reparte productos alimenticios comenzaron hace 14 años, cuando el gremio de Camioneros inauguró una serie de paros y bloqueos en reclamo del encuadramiento de los trabajadores, que estaban afiliados al Sindicato de Comercio, por lo que Milohanich aseguró que tuvieron que pasar a 64 de los empleados a una pyme nueva: “Nos obligaron a crear una empresa de transporte para ubicar a esos trabajadores. Fue una exigencia de ellos porque si no lo hacíamos no íbamos a poder funcionar. Así terminamos duplicando o triplicando los costos por el simple hecho de escindir la empresa con la gente que hacía las mismas tareas”.
Con la crisis de consumo anterior a la cuarentena obligatoria y, sobre todo, con la debacle económica que se profundizó luego de la pandemia, la empresa comenzó a tener dificultades para sostenerse con esta doble estructura, se endeudó y terminó con embargos que amenazaban su continuidad.
“La solución fue pasar de nuevo a los empleados de Transporte Anexo a Distribuidora Don Juan -relató el hijo de los dueños-. Los empleados estaban de acuerdo. Somos los mismos socios, la misma empresa y en el mismo lugar físico, pero apareció la exigencia de Camioneros de aplicar la Ley Moyano: nos querían obligar a pagar la doble indemnización a 64 empleados para seguir trabajando”.
La empresa rechazó esa demanda y una alternativa de que otorgaran una fuerte gratificación económica porque “era muchísimo dinero, impagable”. “Ahí empezaron los conflictos más marcados -sostuvo Milohanich-. Bloqueos, paros y asambleas que hacían imposible el trabajo. Nos dijeron que teníamos que hacerlo porque, si no, nos iban a armar lío con nuestros proveedores, y así fue”.
Según el directivo de la pyme, como consta en la denuncia penal, hubo reuniones en la sede central del Sindicato de Camioneros, en San José al 1700, en CABA, con la presencia de su secretario gremial, Marcelo Aparicio, uno de los dirigentes de confianza de Hugo y Pablo Moyano; representantes de Molinos Río de la Plata y su papá, en nombre de Distribuidora Don Juan. “Fuimos compelidos a ir. Teníamos el mensaje de los gerentes de la compañía (Molinos) que nos decían “Aflojen y negocien; dénle a Camioneros la conquista que piden”, pero el sindicato nos decía “Aprieten a Molinos porque va a poner el dinero”. Pero para nosotros es imposible negociar con gente que no entiende razones, que no entiende la ley, que va por la vía de la ilegalidad y tiene pretensiones absurdas de plata”.
Ante la firme negativa de la empresa, recrudeció la hostilidad sindical. “Tuvimos bloqueos, asambleas por cualquier motivo y un clima imposible para seguir trabajando -contó Milohanich-. La frutilla del postre fueron los 11 días en que nos bloquearon, impidieron el acceso y la salida de mercadería y llegaron 7 micros con 400 personas, muchas que se instaladas adentro de la distribuidora”.
El hijo de los dueños se quejó del “daño enorme que ha generado el sindicato y que nos deja sin posibilidad de trabajar con dos empresas que nos daban de comer: la situación es crítica, no tenemos mercadería y sólo podemos garantizar las ganas de continuar trabajando”.
Ante la consulta sobre este conflicto y la rescisión del contrato supuestamente por presión sindical, Molinos Río de la Plata dijo a Infobae que “por el momento, no habrá comentarios”. Por su parte, British American Tobacco (BAT) respondió lo siguiente: “BAT Argentina informa que, por razones estrictamente comerciales, decidió rescindir el vínculo con Distribuidora Don Juan SRL, lo cual se hizo efectivo a partir del 1° de enero de 2023. BAT aclara que la rescisión fue resuelta de pleno derecho, habiéndose cumplido con todos los plazos y condiciones establecidas en los acuerdos comerciales, con el único objetivo de hacer lo más eficiente y sustentable posible la actividad de distribución y logística de sus productos a fin de atender la demanda de sus clientes en todo el país”.
Milohanich no es optimista, pero se siente orgulloso de integrar la pyme familiar. “A esta empresa la fundó mi abuelo Juan y hoy trabajamos acá mi papá, mi mamá, mi hermana y yo -resaltó-. Con mi hermana estudiamos, incluso ella lo hizo en el exterior, y estamos en este lugar desde que nacimos porque es nuestra fuente de trabajo y nos genera mucha angustia la situación de tantas familias que dependen de nosotros. El 90% de lo que tenemos en los depósitos es de estas dos empresas y no tenemos forma de subsistir sin su apoyo. Ojalá que podamos ponerle un cierre a esto y alejarnos de esta situación conflictiva y de esta mafia que nos ha hecho tanto daño”.
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