Después de la condena dictada este martes a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Kirchner por la obra pública concedida a Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015, la expectativa judicial de la Vicepresidenta está puesta en la causa “Los Sauces-Hotesur”. La Cámara Federal de Casación Penal tiene que resolver si confirma el sobreseimiento de la ex presidenta o si lo revoca y ordena que se haga el juicio oral.
El caso Vialidad y el capítulo ‘Los Sauces Hotesur’ tienen vinculación, aunque no necesariamente directa. En ese segundo expediente se investiga a Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia y otros 30 acusados por presunto lavado de dinero en esas dos empresas de la familia de la Vicepresidenta. Puntualmente, si los alquileres de hoteles y propiedades fue una devolución de favores de empresarios, entre ellos Lázaro Báez -también condenado a seis años por la obra pública-, por los negocios que recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
La hipótesis es que el delito precedente del lavado de dinero es la obra pública en Santa Cruz, que el Tribunal Oral Federal 2 consideró que fue delictiva. No necesariamente eso implica que en “Los Sauces-Hotesur” se haya cometido el delito, pero la condena no pasa desapercibida.
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El expediente fue enviado a juicio oral y el Tribunal Oral Federal 5 sobreseyó, por mayoría, a todos los acusados. El fiscal del juicio, Diego Velasco, apeló la decisión para que sea revocada por Cámara. La Sala I, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone, hizo dos audiencias con todas las partes para que escuchar sus posturas.
“Son hechos muy graves en los que están involucrados funcionarios públicos. La Fiscalía se vio privada de representar a la sociedad en un juicio oral”, sostuvo el fiscal de Casación Mario Villar en la primera audiencia a principio de noviembre.
Con una exposición técnica sobre la figura del lavado de dinero y las doctrinas sobre los delitos, Villar señaló que el tribunal privó a la Fiscalía de exponer las pruebas de los expedientes en un juicio oral. El fiscal señaló que la ley permite que se haga el juicio cuando haya una prueba nueva que demuestre que no sea necesario un juicio oral. “Debe haber una prueba clara para prevalecer sobre la que ya estaba”, explicó y puso como ejemplo el caso de dólar futuro, otro expediente en el que está imputada Cristina Kirchner.
En la segunda audiencia, y por escrito, la defensa de CFK y de sus hijos, a cargo de Carlos Beraldi, pidió que se confirme el sobreseimiento. “Las pruebas incorporadas a la causa corroboran, fuera de toda posible discusión y sin necesidad de llevar a cabo un juicio oral, que los hechos no satisfacen ninguna tipicidad penal. Por ello, el sobreseimiento dictado debe ser confirmado”, sostuvo la defensa.
Con las audiencias finalizadas, los jueces de Casación quedaron en condiciones de resolver. La ley establece que tienen 20 días hábiles para hacerlo. El plazo está dentro de lo que resta para el 2022. Pero dependiendo del tipo de causas puede extenderse y que se conozco el año que viene, que será de elecciones presidenciales.
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La expectativa está puesta en la fecha. Desde Casación se manejan con reserva, aunque todo indica que la decisión quedará para el año que viene.
Los mismos jueces tienen que tomar otra decisión similar sobre Cristina Kichner: si confirman el sobreseimiento o lo revocan y ordenan que vaya a juicio oral en la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán. También fue sobreseía por el tribunal oral sin que se haga el juicio y el fiscal Marcelo Colombo apeló a Casación.
No será la primera vez que los jueces Barroetaveña, Figueroa y Petrone resuelvan en causas de Cristina Kirchner. Fueron los que la sobreseyeron en dólar futuro y quienes avalaron la declaración de los arrepentido en el expediente por los cuadernos de la corrupción. Esa decisión fue con los votos de Barroetaveña y Petrone y la disidencia de Figueroa.
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