El Consejo de la Magistratura, el organismo creado con la reforma constitucional de 1994 que tiene como tarea el nombramiento y las sanciones de los jueces, y la administración del Poder Judicial, está en una situación de parálisis desde octubre de 2021. En diciembre de ese año, la Corte Suprema dictó un fallo que declaró la inconstitucionalidad de una ley del Congreso sancionada en 2006 que reducía los miembros del Consejo de 20 a 13. Entre las elecciones de los nuevos integrantes y autoridades, y teniendo en cuenta que 2023 es un año electoral, se estima que el Consejo recién volverá a funcionar en plenitud en 2024. La situación, obviamente, es de extrema preocupación.
En octubre del año pasado empezó a circular el rumor de un posible fallo de la Corte Suprema declarando la inconstitucionalidad de una ley de 2006 a través de la cual se reducían los integrantes del Consejo de 20 a 13, provocando una paralización por la expectativa de esa decisión. Finalmente el fallo salió el 16 de diciembre de ese año. Por unanimidad, los ministros otorgaron hasta el 14 de abril de 2022 para que se disponga “lo necesario para la integración del órgano”. Además decidieron “exhortar al Congreso de la Nación para que en un plazo razonable dicte una ley que organice el Consejo de la Magistratura de la Nación”. Los organismos que representan a abogados, jueces y académicos, tal es la conformación del Consejo, convocaron a elecciones para elegir a los nuevos miembros.
En abril de 2022, entonces, el Consejo quedó conformado. A los abogados, jueces y académicos se les sumó el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, como presidente del organismo. Pero aun conformado, el Consejo siguió paralizado los primeros meses. Y luego llegó la feria de invierno, estirando la inactividad un tiempo más. Se calcula que el Consejo volverá a funcionar no antes del año 2024, ya que los nuevos consejeros asumirán recién a fin de año y, pasada la feria de verano, comenzará oficialmente la carrera electoral, un factor de definitiva importancia para la actividad del Consejo, que necesita que sus miembros consensuen y se pongan de acuerdo para funcionar, algo que en pleno año electoral pareciera ser muy difícil.
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El escenario es desolador. Más de dos años de parálisis es una catástrofe para el Poder Judicial. Hay aproximadamente unos 980 jueces y juezas en todo el país, y hay 240 vacantes. En Rosario por ejemplo, donde el año pasado la Corte como cabeza del Poder Judicial prometió apoyo para los jueces de la ciudad, hay un 40% de vacantes.
Para graficar la inactividad del Consejo podemos recurrir a hacer un relevamiento de los plenarios de sus miembros. En el año 2019, durante la presidencia de Ricardo Recondo, se hicieron unos 15 plenarios; en 2020, con la presidencia de Alberto Lugones, hubo 18 plenarios. En ambos casos se aprobaron numerosos pliegos de jueces y múltiples decisiones administrativas. En 2021, ya con Rosatti como presidente del Consejo, se hizo un plenario en el que no hubo ningún acuerdo, y desde julio de este año no se realizan plenarios, con lo cual, no se toman decisiones. Esta circunstancia ha generado reclamos de todos los sectores.
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El oficialismo acusa a Rosatti al considerar que no quiere hacer plenarios para no aplicar el fallo de la Corte que llevaría a aprobar los concursos de la Cámara Federal que ya están terminados, y que por consecuencia provocarían el desplazamiento de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. La oposición, por su parte, lo acusa de no impulsar ninguna de las acusaciones en curso, y no generar consenso para lograr la aprobación de algunos pliegos de jueces que no sean relevantes. El argumento del actual presidente de la Corte y el Consejo, es que hubo elecciones durante todo el año, aunque en verdad eso es consecuencia del fallo que él mismo impulsó.
Las críticas a Rosatti, además, se basan en que desde que asumió la presidencia del Consejo no ha tomado ninguna decisión: las cuestiones importantes se adoptan en los bloques de oficialismo y oposición, que no se ponen de acuerdo en estos tiempos, y menos aún el año próximo.
Estos reclamos no son solo de los bloques del Consejo, sino del resto del Poder Judicial. Además de la paralización en los nombramientos de los jueces, hay muchas quejas acerca de la transparencia en los concursos. Uno de los más polémicos es el concurso de jueces para la Cámara de Casación Federal, donde hay acusaciones muy graves acerca de que se habrían dado a conocer en forma previa los exámenes. Otra de las críticas es que hay muchos jueces “protegidos” cuyas citaciones se postergan indefinidamente, generando que las acusaciones no avancen.
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Además, hay muchas críticas en relación a la administración del Poder Judicial, otra de las tareas del Consejo. Hay juzgados que no pueden pagar los alquileres, los edificios no están bien mantenidos, y a veces son los mismos empleados quienes deben comprar muchos de los insumos que necesitan para poder trabajar.
A esta situación preocupante se le suma la avanzada de la política contra el Poder Judicial que se detecta en los últimos tiempos, con acusaciones y declaraciones cruzadas en los medios, y proyectos de ampliación de la Corte, entre otras cosas. La última polémica se dio estos días a partir de las declaraciones del presidente Alberto Fernández contra el juez Leopoldo Bruglia.
El fallo de diciembre de 2021 y luego el de abril de 2022 habían generado una gran expectativa, pero el funcionamiento posterior del Consejo, lamentablemente, ha generado una gran desilusión.
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