Alberto Fernández retrocedió en su agenda internacional al decidir que Argentina no apoyará la vigencia de la comisión de las Naciones Unidas (ONU) que investiga las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Venezuela cometidas por el régimen de Nicolás Maduro. El Presidente hizo una concesión política exigida por el kirchnerismo que protege a Maduro y deteriora sus relaciones diplomática con Estados Unidos y la Unión Europea.
“Condena enérgicamente todas las vulneraciones y transgresiones del derecho internacional de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, algunas de las cuales, según la misión internacional independiente de determinación de los hechos, pueden constituir crímenes de lesa humanidad”, establece el artículo 1 del proyecto de Resolución que presentaron Estados Unidos, Canadá, Chile, Alemania y Francia, entre otros países, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Ese proyecto en su artículo 3 además “expresa profunda preocupación porque la continua erosión del estado de derecho, la inseguridad de la permanencia en los cargos, la falta de transparencia en el proceso de nombramiento de jueces y fiscales, la precariedad de las condiciones de trabajo y las injerencias políticas, incluido el reciente nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo que carecen de independencia, siguen socavando la independencia del sistema de justicia, contribuyen a la impunidad y a la persistencia de las violaciones y transgresiones delos derechos humanos, inciden en el acceso de las víctimas a la justicia y obstaculizan la celebración de elecciones libres y limpias”.
Y concluye en su artículo 4 con una descripción exacta de lo que está sucediendo en Venezuela: “Condena enérgicamente los actos generalizados de represión y persecución selectivas por motivos políticos, como el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, cometidos por las fuerzas de seguridad e inteligencia, así como la injerencia en la autonomía y la composición de diversos partidos políticos, y deplora las actuales restricciones del espacio cívico y democrático”.
La cancillería está fracturada en dos facciones que representan intereses distintos. Santiago Cafiero apuesta a una agenda multilateral y reconoce que América Latina pertenece al área de influencia de los Estados Unidos. Esa posición es respalda por Alberto Fernández, pese a sus críticas al papel que protagoniza la Casa Blanca en la guerra que enfrenta a Rusia con Ucrania.
Al otro lado de esta posición geopolítica, se ubica el vicecanciller Pablo Tettamanti, el Instituto Patria y los embajadores Oscar Laborde (Venezuela), Sabino Vaca Narvaja (China), Carlos Raimundi (OEA) y Eduardo Zuain (Rusia). Este bloque apoyado en silencio por Cristina Fernández de Kirchner operó para lograr que el Presidente reformule su posición respecto a las investigaciones que hace la ONU en Venezuela.
Hace pocas horas, el gobierno apoyó la designación de un relator especial para denunciar las violaciones a los derechos humanos que comete Putin en territorio de la Federación Rusa. Y el mismo día, tiempo más tarde, la Casa Rosada se abstendrá de respaldar la prorroga -por dos años- de la comisión de la ONU que ya presentó un informe con pruebas contundentes acerca de las restricciones a la libertad que existen en Venezuela.
“Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU en Venezuela, hace pocos días.
Este zigzag diplomático -causado por los conflictos internos de la administración peronista- desgasta la imagen internacional de Alberto Fernández y pone a la Argentina junto a la cuestionada agenda de derechos humanos de Venezuela, Rusia, Cuba y China.