El Gobierno nacional, a través de la secretaría de Derechos Humanos, presentó un habeas corpus para que la Ciudad de Buenos Aires retire la Policía presente en la puerta de los colegios tomados. Según el organismo encabezado por Horacio Pietragalla, los jóvenes no pueden ser imputados de ninguna contravención y se encuentran ejerciendo sus derechos. Asimismo, denunciaron “la presencia policial en la puerta de los establecimientos sólo persigue un efecto intimidatorio y amenazante”.
“Lo que se denuncia es la amenaza a la libertad personal que implica la presencia policial en la puerta de los establecimientos educativos cuyos estudiantes se encuentran en jornadas de protestas por diferentes reclamos no respondidos por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con las fotos, videos y la nota periodística que se acompañan, los policías -además de verificar quién ingresa y sale de los colegios- sacan fotos de los/as estudiantes, graban videos y les requieren información”, se afirmó en un fragmento de la presentación que realizó la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos, como consecuencia de “denuncias de padres y alumnos/as que ingresaron a través del Centro de Denuncias de Violencia Institucional y los hechos que son de público conocimiento”.
“La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no puede pasar por alto que los/as estudiantes son mayoritariamente menores de edad, que no pueden ser detenidos/as ni imputados por supuestas contravenciones. Por ello, la presencia policial en la puerta de los establecimientos sólo persigue un efecto intimidatorio y amenazante para que los/as estudiantes, legalmente organizados en los términos de las leyes nº 26.877 de la Nación y 137 de la CABA cesen con el ejercicio del derecho de petición a las autoridades”, se consideró en el escrito.
“Desde la Secretaría de Derechos Humanos asistimos e incentivamos constantemente a las y los jóvenes de los colegios secundarios a que se organicen en función de la ley nacional de centros de estudiantes. Evidentemente, así como nosotros queremos pibes y pibas organizados para exigir por sus derechos, el Gobierno de la Ciudad busca estudiantes sumisos que no se organicen y no reclamen por una educación mejor”, expresó en tanto Pietragalla.
Hasta el momento, 16 colegios de la Ciudad continúan tomados y, si bien algunas escuelas levantaron la medida de fuerza, el conflicto no tiene una fecha tentativa de finalización. Las escuelas que permanecen tomadas o con pernocte son: el Mariano Moreno, el Esnaola, la Osvaldo Pugliese, la Agustín Tosco, la Claudia Falcone, la García Lorca, la Escuela de Cerámica N° 1, la Rodolfo Walsh, la Julio Argentino Roca, el Lengüitas, el Nicolás Avellaneda, el Danzas N° 1, la de Teatro, el Yrurtia, el Liceo 5 y el Carlos Pellegrini.
El martes pasado el gobierno porteño informó que le pedirá a los padres de los estudiantes que tomaron el colegio Mariano Acosta 1.5 millones de pesos por día de ocupación del establecimiento. La ministra de Educación Soledad Acuña busca trasladar el costo de tener cerradas las escuelas y que sean las familias quienes afronten el pago del equivalente diario del salario de docentes y no docentes.
A su vez, la Justicia de la ciudad de Buenos Aires comenzó a investigar la toma de distintos colegios porteños que ocurrieron esta semana a instancias de una denuncia que presentó el Ministerio de Educación y la Procuración General. Para eso, la Policía de la ciudad se presentó en los domicilios de los padres de esos alumnos para notificarlos del inicio del expediente por violación al Código Contravencional.
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