A pocos días de un nuevo aniversario de la “Operación Primicia”, el ataque militar realizado por Montoneros sobre el Regimiento de Infantería de Monte 29 “Coronel Ignacio Warnes” de Formosa en 1975, un grupo de diputados de la oposición reclamaron al Gobierno que abonen las indemnizaciones a los familiares de los 12 jóvenes conscriptos muertos y un policía durante los enfrentamientos.
El pedido es impulsado por los legisladores de Juntos por el Cambio Alberto Asseff (PRO), Francisco Sánchez (PRO) y Pablo Torello (PRO), Gerardo Cipolini (UCR) junto a Victoria Villaruel (La Libertad Avanza), de la bancada que encabeza Javier Milei. Exigen que a través del Ministerio de Defensa se ejecute el DNU 2019-829 firmado por el entonces presidente Mauricio Macri al final de su mandato, que establecía el pago de una compensación económica para todas las personas que fallecieron o sufrieron lesiones graves en resistir al copamiento del cuartel.
“Si bien se trata de un DNU con fuerza de ley, hasta ahora el Poder Ejecutivo Nacional no ha realizado los actos tendientes a su cumplimiento mediante la reglamentación correspondiente”, aseguró Asseff en su presentación ante la Cámara de Diputados. “Que recordar y honrar a estos valientes hombres de la Patria -continuó- es una responsabilidad y obligación del Estado Nacional con la historia, con el presente y con el futuro de nuestro país; como así también ratificar nuestro compromiso con la República, la democracia y la negación de la violencia”.
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El hecho se produjo el domingo 5 de octubre de 1975, cuando un comando armado atacó el Regimiento “Coronel Ignacio Warnes” en un operativo de la guerrilla durante la vigencia del gobierno de María Estela Martínez de Perón. Las acciones se conocieron por su despliegue, que incluyó el secuestro del Vuelo 706 de Aerolíneas Argentinas y la toma del Aeropuerto “El Pucú”, en la capital formoseña.
La intrusión al cuartel militar de Formosa fue el primer ataque de Montoneros a un cuartel del Ejército, cuyo jefe ya era el general Jorge Videla. El objetivo del ataque era realizar una acción rápida para robar armamento, pero los conscriptos se opusieron.
La secuencia de la defensa del establecimiento militar quedó retratada la resistencia del joven Hermindo Luna, de 21 años, a quien los atacantes le exigieron que deponga las armas. “Rendite negro, que con vos no es la cosa!”, le gritaron. “¡Acá no se rinde nadie, mierda!”, respondió, antes de que le dispararan e hirieran de muerte. Los tiros alertaron al resto de los soldados.
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En el marco del copamiento, fallecieron en el cumplimiento un agente de la policía provincial y 12 integrantes de las fuerzas armadas: Neri Argentino Alegre; el teniente Post-Mortem Ricardo Eduardo Massaferro; el sargento Ayudante Post-Mortem Víctor Sanabria y los cabos Post-Mortem Antonio Ramón Arrieta; Heriberto Dávalos, José Mercedes Coronel, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Roberto Sosa, Marcelino Torales, Alberto Villalba y el mencionado Luna.
Entre los atacantes murieron nueve miembros del Ejército Montonero: Luis Roberto Mayol, Reinaldo Brigglier, Alfredo Juan Sebastián Hernández, Saúl Mario Kobrinsky, Jorge Alberto Livieres Banks, Luis Carlos Morero, Oscar Ramón Boero, José Daniel Graziano y Rubén Velázquez (desaparecido).
Después de producido el ataque, una patrulla del Ejército salió del cuartel y mataron a Felipe Ibáñez, Celso Pérez y Mamerto Cáceres, tres vecinos que no tenían nada que ver con el hecho. El lunes 6 de octubre se dieron a conocer los decretos 2770, 2771 y 2772 que creaba un Consejo de Seguridad Interior y se especificaba la orden de “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”, en todo el territorio argentino. El episodio inició el recorrido hacia el golpe militar de 24 de marzo 1976 y el terrorismo de Estado.
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En uno de sus últimos actos de gobierno, Mauricio Macri rindió homenaje a los conscriptos del regimiento de Infantería y sancionó el DNU que establece la indemnización para los familiares y herederos de los caídos. Antes hubo varios proyectos de ley para reconocer la tarea de los jóvenes “colimbas” que no prosperaron por vía legislativa.
Al argumentar el pago de la indemnización, Asseff recordó que el ataque contra el regimiento formoseño “fue perpetrado durante un gobierno constitucional, por ello la defensa del mismo por los ciudadanos bajo bandera debe ser considerado indefectiblemente como una defensa de las instituciones democráticas y del orden constitucional”.
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